viernes, 7 de febrero de 2014

La deuda o la vida. La UE y sus gobiernos contra los pueblos

1. La mayor mortalidad de la clase obrera, una constante en la sociedad capitalista.

07_sanidadDesmintiendo una vez más a los postmodernos de la “ciudadanía” o de la “nube de mosquitos”, la división de la sociedad en clases y la categoría lucha de clases son las que explican la esencia del funcionamiento social. Y lo hacen de la forma más dramática e incuestionable: mediante diferencias muy importantes en la mortalidad entre las clases sociales.
Una vez más las doctrinas judeocristianas yerran. Las personas no sólo no somos iguales, es la desigualdad lo que nos caracteriza y sobre todo a la hora de morir. La desigualdad social es el rasgo definitorio de la vida en el capitalismo y la muerte prematura en la clase obrera es su expresión más  dramática.
El ocultamiento de esta terrible destrucción de vitalidad humana, que el desarrollo científico técnico hubiera permitido desplegar y que se aniquila en aras de la producción de plus valor, es uno de los principales objetivos de la ideología dominante.
Por el contrario la comprensión de la forma en que el capital – trabajo muerto –destruye la vitalidad de los trabajadores y trabajadoras en la reproducción de las relaciones sociales de explotación y opresión, precisamente por su demoledora capacidad explicativa de la esencia del capitalismo, es un objetivo prioritario en la construcción de la conciencia de clase.
El nivel alcanzado por la lucha de clases en cada etapa histórica explica la hegemonía, bien de las teorías que explican los cambios de la mortalidad y la morbilidad como reflejo de la estructura social, o de las que intentan enmascararlos destacando el papel de los factores individuales, del “estilo de vida”, en la determinación de las formas particulares de enfermar y de morir.
A mediados del siglo XIX, en un contexto histórico marcado por grandes revoluciones populares en Europa, la Salud Pública dejaba los despachos y los hospitales, y salía a la calle. Al mismo tiempo que se publicaban trabajos memorables como “La situación de la clase obrera en Inglaterra” de Friedrich Engels, o cuando el naturalismo en literatura denunciaba  con crudeza las condiciones de vida de los oprimidos, destacados médicos microbiólogos o citopatólogos afirmaban con toda su autoridad científica que las condiciones sociales eran las causas esenciales de la enfermedad y la muerte. En consecuencia establecieron que ocultar la esencia social de la enfermedad, vinculada a la explotación laboral, a la miseria y a la angustia de las clases populares, y afirmar que los microbios – y demás factores biológicos – son el origen de las enfermedades es,  no sólo manipulación ideológica de las clases dominantes, sino desnaturalización del conocimiento científico. Y lo que es más importante, afirmaron  que sólo transformando la estructura social es posible intervenir eficazmente sobre los orígenes de la enfermedad.
A este respecto conserva toda su vigencia el informe escrito en 1848 por el insigne patólogo Rudolf Virchow, a petición del gobierno prusiano sobre una epidemia de tifus que diezmaba la población minera de la Silesia ocupada. Sus recomendaciones fueron, por este orden: que el medio millón de pobres tuviera completa e ilimitada democracia, educación, libertad y prosperidad, que los oprimidos de Silesia tuvieran derecho a comunicarse en su propia lengua polaca y a tener un gobierno elegido por ellos mismos, que se separara la Iglesia del Estado, que mejoraran la agricultura y las comunicaciones y que se crearan organizaciones económicas basadas en la cooperación. Cuando el gobierno le reprochó haber realizado un informe político y no médico, él respondió con su famosa frase: “La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran escala”[i]. Virchow fue uno entre muchos y la irrupción de ese discurso fue la consecuencia de la intensificación de las luchas sociales. Corroborando la afirmación de Walter Benjamín: “la clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico”, también en Medicina, el auge de la lucha de clases y la constitución de la clase obrera en sujeto político, revoluciona los conocimientos y recrea la producción social del saber.
Por el contrario, el hecho de que desde hace décadas prime la teoría de la responsabilidad del individuo y de sus “malos hábitos” de beber, fumar, alimentarse inadecuadamente o drogarse, como factores causales de las enfermedades es perfectamente coherente con la privatización en curso de los servicios públicos, y también, una demoledora derrota ideológica. Este discurso se centra en conceptos aparentemente inocentes como “estilos de vida” y se define como el conjunto de hábitos que el individuo adopta libremente y que supondrán, o no, prácticas nocivas para su salud. Los enfermos y con ellos, los y las pobres, tomados de uno en uno, son pues los únicos responsables de sus desgracias. Además de ocultar el enorme peso de los factores sociales en la causalidad de la enfermedad y la muerte, este tipo de ideologías – que impregnan hasta la saciedad los medios de comunicación – incorporan algo tan interesante para los poderes establecidos como la criminalización de la víctima[ii] hecho que se convierte, sobre todo en tiempos de crisis, en un poderoso mecanismo de control social.
