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La Grecia de Syriza: ¿Podemos aplicar políticas sociales y democráticas en la zona euro?

Manolo Monereo

Politólogo y miembro del Consejo Político Federal de IU
Una de las paradojas del presente es que, para ser realmente reformista, hace falta ser revolucionario. Para decirlo de otra forma, el capitalismo financiarizado neoliberal tiene tal fuerza organizada que hace extremadamente difícil cualquier intento para reformarlo aunque sea moderadamente. Esto tiene, al menos, una doble consecuencia: permite ampliar enormemente el marco de alianzas para políticas nacional-populares pero (este pero tiene cierta importancia) hace extremadamente difícil aplicar desde el gobierno políticas que recuperen derechos sociales perdidos, fomenten y amplíen las políticas de bienestar y, sobre todo, construyan modelos productivos social y ecológicamente viables.
Atributtion: Joanna
Atributtion: Joanna
Esto se ha puesto de manifiesto con la llegada de Syriza al gobierno de Grecia. La discusión fuera y dentro del país heleno está siendo muy fuerte y, como suele ocurrir, controvertida. El acuerdo recientemente suscrito por las instituciones de la Unión Europea y el gobierno griego ha sido calificado de triunfo por Tsipras y criticado, con argumentos de peso, por una parte de la propia organización de la izquierda griega. El debate tiene aspectos técnicos relevantes y siempre se acaba en aquello de si el vaso está realmente medio lleno o medio vacío.
A mi juicio, se trata de un acuerdo que lo que hace, no es poca cosa, es permitir ganar tiempo al gobierno griego. El ministro Yanis Varoufakis parece que ha sorprendido a los negociadores con una estrategia (él la ha llamado kantiana) que consistía claramente en poner sobre el tapete propuestas razonadas y razonables en defensa de un país que vive una inmensa catástrofe social y política. El conocido economista griego no ha amenazado nunca y ha pretendido convencer a las instituciones y a la opinión pública desde un europeísmo muy firme, con muchas dosis de buen sentido y del empleo a fondo de valores y principios que la Unión Europea supuestamente defiende.
En el fondo del debate, lo que hay, hay que insistir de nuevo, es el intento por parte del nuevo gobierno griego de ganar tiempo y obtener el dinero suficiente para resolver, en un proceso que saben complicado y difícil, problemas sociales, económicos y políticos con el objetivo explícito de reconstruir la economía del país, devolver la autoestima y la dignidad al pueblo griego y poner fin a la crisis humanitaria en que viven los y las helenas. Las políticas de ajuste que salvajemente se han aplicado en Grecia han agravado la crisis, han generado pobreza y desigualdad y han debilitado enormemente la democracia. No es casual la presencia, como tercera fuerza política, de un partido nazi como Amanecer Dorado a pesar de que su cúpula dirigente está hoy en la cárcel.
Este último aspecto no puede ser ignorado. Es bastante común, desgraciadamente, en casi todos los medios de comunicación y en las fuerzas políticas dominantes, desde la derecha a la izquierda, acusar a Syiriza de demagogia, de incapacidad y de excesos de todo tipo. Basta leer con detenimiento el programa de Salónica para darse cuenta que la propuesta que defiende hoy Tsipras era, en muchos sentidos, el programa de la socialdemocracia en los años 80. Más que un programa de izquierdas es una propuesta de reconstrucción de un país devastado por el austericidio.
La pregunta que habría que hacerse es ¿qué pasaría si Syiriza es vencida, es decir, si la izquierda griega es forzada, como ya le pasó al Pasoc, a traicionar sus moderadas propuestas electorales, romper la confianza entre representados y representantes y aplicar, como ha hecho Hollande en Francia, las políticas de la derecha? No hay que darle demasiadas vueltas: lo que se produciría es una enorme desintegración social y cultural, un debilitamiento estructural de la democracia como forma de gobierno y la entrega de una parte significativa de la ciudadanía griega a la extrema derecha, que en el país heleno, es nazismo puro y duro.
Parecería, después del acuerdo, que se está entrando en una nueva fase. Las elecciones en España están muy próximas y Grecia es un mal ejemplo que hay que exterminar desde el principio. Ya no basta, como se hace frecuentemente, proclamar a los cuatro vientos que el gobierno griego ha sido derrotado en el acuerdo, sino que ahora se intenta humillarlo en un sentido muy preciso: tiene que reconocer su fracaso, desdecirse de lo dicho y hecho y proclamar la victoria de un pensamiento único que se ha convertido en política única. Los presidentes de la Comisión Europea y el del Banco Central, así como el ministro de Hacienda alemán, han venido insistiendo en esto con mucha fuerza en la último semana.
Hay que estar muy atentos. Pronto sabremos la valoración que la Troika hará de la propuesta helena. Empieza ya a haber algunas pistas de que la cosa no está clara y el ministro Varoufakis parece pasar de una estrategia kantiana a una gandhiana, es decir, negociar de buena fe bajo el predominio de la razón, pero señalando que hay un límite que el gobierno no va a traspasar: el contrato firmado con el pueblo griego en las últimas elecciones. Flexibilidad, toda; gradualismo y buen sentido; cargarse de razón fuera y dentro de Grecia y también, con mucha claridad, que no son casta política, que están dispuestos a la insumisión, a la rebeldía, para defender derechos, valores y principios sólidamente asentados en un pueblo orgulloso y digno como el griego.
Lo que viene no será fácil. Aquí y ahora, el debate griego es el debate de toda la izquierda europea y, en muchos sentidos, afectará a nuestro país en este largo ciclo electoral que acaba de comenzar. De los temas de Europa, mejor dicho, de la Unión Europea, nada o poco se dirá en estas campañas electorales. Se harán promesas y promesas y todos, de una u otra forma, hablarán de una salida democrática justa e igualitaria a una crisis que sigue estando ahí y que cambiará duraderamente el destino de nuestro país y de sus gentes. Nadie hablará, como dice Wolfgang Streeck, de que los países de la UE viven, de hecho, ante una doble soberanía, una determinada y otra determinante. La determinada es la que consagran las Constituciones que hablan de independencia y soberanía popular. La otra, la determinante, la definida por la Troika y garantizada por el todopoderoso Estado alemán.
La pregunta sería: ¿cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta de que para los países del sur de la UE se abre una problemática que anuda derechos sociales con defensa de la democracia y la soberanía popular como autogobierno de las personas?

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