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| Portadas propagandísticas de La Razón y ABC |
A
muchos lectores les resultará familiar ese mantra que considera a los medios de
comunicación privados como independientes y a los medios públicos como
oficialistas. La idea evoca que los gobiernos controlan los medios públicos,
pero no los privados, los cuales operan con un periodismo libre e
independiente. La pasada semana se conocieron datos muy elocuentes sobre el
destino de la publicidad institucional de algunas administraciones públicas que
destapa precisamente lo contrario: todo un sistema de connivencia entre
gobernantes y medios privados. Según la información proporcionada por la
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid al diputado de Podemos Hugo
Martínez Abarca, quien realizó una petición de información a través de la
Asamblea Regional, pudimos saber que Esperanza Aguirre e
Ignacio González favorecieron con dinero de la publicidad institucional a
aquellos medios conservadores afines a los expresidentes madrileños. Lo hicieron a través de las consejerías, desde el Canal de
Isabel II y del Metro. El diario La Razón, ni mucho menos el periódico
más leído, pero sí el más cercano políticamente, recibió entre 2011 y 2015
el 60% del presupuesto de los anuncios en prensa escrita de la empresa pública que depende de la Comunidad de Madrid:
1.003.918 €.
Según la documentación oficial
aportada por la Comunidad, de los 696.000 € de inversión en anuncios del Metro
de Madrid, 334.611 fueron a parar al grupo Intereconomía, medio
ultraconservador que preside el exdiputado autonómico del PP Julio Ariza. Pese
a su reducida audiencia, su radio recibió 12 veces más fondos que la Cadena
Ser, líder en oyentes en la comunidad de Madrid. En cuanto al dinero destinado
a televisión, los medios privados solo fueron dos: el más beneficiado fue
Libertad Digital, con el 24% del presupuesto, 144.840,67 €, y 8 Madrid, un
canal del productor Enrique Cerezo, amigo íntimo de Ignacio González, que se
llevó el 5,88%, 12.166 €, del montante total en este apartado. No olvidemos que
Libertad Digital, según declaró Luis Bárcenas, ya se benefició de la
financiación con dinero negro de la caja B del Partido Popular en 2004.
En el reparto a los suyos, los
gobiernos de Aguirre y González dieron 240.000 € entre el Canal y Metro a El
Pulso, una web desconocida, que no computa en ninguno de los medidores de
audiencia. Este supuesto medio de comunicación no tiene sede física y el
teléfono que ofrece la página web para contratar publicidad corresponde a una
de las clínicas de fisioterapia de la fundadora de la sociedad
y propietaria de la página, una socia de Covadonga Fernández, que ocupó
distintos puestos en sociedades públicas de la Comunidad bajo el gobierno del
PP, llegando a ser la presidenta de la televisión regional. Tras el escándalo,
la página web de elpulso.es ha dejado de estar operativa.
Otro de los medios
desconocidos, pero gran beneficiado de los anuncios del Canal de Isabel II fue
un proyecto frustrado de televisión por Internet de Miguel Ángel Rodríguez, el
exportavoz del Gobierno de José María Aznar. Casi 600.000 € del Canal
de Isabel II para su web nuevatelevisión.es.
Con Ana Botella en la alcaldía
de Madrid se repite la historia de trato de privilegio para los medios de
derechas. En marzo del pasado año se
supo que el periódico al que más dinero se le pagaba por insertar anuncios fue La
Razón. En 2013, 268.780 €. Los dos años siguientes
siguió siendo el más beneficiado, 223.272 en 2014 y 197.704 € en 2015. Pero
también hay dinero para el otro periódico de derechas. Si al periódico diario
se le añaden los suplementos y revistas que edita cada uno de ellos, el más
beneficiado resulta ser ABC. Sólo su suplemento XLSemanal se llevó
776.162 € en tres años. En 2014, según informó Infolibre, a ABC se le facturó un total de 686.842 € en
publicidad institucional del Ayuntamiento, incluidos los anuncios de su página
web. Lo curioso es que el dinero del Ayuntamiento de la capital no fue para el ABC
de Madrid, sino para su edición de Sevilla y a otros tres periódicos del
grupo Vocento: El Norte de
Castilla, Las Provincias y el diario Sur. En total, 1,8 millones de €
de 2013 a 2015.
En cuanto a radios, la mayor beneficiaria fue
la cadena Cope, la de los obispos, con 681.922 € en tres años, a
pesar de ser la tercera en audiencia. También recibieron sumas considerables
EsRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos (180.628 €); el grupo
Intereconomía (222.187 €), y 13TV (12.100 €).