La sobremortalidad de la clase obrera es una constante histórica que da cuenta – también en tiempos de bonanza económica – de la guerra oculta pero enormemente cruenta que desarrolla y cobra sus víctimas, aún en momentos de “paz social”. Al analizar el Informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS de 2009, con datos anteriores alestallido de la burbuja financiera, Vicente Navarro destaca numerosos datos que avalan que demuestran que la población de los barrios obreros en Europa y en EE.UU, tiene más de treinta años menos de esperanza de vida, que la de los barrios burgueses del mismo país[iii].  Pero es en las grandes crisis del capitalismo, y esta lleva camino de convertirse en la mayor de todas, cuando la desigualdad se muestra de forma más descarnada.
2. Las políticas del capitalismo en crisis disparan las desigualdades sociales.
La crisis estructural actual, sin final previsible, que está destruyendo millones de puestos de trabajo en un tiempo récord y arrasando conquistas laborales y sociales conseguidas en luchas seculares, está arrancando al capitalismo las máscaras de legitimación que cuidadosamente fue construyendo y que apuntalaron las teorías del “fin de la historia”, de la inexistencia de alternativas. Hoy, cuando el pueblo trabajador percibe con claridad creciente que algo muy parecido a la esclavitud es el único futuro que le reserva el capitalismo, a las clases dominantes les interesa más que nunca que los únicos datos que se utilicen para valorar la realidad sean los de la prima de riesgo, la Bolsa, el PIB, las ganancias de las empresas, la inflación o los fríos números del paro. Para que su ley y su orden sigan reinando, la aniquilación de seres humanos que su dominación comporta, debe permanecer oculta.
La constatación de que la crisis conlleva un incremento importante y perfectamente cuantificable de la mortalidad, puede llevar a la errónea conclusión de la existencia de una relación de causa-efecto entre la caída del PIB y el aumento de la Tasa de Mortalidad General. David Stuckler en su importante trabajo acerca de las privatizaciones masivas y el incremento de la mortalidad en países exsocialistas de Europa, constata el mismo fenómeno que ya se produjo cuando la Gran Depresión en 1929: una caída del PIB del 30%, se corresponde con un aumento de la mortalidad general de  un 20% y de la mortalidad por suicidio del 40%.
Caída del PIB (GDP en inglés) 30%, Tasa de Suicidio 40% y Tasa de Mortalidad General 20%.
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No obstante, como el autor citado destaca, no es tanto la crisis sino las políticas empleadas para enfrentarla las que determinan el impacto en la mortalidad en las poblaciones. Es llamativo que en la Cuba de los años inmediatamente posteriores a la extinción de la URSS, con una caída del PIB entre 1989 y 1993 del 34,8% y una pérdida de más del 80% del comercio exterior, continuara el descenso de la mortalidad infantil (11,1 por mil en 1989 y 10.2 por mil en 1992) y aumentara ligeramente la esperanza de vida en el mismo periodo.
Stuckler demuestra cómo entre los mismos países de la ex URSS se produjeron diferencias muy importantes en la evolución de la Tasa de Mortalidad por Tuberculosis en función de si siguieron o no los planes de ajuste del FMI[iv]. Entre los primeros se incluyen la mayor parte de los países del bloque del Este, incluida Rusia. El segundo bloque encontramos a países que el imperialismo estadounidense y los medios de comunicación suelen calificar como del “eje del mal”, como Bielorrusia, comenzaron las privatizaciones pero las suspendieron e incluso las revirtieron a manos públicas cuando sus gobernantes observaron los terribles estragos que estas desencadenaban, no sólo en la esfera productiva, sino sobre todo en el sistema de protección social.
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Se repitió exactamente el mismo guión de las políticas impuestas por el FMI y el BM en América Latina y en África y que tuvieron como consecuencia un empeoramiento sustancial del estado de salud de sus poblaciones. En países en los que la Tasa de Mortalidad Infantil había disminuido en torno a un 25% entre 1960 y 1980, aumentó – coincidiendo con la aplicación de políticas de ajuste entre 1980 y 1985 – el 26,5% en Mali o el 53% en Madagascar[v].
A pesar del escaso tiempo transcurrido y de que los datos más recientes reflejados en la gráfica que se reproduce a continuación[vi] son de 2010, la evolución de la mortalidad infantil en Grecia en los últimos años refleja su importante disminución entre 1993 y 2008 y su brusco aumento en relación con el promedio europeo a partir de esa fecha. Los datos dan cuenta, no tanto de la crisis, sino de la eliminación de las redes de protección social que hubieran podido amortiguar su impacto entre los sectores más pobres de la población.
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3. La mayor mortalidad de la población pobre no es un “daño colateral” sino un objetivo.
Cada vez está más claro que, junto a la destrucción y concentración de capital, las políticas de los gobiernos persiguen la destrucción de los sectores sociales que el capital no necesita como mano de obra y que considera un lastre porque consumen grandes recursos: personas mayores pobres, paradas pobres y enfermas crónicas pobres. Hay datos suficientes para afirmar que, a diferencia de lo que los gobiernos declaran, la eliminación física de estos grupos sociales constituye un objetivo y no una  consecuencia “no deseada”, pero “inevitable” de sus políticas.
La evolución de la mortalidad infantil en Grecia en los últimos años refleja su importante disminución entre 1993 y 2008 y su brusco aumento en relación con el promedio europeo a partir de esa fecha
Se ha demostrado hasta la saciedad que la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de las personas inmigrantes “sin papeles” no tiene sentido desde el punto de vista económico, además de ser una inmoralidad y un crimen. Es evidente que dejar las urgencias hospitalarias como única opción, retrasa el diagnóstico de enfermedades graves y encarece los tratamientos al ofrecer el ingreso como exclusivo recurso. En realidad lo que se consigue es comprometer gravemente la salud y la vida de estas personas que llegan a los servicios sanitarios demasiado tarde.
