El acuerdo comercial entre Europa y Canadá
es perjudicial para los derechos de las personas, la democracia y el clima
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Movilización contra el CETA |
Nos enfrentamos a una profunda
crisis democrática, social, económica y ecológica. Por tanto, lo que cabe
esperar de cualquier acuerdo comercial es que sea útil para superarla. ¿Es el
caso del CETA, el tratado de comercio e inversiones que han firmado la Unión
Europea (UE) y Canadá? Veamos en detalle que nos reservaría este acuerdo —de
referencia para otros tratados comerciales como el TTIP— en caso de ser
ratificado.
Primero. El secretismo y
la ausencia de debate democrático en la negociación de este acuerdo ha sido la
norma. Hasta que la región de Valonia alzara la voz, el CETA ha pasado
desapercibido y la información hacia el gran público y sus representantes
directos, ya sea en el Parlamento Europeo o nacionales (pero no hacia las grandes
corporaciones), ha brillado por su ausencia. ¿Alguien duda de que para tener un
debate democrático sano y constructivo, necesitamos luz y transparencia?
Segundo. Este “TTIP
canadiense” introduce un tribunal especial que otorga derechos exclusivos a los
inversores para demandar a países, socavando nuestros sistemas judiciales en
Europa y Canadá. Según varios expertos legales, incluyendo la Asociación
Alemana de Jueces, estos tribunales podrían ser incompatibles con las leyes de
la UE. Ante tal despropósito, Los Verdes Europeos hemos pedido que el Tribunal
Europeo de Justicia se pronuncie sobre la posible incompatibilidad, algo que ha
impedido el voto conjunto de la Gran Coalición en el Parlamento Europeo
(incluyendo PP, PSOE, C's, PNV, PD). ¿Desde cuándo unos demócratas temen la
justicia europea?
Tercero. El CETA no solo
no crearía ni un solo empleo, sino que los destruirá: se estima una pérdida de
200.000 empleos en toda Europa y más de 20.000 en Canadá. Seguiría el camino
marcado por su predecesor, el TAFTA (acuerdo de comercio entre EEUU, Canadá y
México), cuya aplicación ha causado la pérdida de un millón de empleos en EEUU.
Si fuera poco, y tal como lo denuncian el movimiento sindical canadiense y
europeo, los derechos laborales de sindicación y negociación colectiva no
aparecen firmemente recogidos en ningún capítulo del tratado. ¿A quién le
sorprendería entonces que la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo votara
hace poco en contra del CETA?
Cuarto. La UE ha
negociado un tratado comercial con una “lista negativa” para los servicios,
algo que no había hecho nunca antes. En pocas palabras, significa que a menos
que los Gobiernos europeos excluyeran específicamente algunos servicios, todos
se abrirían automáticamente a la competencia de proveedores extranjeros y sería
muy difícil (y costoso) para los gobiernos devolver a la gestión pública los
servicios privatizados. Después de la crisis del 2008, ¿quién en su sano juicio
quiere más cláusulas de liberalización?
Quinto. Al igual que el
TTIP, el CETA es un obstáculo para la lucha contra el cambio climático.
Incentivar el transporte transatlántico, la comercialización del petróleo más
sucio, el Fracking o las arenas bituminosas, frenar la producción de energía
limpia local, dar más poder a las multinacionales energéticas y por ende
aumentar de forma radical las emisiones de CO2, va exactamente en sentido
contrario al recién ratificado Acuerdo Climático de París. ¿Alguien sigue
pensando que puede haber comercio sin clima para sostenerlo?
Sexto. Los Estados miembros y la Comisión
Europea se disponen a sacrificar el 90% de las indicaciones geográficas a nivel
europeo con denominación de origen. Con el CETA, los consumidores no tendrían
ninguna garantía que el arroz valenciano, el vinagre de Jerez o el plátano de
Canarias, hayan sido producidos con unos criterios de calidad en el País
Valenciano, en Andalucía o en Canarias. Estos productos podrían entonces ser
fabricados y plagiados en Canadá sin que los productores españoles puedan
plantear una sola queja. ¿Acaso sabían ustedes que en Canadá ya existe la marca
“Orange Valencia” lista para competir con la naranja valenciana?
Por las razones democráticas,
sociales, económicas y ecológicas expuestas aquí, Los Verdes, y muchas
organizaciones sociales, pedimos que antes de votar en el Parlamento Europeo,
el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre la legalidad del tribunal de
arbitraje para inversores. Y si la Gran Coalición mantiene su votación
favorable en febrero en el Parlamento Europeo, animamos a la ciudadanía a que
se movilice con una llamada a todas y todos los eurodiputados a votar en contra
del CETA. Nuestro no a este acuerdo se debe a nuestro sí a favor de otra
política comercial europea respetuosa con los derechos de las personas, la
democracia y el clima. Rechacemos el CETA. Otro comercio es posible.
Florent
Marcellesi eurodiputado de EQUO / Primavera Europea.
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