martes, 20 de junio de 2017

AMANCIO ORTEGA Y LA SANIDAD PÚBLICA

Defensores de la sanidad pública han criticado las donaciones de Amancio Ortega
Desde las asociaciones de defensa de la sanidad pública, se ha criticado, hasta incluso proponer su rechazo, la donación de más de 300 millones de euros de Amancio Ortega para financiar inversiones en equipamientos en el área de oncología de las distintas Comunidades Autónomas.
Pero desde esa misma posición, se puede aceptar la decisión del dueño de Zara sin caer en la incoherencia respecto a la defensa del sistema público de salud. Esto es lo que me propongo en este breve artículo.
El área de salud es quizá el único de la política pública que está sometido a una presión imparable de gasto exponencial. Y esto se debe al inexorable avance de la investigación médica y farmacéutica, a la necesidad imperiosa de incorporar los nuevos hallazgos científicos y tecnológicos, y al creciente aumento de la esperanza de vida de una población que requiere más y mejores atenciones en las etapas finales de su existencia.
Mientras que una reducción del gasto público en infraestructuras o en educación conlleva efectos que se perciben a medio o largo plazo, los recortes en sanidad tienen efectos inmediatos, que son percibidos de manera clara por la población, y que provocan reacciones críticas contra los responsables políticos. Es por ello que el de la salud es un área de la política pública de las consideradas “calientes”, siendo proclive a convertirse en un terreno de confrontación política.
Sin embargo, los recursos públicos son limitados, y ningún país, por muy boyante que sea su economía, puede atender de manera adecuada las demandas crecientes del sistema público de salud, debido precisamente al incremento exponencial del gasto en este área. Por eso, los poderes públicos buscan fórmulas diversas para hacer frente a esa realidad, y evitar el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios.
Desde la privatización pura y dura de determinados servicios, hasta la firma de convenios con entidades privadas para sacar del ámbito de los hospitales públicos determinadas prestaciones, pasando por la redefinición de la cartera de servicios básicos o por el copago sanitario y/o farmacéutico, los gobiernos buscan salidas al colapso que puede producirse cuando las cuentas del sistema público de salud no puede cubrirse con los ingresos fiscales.
El mayor o menor énfasis en una u otra de esas fórmulas depende, sin duda, de la ideología del partido que gobierna. Sin embargo, cada vez más se observan convergencias en las políticas sanitarias de los distintos partidos, y apenas pueden observarse grandes diferencias entre ellos cuando asumen responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, conciertos con entidades privadas existen en Comunidades Autónomas donde gobierna el PP, pero también donde gobierna el PSOE. Lo mismo cabe decir del copago o de la redefinición de la cartera de servicios básicos.
A diferencia de otros países, en España no se ha desarrollado suficientemente la cultura del mecenazgo, por lo que aún tiene que estar mejor regulada. Sólo algunas fundaciones de entidades financieras (como Caixabank, el BBVA o el Banco de Santander) o aseguradoras (como la Fundación MAPFRE), tienen programas de mecenazgo en el ámbito de la cultura o de la política social, o en la financiación de algunas becas o proyectos de investigación científica.
No es frecuente en nuestro país que particulares intervengan en el área del mecenazgo, lo que explica el impacto mediático que ha tenido la decisión de Amancio Ortega de donar una cantidad considerable a la adquisición de material y equipo en los servicios públicos de oncología. Lo que en otros países es habitual (pensemos en la labor de mecenazgo de la Fundación Bill y Melinda Gates), en España resulta tan extraño, que se duda de las buenas intenciones de unas donaciones a las que se les califica de “filantropía barata” o de las que se sospecha oscuros fines de lavado de imagen o de evasión fiscal.
Eso está ocurriendo con la donación del dueño de ZARA, que, junto a los que la elogian y agradecen, se encuentran los que la rechazan. El rechazo se basa en dos argumentos: uno, que lo que deben hacer los empresarios y propietarios de grandes fortunas como Amancio Ortega es pagar más impuestos y ofrecer a sus trabajadores unas condiciones laborales dignas; y otro, que el sistema público de salud no debe abrir la puerta a esas donaciones, sino recibir una adecuada financiación por parte de los poderes públicos. La controversia ha llegado incluso al ámbito de la política, hasta el punto de que algunos partidos (como Unidos Podemos de Navarra) se han manifestado en contra de aceptar la donación de Ortega.
Creo que el debate está errado. Como he afirmado al principio, el sistema público de salud necesita fuentes diversas de financiación si queremos que mantenga el alto nivel que ha alcanzado en nuestro país. Todos los españoles nos sentimos orgullosos de nuestro sistema público de salud, especialmente cuando se pasa por la experiencia de ser usuarios directos del mismo o de haber acompañado a algún familiar en situación de enfermedad grave. Sin embargo, somos conscientes de que es una joya frágil, que puede deteriorarse si no se le presta la debida atención y se le dedica los recursos necesarios.
Y para eso hay que explorar todas las fuentes posibles de financiación para que funcione prestando unos servicios de calidad. Para un enfermo de cáncer poco le importa si el servicio que recibe es público o privado, o si los recursos que financian los costosos equipos médicos proceden de la donación de un particular. Lo que le interesa es que el derecho a la sanidad sea un derecho de ciudadanía protegido por los poderes públicos, y que el servicio que reciba sea de calidad.
Bienvenida sea la donación de Amancio Ortega, y ojalá eso anime a otras personas a practicar el mecenazgo, y no sólo en el ámbito sanitario, sino en otras áreas.
No mezclemos churras con merinas. Es evidente que, como cualquier ciudadano, los empresarios deben pagar los impuestos que les corresponden y deben tratar a sus trabajadores de acuerdo con la normativa laboral vigente, y si no lo hacen, que caiga el peso de la ley sobre ellos.
Los gobiernos deben dedicar los recursos que sean necesarios para financiar unas políticas públicas a tono con el nivel de nuestra economía y con la riqueza que se genera en nuestro país, debiendo aplicar la política fiscal más conveniente (aún estamos varios puntos por debajo en presión fiscal respecto de la media de la UE-15).
Pero eso no impide reconocer que los recursos públicos son limitados, y que se deben diversificar las fuentes de financiación si queremos mantener un sistema de bienestar como el alcanzado en estos cuarenta años de democracia que acabamos de cumplir.

Eduardo Moyano Estrada 

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