A pesar de que estas políticas ofrecen carnaza electoral a los sectores de extrema derecha, el racismo y la xenofobia que implican, apenas ocultan que las personas inmigrantes sin papeles son simplemente las primeras en ser excluidas (en torno a 900.000 personas), a los que se irán incorporando en cascada las capas con menos recursos de la clase obrera.
La Ley de Presupuestos para 2014[vii] anula, desde el pasado 1 de enero, el derecho a la asistencia  sanitaria a las personas mayores de 26 años, sin trabajo, que hayan agotado las prestaciones y subsidios por desempleo y que pasen más de 90 días en el extranjero. Dado el creciente número de personas, la mayor parte jóvenes, que se ven obligadas a emigrar en busca de empleo – se calcula que 2013 salieron 600.000 personas y en que 2012 lo hicieron 476.000 – la repercusión de esta medida puede ser muy importante.
La finalidad central del  Real Decreto 16/2012, llamado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” es la introducción del concepto de “asegurado” (artº1)[viii]  para definir quienes tiene derecho a la asistencia sanitaria. El término“asegurado” está  fuera de lugar en un sistema sanitario financiado exclusivamente a través de transferencias del Estado a las CC.AA. a partir de los impuestos, en su mayor parte indirectos que pagamos todas las personas, incluidas las “sin papeles”. El criterio sirve al objetivo de ir sumando requisitos e ir expulsando a los sectores con  menos recursos del acceso a la sanidad pública.
La Ministra de Sanidad al intentar justificar la introducción del repago para las personas pensionistas, lo explicó con claridad meridiana: “el objetivo no es recaudatorio, sino disuasorio[ix]. Es decir, los 8,14 euros al mes que deben pagar los pensionistas por los medicamentos no incrementarán de forma sustancial los ingresos de las arcas públicas, sino que se espera que los pensionistas más pobres, para quienes esa cantidad sea relativamente importante, no adquieran sus fármacos y desistan de ir al médico. Un estudio realizado en la Comunidad de Madrid concluye que cerca del 17% de las personas pensionistas han renunciado, desde la introducción del repago, a adquirir algún medicamento y que el hecho “es significativamente superior en las rentas más bajas”, ya que el 27,29 % de los que tenían una renta inferior a 400 euros mensuales no retiraron de la farmacia los medicamentos prescritos[x]. Calificar ese objetivo de “racionalización del consumo de medicamentos”, cuando – como es obvio – la prescripción la realiza el facultativo y no el paciente, y cuando sus consecuencias afectan especialmente a la población más pobre, es un acto de cinismo difícil de igualar y corrobora los auténticos  objetivos –liquidadores – de estas políticas.
Por si fuera poco, tras haber eliminado el Gobierno  la actualización del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC y haberlas subido un mísero 0,25% (recordemos la subida de la luz), se acaba de aumentar el tope máximo que las personas pensionistas deben abonar por los medicamentos un 1,47%, seis veces más de lo que se han incrementado las pensiones.
La última medida más grave relacionada con los medicamentos es obligar al pago de un % de los medicamentos de uso hospitalario[xi] , (un 10% de su coste y hasta un tope de 4,20 euros por envase) hasta ahora gratuitos porque se usaban de forma controlada y exclusivamente para enfermedades crónicas graves, como el cáncer, entre otras. La denuncia de que la medida, que no prevé exclusión alguna en función de la situación de desempleo, pensionista, bajos ingresos o discapacidad[xii],  equivale a una condena a muerte para las personas enfermas pobres ha sido generalizada por parte de sociedades científicas y asociaciones de pacientes[xiii].
Junto a la destrucción y concentración de capital, las políticas de los gobiernos persiguen la destrucción de los sectores sociales que el capital no necesita como mano de obra y que considera un lastre porque consumen grandes recursos: personas mayores pobres, paradas pobres y enfermas crónicas pobres
Para su desgracia, Grecia marca el camino. El Ministro de sanidad Loverdos envió una circular unos días antes de las elecciones de mayo de 2012 que establecía que no se prestará atención médica ni hospitalaria gratuita a los inmigrantes sin papeles, a excepción de casos urgentes en los que peligran sus vidas, personas contaminadas con el virus del SIDA o con otras enfermedades infecciosas que requieran tratamiento, en cuyo caso la estancia gratuita en el hospital durará sólo hasta que se estabilice la situación de la persona ingresada. De las personas paradas, griegas o inmigrantes, quedan excluidas de la asistencia sanitaria todas aquellas menores de 55 años que no hayan estado inscritos en la oficina del paro durante al menos doce meses y hayan cotizado 600 jornadas laborales, con un aumento de 100 jornadas por cada año para las mayores de 30 años. En el caso de las paradas de más de 55 años, el requisito es que hayan estado doce meses al menos inscritos en el paro y  hayan cotizado tres mil jornadas. Cerca de la mitad del millón doscientas mil personas desempleadas no tienen asistencia sanitaria. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, “el sistema simplemente hace caso omiso de ella, afirmaba el Dr. Syrigos. “No puede acceder a la quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos[xiv].