Además de aplaudir las
políticas de los gestores de la derecha, los medios conservadores también lo
agradecían directamente con dinero. Tras dejar su cargo de presidente de la
Comunidad de Madrid, a Ignacio González La
Razón le paga unos 4.500 € al mes por sus colaboraciones. González publicó hasta 144 textos, el último tres días antes de
su detención en la operación Lezo. Según el sumario, el acuerdo con La
Razón establecía que González escribiría dos artículos semanales a 600 € la
pieza. Por su parte, Esperanza Aguirre comenzó a escribir semanalmente
en el diario ABC desde diciembre de 2012. Dependiendo del mes, el diario le pagó entre
3.000 y 2.000 € por cada artículo de opinión de 900 palabras, poco más de folio y medio.
Pero todo esto es solo la punta
del iceberg. El Consejo de Transparencia ha dado la razón a eldiario.es, que
pidió la información del reparto de publicidad institucional para saber si se
hace de forma objetiva o el gobierno beneficia a algunos medios de
comunicación. Pero la reacción ha sido que 8 de los 13 ministerios
van a poner una demanda por lo contencioso administrativo en la Audiencia
Nacional para esquivar la resolución que les insta a dar estos datos.
La publicidad institucional no
es la única forma de “comprar” a los medios que ha tenido la derecha española.
En 2013 el hoy ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de
Sevilla, contrataba con la edición
de ABC de esa ciudad la web de información municipal SevillaCiudad.es
por 527.000 €. Ya lo había hecho el año anterior por la
tercera parte, y viendo que el asunto colaba multiplicaron por tres el convoluto.
El cruce de dinero y personajes
entre medios de derecha y administraciones gobernadas por el PP alcanza su
zenit en Edmundo Rodríguez
Sobrino, consejero de La Razón y segundo accionista al poseer el 23,9 % del capital. Rodríguez ha sido procesado en el caso Lezo como responsable de
la presunta malversación de varios millones de € en Iberoamérica como
presidente de Interamericana de Aguas y Servicios S.A., filial colombiana del
Canal de Isabel II. Según fuentes próximas al Gobierno de la Comunidad de
Madrid citadas por El Español, Edmundo Rodríguez, tenía un acuerdo con el Canal
de Isabel II que le garantizaba recibir un millón de € al año de la empresa
pública madrileña. Esos números no aparecen
registrados en los datos oficiales sobre publicidad institucional porque se
pagaban a través de un convenio específico absolutamente opaco. Rodríguez
Sobrino ocultó en un banco suizo
una cartera de fondos valorada en 402.239 €, que regularizó en 2012
acogiéndose a la amnistía fiscal.
Y mientras se produce esa
connivencia con medios conservadores en la que gobernantes se garantizan un
trato “informativo” sumiso y las dos partes se hacen millonarios con dinero
público, el Partido Popular
denunciaba la suscripción a las revistas La Marea y Diagonal por el gobierno madrileño de Manuela
Carmena en los centros de jubilados. El Partido Popular pidió que
se rescindieran esas suscripciones por tratarse de “revistas de marcado
carácter ideológico, con una clara tendencia política” y que se mantuvieran las
existentes hasta entonces: ABC, El País, El Mundo y La Razón. Para
los amigos, millones en contratos, para las revistas no amigas ni siquiera 35
suscripciones.
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| Titular de La Razón para conmemorar 40 años de democracia en España |
La conclusión es clara. Frente
a ese tópico de que los políticos quieren tener medios públicos para poder
hacer propaganda de su gestión, la realidad muestra que el sistema más
utilizado es hacerlo a través de los medios privados mediante varias fórmulas.
Desde la publicidad institucional -la más recurrida- a la relación estrecha
entre partido gobernante y accionista o el trasvase de recursos públicos desde
administraciones públicas a la cuenta de los medios o directamente de sus
propietarios. A diferencia de lo que muchos creen, el sistema de compra de
lealtades mediáticas es más sencillo con los medios privados que con los
públicos. Estos últimos suelen tener más sistemas de control con la presencia
de representantes de la oposición, sindicatos o consumidores. Por otra parte,
su contabilidad, al ser empresas públicas, es más transparente que una empresa
privada de comunicación. Un ejemplo muy elocuente es lo sucedido en Italia
durante el gobierno de Berlusconi. Durante su mandato, Il Cavaliere,
controlaba todas las televisiones estatales. Las públicas por ser el primer
ministro, y las privadas por ser el dueño, recordemos que es el propietario de
Mediaset. Cuando estalló el escándalo de las fiestas con prostitutas en su
mansión de Cerdeña, la gran exclusiva televisiva era entrevistar a alguna de
las mujeres que fueron contratadas para aquellas juergas. Todo el poder de
Berlusconi se concentró en impedir que una de las prostitutas fuese a un plató
de televisión, y lo logró durante bastantes meses. Finalmente una televisión
consiguió salvar las presiones y el poder de Berlusconi, fue RAI3, una de las
televisiones públicas. De modo que una televisión estatal pudo lograr más
independencia del primer ministro que las privadas de su dueño.
Cuando escuchen la palabra
independiente ligada a un medio de comunicación privado y oficialista para
referirse a un medio público, recuerden los movimientos de euros que acabamos
de repasar.
Pascual Serrano
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