Cuando no habíamos
terminado de digerir que algunos dirigentes políticos, empresariales y
sindicales han utilizado el poder que les dimos para expoliar las cajas de
ahorros, nos estalla en la cara la bomba del Ébola: en un país que se agarra al
turismo para mantenerse a flote, el Gobierno importa desde África un virus
mortal y ha permitido a quienes entran en contacto con él que se paseen por las
calles, utilicen las ambulancias y, en suma, pongan en riesgo a todo el país.
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Mariano Rajoy y Ana Mato |
Los acontecimientos
demuestran que ni tenemos Gobierno, ni instituciones representativas dignas de
crédito y, en él debe, a la galopante crisis económica que mantiene en el paro
a más de cinco millones de personas, sumamos ahora un torpedo bajo la línea de
flotación del único sector que crecía y mantenía expectativas de poder
equilibrar nuestra creciente dependencia del crédito exterior. Demasiado para
este gobierno. Previamente, ya sabíamos agotada la capacidad de la Constitución
del 78 para hacer frente a las aspiraciones de algunos de los pueblos que
conforman España, singularmente catalanes y vascos.
Afortunadamente,
España cuenta con una vigorosa sociedad civil y con instituciones que, como la
familia, están permitiendo amortiguar aquello qué tiene solución doméstica.
Cáritas, Cruz Roja, Bancos de Alimentos y una larga lista de ONGs sólidas y
solventes han permitido mitigar el hambre y ayudan cada día a que dos millones
y medio de personas excluidas de las ayudas sociales públicas tengan la esperanza
de revertir su situación. A estas instituciones se han sumado otras como la PAH,
o las de afectados por las Preferentes que canalizan buena parte del esfuerzo social
para hacer frente a las trágicas circunstancias que empujan a centenares de personas
al suicidio como única salida a su difícil situación.
Por otra parte, el
vacío que los partidos mayoritarios, a quienes solo parece obsesionar el poder,
han dejado respecto a las cuestiones de interés general fue inicialmente cubierto
con la irrupción del 15M en miles de plazas públicas, al que debemos no solo aportaciones
teóricas basadas en la profundización de la democracia, -como el ejercicio del
voto popular directo para dirimir las grandes cuestiones, o la recuperación de
la ética en el manejo de las instituciones públicas-, sino que se ha plasmado
en la práctica política con la creación de las mareas sectoriales (sanidad,
educación, justicia…) y la aparición de candidaturas rupturistas en las
elecciones al Parlamento Europeo (Podemos, Partido X, Movimiento Red).
La realidad nos dice
que el bipartidismo clásico está cada dia más amenazado con la irrupción de
Podemos, Ganemos y el crecimiento de IU, que los sindicatos de clase, cada dia
más deslegitimados por los escándalos, son relevados por la actividad de las
Mareas, y que los grandes empresarios se dedican a expoliar los bancos que
debían hacer circular el crédito para evitar que miles de Pymes echen el
cierre. Estando dando pasos firmes a la condición de Estado fallido.
Las elecciones
anticipadas se presentan hoy como la única alternativa para que la ciudadanía arregle
lo que este gobierno ha llevado al desastre en tan solo tres años. Serán en la
práctica elecciones constituyentes, ya que el nuevo hemiciclo ha de resolver
problemas históricos como el encaje de las distintas nacionalidades. Habría que
reformar la constitución y someterla a aprobación mediante referéndum. Para
ello, y para evitar la acumulación de poder en los representantes elegidos,
antesala de la corrupción, es necesario ampliar el derecho al voto de forma que
la ciudadanía sea depositaria del poder real mediante procedimientos de
iniciativa legislativa y de ratificación, a través de referéndum vinculantes,
de las leyes y cuestiones fundamentales en todos los ámbitos, ya sea local,
regional, o confederal.
La separación de
poderes del Estado, la democratización e independencia de sus aparatos, ya sean
órganos de consulta -como el Consejo de Estado-, de gestión -como el Tribunal
de Cuentas-, de vigilancia -como el Banco de España o la CNMC- o informativos -como
RTVE-, han de ser blindados democráticamente por las nuevas Cortes, que también
tendrán que ocuparse de llevar a la nueva Constitución la laicidad real del
Estado, denunciando los acuerdos con la Santa Sede, y permitir que la
ciudadanía decida el modelo de Estado entre Monarquía o República.
Para ser duradero, el
nuevo e imprescindible consenso constitucional debe partir de la Constitución del
78 y atenerse a lo que en ella se establece en cuanto a su reforma. Paralelamente
ha de hacer frente a uno de los aspectos que aquella Constitución se limitó a
enumerar: los derechos de las personas. La nueva constitución debe hacer
realidad el derecho a una vivienda digna, a un trabajo digo o a la renta básica
garantizada, a la educación y sanidad gratuitas, a los servicios sociales.
Que estos derechos
sean realidad exige que las Cortes Constituyentes consideren como tarea
prioritaria enderezar y sanear las cuentas públicas. Un nuevo marco fiscal,
basado en la progresividad de las rentas, apoyado con el mayor consenso posible,
-en mi opinión, la izquierda democrática debería organizarse en Frente Amplio-,
para acabar con un sistema fiscal injusto que descarga todo el peso sobre las
Pymes mientras las Grandes Empresas eluden impuestos a través de las Sicav y
los paraísos fiscales; sobre los asalariados y pensionistas mientras las rentas
empresariales se ocultan en los gastos de las propias empresas. Y, lo que es
más grave, ni siquiera recauda IVA en el sistema financiero ni IBI en las
iglesias, manteniendo el sistema fiscal de la Edad Media, en el que la Iglesia
y los “nobles”, hoy los banqueros, no pagaban impuestos.
La política de
alianzas, para adelantar las elecciones y además ganarlas, exige elaborar un
Programa común de mínimos, conformar una Candidatura y, paralelamente,
movilizar a todas las sensibilidades progresistas y nacionalistas, y, con ello,
a la mayoría social que demanda el cambio. Históricamente, la democracia ha
existido en España cuando han confluido en un solo bloque la izquierda y los
nacionalismos progresistas. El elemento catalizador del Frente Amplio, encargado
de dirigir el proceso constituyente, debe ser un Presupuesto que garantice
dotar al Estado de los recursos necesarios, repartidos de forma justa y
sostenible, y garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones
autonómicas y locales.
Plumaroja
Y la nacionalización de las áreas sensibles que sirvan al Estado para controlar la vida sociopolítica.
ResponderEliminarEsta muy bien todo lo expresado , aunque quizás seria mejor en vez de reformar la Constitución , hacer otra totalmente nueva .Respecto a lo de nacionalizar " las áreas sensibles " seria bueno decir cuales son , y NO SOLO el hecho de nacionalizar algo quiere garantizar su BUEN funcionamiento , al final que un sistema u otro depende de la honradez , profesionalidad y excelente CONTROL de las personas que actúen en ellas
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