4. El cebo envenenado de la vuelta al Estado del Bienestar
Hoy, menos que en ninguna otra época, el conocimiento de la realidad  es un lujo académico o cultural y su diagnóstico preciso responde a la necesidad perentoria de transformarlo. El rigor en el análisis de la crisis actual del capitalismo es requisito indispensable para asegurar que el tratamiento a seguir por la clase obrera para enfrentarla, en una lucha que es a vida o muerte, es el adecuado.
El relato de las causas de la crisis que ha impuesto la ideología dominante es aproximadamente el siguiente: se inicia con la quiebra de Lehman Brothers en 2008, continúa con el estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera y la correspondiente destrucción de empleo, generándose una enorme deuda pública y privada que hay que pagar mediante recortes en el gasto en servicios públicos.
La llamada izquierda institucional, política y sindical, añade que son precisamente las políticas de austeridad las que están contribuyendo decisivamente a perpetuar una crisis que se resolvería con políticas de gasto público elevado, que nos colocarían en la senda de la vuelta al “Estado del Bienestar”. Nada dicen en torno a una pregunta clave: ¿se debería haber dejado de inyectar dinero público a la banca privada para evitar su crisis?. Esa pregunta se le hizo al diputado de IU Alberto Garzón en un reciente programa televisivo y su respuesta fue que habría que haberse diseñado “un tipo de rescate distinto”[xv]
El paraíso perdido del “bienestar” se concretaría en el “Modelo social europeo” y en los “aspectos progresistas” de la Constitución Española”. Este discurso es el que estructura el Manifiesto de la “Cumbre Social”[xvi]organismo creado en el verano de 2012 por PSOE, IU, CC.OO. y UGT y que congrega a varias decenas de organizaciones satélites.
La conclusión lógica es que el obstáculo para el “bienestar” es el gobierno de derechas y cavernícola del PP, que nos está llevando al desastre. La solución propuesta es bien sencilla: aprovechar las movilizaciones que expresan el profundo malestar social en amplios sectores populares para exigir la dimisión del gobierno y una nueva convocatoria de elecciones en las que el pueblo votaría en masa al PSOE y a IU, cuyo gobierno pondría fin a tanto desastre.
Las cosas distan mucho de ser así.
La naturaleza de la crisis actual, así como sus principales actores políticos, nada tienen que ver con el discurso propuesto por PSOE e IU, CC.OO y UGT. La crisis del capitalismo es general, no sólo económica o financiera y, teniendo su epicentro de la UE y en EE.UU. afecta todas las economías del planeta, como bien ha demostrado, entre otros, Jorge Beinstein[xvii] . La inyección de dinero público que preconizan como alternativa, ha sido realizada por EE.UU.[xviii] o Japón[xix] y ha producido un crecimiento económico directamente proporcional a su cuantía y se ha agotado rápidamente sin desencadenar ningún proceso de reactivación.
La crisis no empezó en 2007 y ni mucho menos ha tocado fondo. Un reciente informe del FMI, titulado “Crisis financiera y deuda soberana: lecciones aprendidas del pasado y lo que hemos olvidado[xx] se afirma que ésta es “la mayor situación de endeudamiento de los países occidentales en los últimos 200años”. Las propuestas que hace las sustenta en la demostración de que se ha llegado al límite: “cuando el sistema financiero ha desvelado toda su podredumbre y malas prácticas (corrupción, manipulación de las tasas interbancarias, generación de créditos sin base, sobresueldos, etc) no queda más que resetear todo el sistema y evitar que la economía siga su desplome. El informe define como meras medidas cosméticas, absolutamente insuficientes, los recortes y reestructuraciones llevados a cabo hasta ahora por los países de la UE. Se ha beneficiado la banca alemana, pero ella es la más apalancada del mundo, mientras los planes de austeridad no hacen más que posponer y ampliar los problemas.
Según informa Marco Antonio Moreno al analizar el citado Informe, sus propuestas no son precisamente recuperar el Estado del Bienestar, sino las mismas que el FMI imponía a los “países del tercer Mundo”: condonación de la deuda por parte de los acreedores, confiscación de depósitos, controles de capital en el interior de la zona euro, otros mecanismos de represión financiera y una mayor inflación para licuar los saldos de deuda. “Esta crisis demuestra que lo gloriosos años del capitalismo fueron un fraude. Todo el llamado crecimiento fue vía deuda y no hubo crecimiento real que garantizara el futuro. La ilusión se ha diluido y sólo queda el auténtico cáncer de la crisis. Una crisis que se sigue expandiendo y dando cuenta de que aún quedan muchos días difíciles por venir[xxi]
La “vuelta del Estado del Bienestar”, es un concepto preñado de ideología burguesa que remite al mito de lo estático, de una situación de felicidad general y permanente que nunca existió. Si hubo una etapa histórica en la que existieron servicios públicos universales en una pequeña parte de los Estados capitalistas más industrializados fue porque la correlación de fuerzas posterior a la II Guerra Mundial – marcada por la existencia de la URSS y por una clase obrera potente que había derrotado al fascismo con las armas en la mano – fue favorable a los trabajadores y trabajadoras.
El “bienestar” que el capitalismo permitió  a la clase obrera del “primer mundo” fue, sobre todo,  a costa del incremento de la explotación de los pueblos de su periferia. Por otra parte, El Pacto Social que la izquierda institucional, política y sindical brindó al capitalismo, renunciando a todo planteamiento de cuestionamiento de su estructura de poder fue el origen del soborno y la corrupción de sus burocracias sindicales y políticas,  causas esenciales del enorme debilitamiento de la clase obrera que ha permitido que la barbarie capitalista que hoy se abate sobre nosotros no cuente con la fuerza necesaria para enfrentarla.
Finalmente, la construcción de los grandes servicios públicos correspondió a una etapa histórica concreta en la que el desarrollo capitalista necesitaba ingentes cantidades de mano de obra y una fuerza de trabajo para la que necesitaba formación y que necesitaba potentes servicios de salud para reintegrarla cuanto antes a la producción.
Es exactamente la situación contraria a la que vivimos hoy. El capitalismo en crisis necesita destruir capital en grandes proporciones y debe prescindir masivamente de los sectores de la clase obrera que no necesita para la producción.
En el Estado español, el entramado de poderes empresariales, bancarios, políticos y sindicales que accedió a – o se benefició de – la gestión del capitalismo de la mano del PSOE, disputa a cara de perro parcelas concretas de poder a los ex franquistas (hoy en el PP).  No hay entre ellos diferencias relevantes en cuanto a las propuestas políticas. De esta agria pelea es expresión el afloramiento continuo de graves casos de corrupción – que se arrojan a la cara en una escalada caracterizada por el “y tú más” en medio de una gravísima crisis sistémica que amenaza por afectar a los propios equilibrios dentro del bloque dominante recompuesto tras la Transición.
Tanto la reivindicación del “modelo social europeo” como de los “aspectos sociales” de la Constitución, son engañifas destinadas a preservar – ante unos pueblos progresivamente esquilmados en sus derechos – las instituciones básicas del capitalismo europeo y español que han servido para legitimar una Transición que perpetuó el poder de las clases dominantes herederas de la Dictadura y de los nuevos ricos de la “democracia” de la mano del PSOE y del PP. Por eso, aspirar a reformar la UE no es menos irreal que aspirar a reformar la OTAN y, a despecho de IU (e incluso de una parte de la izquierda extraparlamentaria), el primer paso que, de alcanzar el poder, habría de dar todo proyecto mínimamente transformador sería el inmediato abandono  de la Unión Europea y del euro.
Lo que el citado Manifiesto pone en evidencia una vez más, junto al Pacto Social, mil veces reeditado, sobre la base de la primacía de la aceptación de los pilares del sistema capitalista y de la competitividad como instrumento supremo para generar riqueza y crear puestos de trabajo, es la impagable – para el capital – función de este tipo de organizaciones para legitimar el orden establecido y evitar que la clase obrera y los pueblos descubran el expolio a que se les somete y actúen en consecuencia[xxii].
La construcción del poder del pueblo necesariamente debe edificarse sobre la independencia de clase y para ello es imprescindible desenmascarar el impagable papel – aunque se suela remunerar bien –  de la supuesta izquierda política y sindical en la legitimación del sistema. En momentos de gran crispación social y en los que el capitalismo no tiene respuesta alguna a la desesperación de millones de personas, es absolutamente crucial para las clases dominantes que las esperanzas populares se depositen en la alternancia en el gobierno de partidos de la izquierda que no cuestionan ninguno de sus pilares fundamentales, ni el entramado de poderes que estructuró la Transición, ni el imperialismo de la UE, ni mucho menos el sometimiento a EE.UU. a través de la OTAN.
Erigir un discurso como el de la “vuelta al Estado del Bienestar”,  es una imposibilidad absoluta,  hoy más que nunca, negada por la Reforma Constitucional de agosto de 2011, por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (TSCG) y por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera[xxiii], votados no sólo por el PP, sino por el PSOE – aliado imprescindible de un hipotético gobierno “de izquierdas” y las derechas nacionalistas.
5. La Reforma Constitucional del artículo 135, el TSCG y la Ley Orgánica 2/2012.
En agosto de 2011 el Gobierno del PSOE, llevó al Parlamento una propuesta de Reforma Constitucional, anunciada una semana antes, no ya sin Referéndum, sino sin debate social alguno, y que tuvo consecuencias semejantes a un Golpe de Estado. Con el voto de su Grupo Parlamentario, el del PP y el de UPN se reformó el artículo 135 de la Constitución que establece que: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta[xxiv]. Además exige a todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social) someter su déficit estructural y su deuda pública a los límites fijados por la UE.
La deuda pública que a finales de 2007 equivalía al 36,3% del PIB, se situaba a finales de 2013 cerca del 100% del PIB, 954.893  millones de euros. Como es bien sabido, semejante desastre ha sido el resultado de transferir a las arcas públicas el pago de los cerca de doscientos mil millones de euros entregados a la banca privada, principalmente, pero también a empresas inmobiliarias, del automóvil, constructoras de autopistas, de aeropuertos fantasma, etc.
El pago anual que el Estado realiza en concepto de intereses más la devolución de capital se sitúa cerca del 50% del total del gasto consignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y es lo que el nuevo artículo 135 considera “prioridad absoluta”.
Curiosamente el verdadero origen de la supuesta voluntad “soberana” de la exigua mayoría parlamentaria que vota la Reforma (¡qué vergüenza produce escucharles aludir al “amplio consenso constitucional de la Transición” cuando se trata de reconocer el Derecho de Autodeterminación de los pueblos!) es un Tratado europeo que vería la luz ¡siete meses después!.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (TSCG)[xxv], de 2 de marzo de 2012, obliga a los estados miembros de la UE cuya moneda es el euro a introducir la “regla del equilibrio presupuestario”, incluidas medidas correctoras “automáticas y permanentes” en caso de incumplimiento, y las correspondientes multas coercitivas al Estado miembro que incumpliere alguno de sus preceptos. El Tratado establece también: “la obligación de las Partes Contratantes de transponer la «regla de equilibrio presupuestario» en sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango constitucional”.
Teniendo en cuenta que el TSCG es del 2 marzo de 2012, es evidente que la Reforma Constitucional plasmó con siete meses de antelación, y en el marco legal más alto, una obligación que aún no había contraído. El TSCG fue ratificado por el congreso de los Diputados el 21 de junio de 2012, con el voto  de PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UpyD.
Pero faltaba la Ley que concretara, tanto el nuevo artículo 135 de la CE, como el TSCG.
El Consejo de Ministros aprobó el 2 de marzo de 2012, el mismo día en el que se publicó el TSCG, del que supuestamente emanaba, el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley 2/2012).
La Ley 2/ 2012[xxvi], aprobada en trámite de urgencia, tuvo el voto de PP, CiU, UPyD, Foro y UPN, en total 192 votos, superando apenas la mayoría absoluta de los diputados, requerida por su carácter de Ley Orgánica. El PSOE, a pesar de haber promovido desde el Gobierno la Reforma Constitucional y que votaría dos meses después a favor del TSCG, votó en contra de la Ley porque defendía que el tope máximo del déficit estructural fuese del 0,4% del PIB, frente al 0% que finalmente se aprobó.
La Ley 2/2012 establece la obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas de que el llamado déficit estructural (sustancialmente el gasto en servicios públicos) sea igual a cero o tenga superávit en 2020, y de que el nivel de deuda pública en esa fecha no sea superior al 60% del PIB, situación que deberá ser mantenida a perpetuidad.
Conseguir un déficit estructural cero o el superávit en una situación marcada por la caída progresiva y de gran envergadura de los ingresos de las administraciones a todos los niveles, por un lado como consecuencia de la caída sin final previsible de la actividad económica, y por el otro, y sobre todo, porque no hay la menor voluntad política de actuar, ni contra la evasión de capitales, ni contra el fraude fiscal, ni mucho menos de incrementar la tributación de grandes fortunas y empresas, equivale a desmantelar totalmente el empleo y los servicios públicos y a reducir drásticamente las pensiones. Solamente la reducción de la deuda pública al 60% equivale a disminuir el gasto en cerca de 400.000 millones de euros en 2020.
Por si hubiera alguna posibilidad de que la situación económica mejorara, y con ella los ingresos de las administraciones públicas,  la Ley establece que dichos ingresos no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que “se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública” (Artº 12.5).
La Ley desarrolla un rosario detallado de medidas “correctivas” y “coercitivas” para asegurar el cumplimiento de las medidas de ahorro en los plazos previstos, mediante mecanismos tales como la anulación de la disponibilidad de créditos o la imposición de multas equivalentes al 0,2% del PIB del término municipal o autonómico de la administración correspondiente.
En el caso de que un gobierno autonómico persista en anteponer los intereses de la ciudadanía al orden establecido, es decir, al incumplimiento del objetivo de reducción del déficit estructural o de la deuda pública, el Estado podrá intervenir la Comunidad Autónoma.
En el caso de rebeldía de los gobiernos municipales “podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora…” (Art. 26.3). Se aplicaría el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, que fue concebido como legislación antiterrorista para disolver los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale y que ahora se aplica a los gobiernos municipales que incumplan los mandatos del gran capital, encarnados en la UE y establecidos en el TSCG.
Finalmente, por si cupiera alguna duda, la Disposición Final primera señala como única fuente de competencias para esta Ley, el artículo 135 de la Constitución. La Disposición Adicional tercera regula la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las normas, actos o resoluciones “de cualquier órgano de las CC.AA. [con o sin fuerza de Ley] que vulneren los principios establecidos en el artículo 135 de la Constitución y desarrollados en la presente Ley”.
6. La deuda o la vida [xxvii]
Cuando Lenin explica que empiezan a darse condiciones revolucionarias cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como lo hacían y que esas situaciones aparecen con fuerza en las grandes crisis económicas del capitalismo, sabía lo que decía.
La pérdida de rentabilidad del capital y la correspondiente lucha feroz por los beneficios lleva a la burguesía a arrancarse la máscara de la más elemental democracia, atropellando incluso su propia Constitución.
La burguesía acomete una gigantesca destrucción de capital –que no ha hecho más que empezar y que está generando un monumental ejército de reserva de desempleados y desempleadas – y ha decidido prescindir de los gastos de reproducción de una fuerza de trabajo que no necesita y que – cuando sucumba – puede ser fácilmente sustituida.
La calificación de Golpe de Estado aplicada a la Reforma Constitucional del artículo 135 está plenamente justificada por cuanto, por sí misma invalida el artículo 1 de la Constitución que establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” y el 2 que dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo Español”. Más allá de la denuncia de la ausencia de reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, es evidente que no ya ninguno de los pueblos del Estado español, ni tan siquiera quienes ostentan poderes en las administraciones públicas por elección directa, como es el caso de los Ayuntamientos, o en representación de mayorías parlamentarias como los Gobiernos de las CC.AA. o del Estado, carecen de capacidad alguna para decidir la forma en que se gasta el dinero público, que a su vez proviene – casi en exclusiva – de las y los trabajadores.
El hecho de que la Reforma Constitucional se produjera en una semana (se anunció el 23 de agosto y se votó el 30) sin Referéndum, mediante una simple votación parlamentaria, en plenas vacaciones, mediante un Pleno Extraordinario del Congreso y con el apoyo sólo de PP, PSOE y UPN, da cuenta, en las formas, del auténtico quebrantamiento constitucional perpetrado.
Cualquier atisbo de legitimidad democrática que pudiera quedarle a la Constitución de 1978 queda aniquilado. No obstante, todo sigue atado y bien atado: la suma de los diputados que se opusieron a la reforma es inferior a 50, número mínimo requerido para presentar Recurso de Inconstitucionalidad.
Y no sólo eso, ni los sindicatos mayoritarios, ni los partidos de la izquierda institucional, que votaron en contra, han explicado la enorme trascendencia de esta Ley 2/2012, que desarrolla el artículo 135 y el TSCG, a una población inquieta y movilizada. Mucho menos han movilizado a las trabajadoras y trabajadores contra la Ley y contra la ratificación parlamentaria del TSCG, al contrario de lo ocurrido en Francia con decenas de miles de manifestantes[xxviii] o en otros países de la UE.
La desvergüenza y la hipocresía de seguir denunciando “los recortes del PP” sin apuntar a las manos que mecen la cuna, las del PSOE, apenas ocultan su doble función: evitar que los pueblos se enfrenten al sistema capitalista y a los partidos políticos que lo sostienen y abonar el terreno con el objetivo de “todos contra el PP” esperando una vuelta, no ya al Estado del Bienestar – que saben mejor que nadie que es imposible – sino del gobierno de los amigos, más generosos en subvenciones.
La posición de IU, que votó en contra de las tres normas, es exactamente la misma de otras veces, por ejemplo con la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión[xxix] en sanidad. Votó en contra, pero como su estrategia está centrada en intentar gobernar con el PSOE como sea, no desarrolla campaña sostenida alguna de movilización – más allá de declaraciones puntuales que se olvidan al día siguiente – para no dejar en evidencia al aliado.
Es decir, la izquierda travestida, trata de impedir la segunda condición que establecía Lenin para que se dé una situación revolucionaria, que los de abajo ya no acepten ser dominados como antes. Y para ello es preciso que la conciencia difusa del expolio a que nos someten – que es ya mayoritaria – se concrete en propuestas de combate que permitan acumular fuerzas.
Sólo la organización y la lucha, condiciones indispensables para que se extiendan la información y la conciencia, pueden denunciar eficazmente en la plaza pública el escarnio de que esta Ley se justifique para “el crecimiento y la creación de empleo, asegurar el bienestar y ofrecer un futuro más próspero, justo y solidario”, cuando el conjunto de la norma va dirigida a estrangular el gasto de las administraciones en servicios públicos.
Sólo la fuerza organizada del pueblo trabajador puede hacer añicos la argumentación de que el deterioro de las finanzas públicas por la vía de la reducción de ingresos, desde 2008 y a consecuencia de la crisis, “agotó rápidamente los márgenes de maniobra de la política fiscal, obligando ahora a practicar un fuerte ajuste”. Para justificarlo se dice en el preámbulo de la Ley que “no hay margen para cambios en la política fiscal”, en uno de los estados de la UE con mayor fraude fiscal identificado, que alcanzó en 2012 el 6% del PIB, y del que las grandes empresas concentran el 72% y al que hay añadir el correspondiente a la economía sumergida, que alcanza el 25% del PIB. La evasión de capitales hacia paraísos fiscales, protagonizada por las grandes fortunas encabezadas por la familia real y por las grandes empresas se calcula que supera al PIB: más de un billón de euros.
La lucha por no pagar su deuda, por explicar que es imposible cualquier mejora en las condiciones de vida y de trabajo que no pase por salir del euro y de la UE tiene en el combate contra esta Ley y, contra el TSCG, como señala Aurora Despierta en un reciente artículo[xxx] un instrumento de lucha privilegiado que permite a los diferentes movimientos sectoriales un objetivo común.
Al mismo tiempo la exigencia de derogación del Tratado y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permite establecer una línea de demarcación clara entre la izquierda y la derecha, independientemente del nombre de las siglas. Más aún, esa denuncia debe explicar con claridad la inutilidad de votar a cualquier opción política que no plantee claramente el no pago de la deuda y la consecuente salida de la Unión Monetaria y de la UE; porque dentro no hay margen de maniobra alguno y porque las medidas previstas en la Ley 2/2012 van destinadas a eliminar a cualquier fuerza política que cometa el “delito” de priorizar las políticas sociales por encima de cualquier otra partida de gasto.
Estas tres normas muestran con nitidez cuál es la política del capital y la de sus gobiernos, y la que pretende ocultar la izquierda pactista. Sin embargo sabemos que la aplicación práctica de las leyes, así como las sentencias de los tribunales, dependen de algo tan dinámico como la correlación de fuerzas, en definitiva de la lucha de clases.
La lucha contra ambas normas y la intensificación del combate contra la Constitución de 1978 permite arrancar la máscara de capitalismo humanizado de la UE  mostrando su feroz rostro imperialista y desvela la gran estafa de la consigna de “la vuelta del Estado de Bienestar”.
La consigna de No al pago de la Deuda, y la consiguiente salida del euro y de la UE, debe impregnar todas y cada una de las luchas obreras y populares, demostrando que es condición imprescindible para cualquier otra reivindicación de trabajo, derechos o servicios públicos.  Sólo ella es capaz de ser el pilar sobre el que se erija la construcción del poder del pueblo y de sustentar una nueva correlación de fuerzas que enfrente desde la propiedad pública de la riqueza, la construcción de una sociedad a medida de los seres humanos, el socialismo.
No pagar la Deuda y salir del “euro” no es un problema de técnica económica, es un asunto esencialmente político, como señala Costas Lapavitsas, que además requiere utilizar un arma imprescindible para enfrentar esta ataque sin precedente: el internacionalismo. Un internacionalismo como el que definía Manuel Sacristán, cuyas palabras ante una pregunta sobre la “nacionalización de la política” y la crisis “definitiva” del marxismo, nos recuerda Lapavitsas: “El internacionalismo es uno de los valores más dignos y buenos para la especie humana con que cuenta la tradición marxista. Lo que pasa es que el internacionalismo no se puede practicar de verdad más que sobre la base de otro viejo principio socialista, que es el de la autodeterminación de los pueblos… Todo lo demás que dice usted en esta pregunta es pura moda neorromántica irracionalista, efecto de la perdida de las esperanzas revolucionarias”[xxxi]

Ángeles Maestro. Médica. Red Roja

* Artículo escrito para la revista Laberinto
NOTAS
[i] Virchow, R. Die Medizinische Reform, 2. In H. E. Sigerist, Medicine and Human Welfare, 93, 1941.
[ii] Este concepto, denunciado como fundamento de posiciones racistas y xenófobas y conocido como “victim blaming”, ha sido analizado por diversos autores por su papel legitimador de la ideología de la privatización de la sanidad y la consecuente desaparición de la salud pública – y con ella, de las políticas de intervención sobre los determinantes sociales de la salud y la enfermedad -como elementos estructurantes del funcionamiento de los servicios sanitarios. Véase Huertas, R. (1999). Neoliberalismo y políticas de salud. El Viejo Topo. Fundación de Investigaciones Marxistas
[iv] Stuckler, D, King, L. M. McKee (2009) Mass privatisation and the postcommunist mortality crisis: a cross-national análisis. The Lancet, Volume 373, Issue 9661, pages 399 – 407.
[viii] Al artº 1 del RD 16/2012 modifica la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, introduciendo un nuevo artº 3 que define la condición de asegurado y enumerarequisitos necesarios para su reconocimiento.http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
[xi] La Resolución de la Dirección General de Farmacia debía haber entrado en vigor el 1 de octubre de 2013, aunque hasta la fecha ninguna Comunidad Autónoma la ha aplicado. http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9709.pdf
[xvi] http://www.ceapa.es/web/guest/contenido-portada/-/asset_publisher/eR4t/content/manifiesto-en-defensa-del-estado-de-bienestar-y-los-servicios-publicos?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
[xxii] Dos recientes documentos de reciente publicación abundan en los mismos planteamientos.Uno de ellos de Red Rojahttp://redroja.net/index.php/comunicados/831-el-mito-de-la-vuelta-al-estado-del-bienestar-otro-capitalismo-es-imposible y otro de Manuel Navarrete en la Revista Laberinto, “No hay alternativas. Otro capitalismo es imposible”.
[xxiii] El PSOE no votó la Ley 2/2012, con el pírrico argumento de que el tope de défcit estructural fuese del 0,4% del PIB y no el 0% que finalmente se aprobó.
[xxvii] Gran parte de las valoraciones que aquí se realizan proceden del único análisis publicado por una organización de izquierdas: http://redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos
[xxix] Maestro, Ángeles (2013). Crisis capitalista y privatización de la sanidad. Editorial Cisma. En este libro se recogen numerosos aspectos de la Ley 15/97 de Nuevas formas de Gestión, votada en el Parlamente por PP, PSOE, PNV, CiU y CC y  pilar normativo clave de la privatización de la sanidad. http://marxismocritico.com/2013/09/16/crisis-capitalista-y-privatizacion-de-la-sanidad/
[xxxi] Reseña del libro de Costas Lapavitsas “Crisis en la eurozona” realizada por Salvador López Arnal.http://www.rebelion.org/noticias/2014/1/179006.pdf

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