Nuevo paso adelante en el complejo proceso judicial del
caso Gürtel que salpica al Partido Popular. Se cierra la primera fase con el
auto de la Fiscalía Anticorrupción que ha solicitado 42 años y medio de cárcel
para el extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, y 110 para
Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama. Hay que recordar que este
escándalo tiene algunas ramificaciones judiciales en Castilla-La Mancha porque
sigue la investigación de la presunta mordida de 200.000 euros entregada por la
empresa Sufi-Sacyr en Toledo capital para financiar supuestamente la campaña
electoral de 2007, cuando gobernaban los populares, a cambio de recibir la
concesión de la recogida de basuras
La Fiscalía Anticorrupción pide 111 años y 4 meses
de cárcel para Francisco Correa, el presunto cabecilla de la
trama Gürtel de corrupción que creció en torno al PP y de 42 años y
seis meses para Luis Bárcenas, el máximo responsable de las cuentas
durante 21 años, extesorero de la formación conservadora en su ultima etapa,
que llegó a reunir un total de 48 millones de euros en cuentas suizas.
En un escrito muy extenso de 512 páginas, las fiscales
Concepción Sabadell y Concepción Nicolás estiman que el PP y la
exministra de Sanidad, Ana Mato, son partícipes a título lucrativo (es
decir, beneficiarios, no conocedores). Mato habría conseguido
por esta vía 28.468 euros que su exmarido, el exalcalde de Pozuelo, Jesús
Sepúlvera, atesoró de manera ilegal.
El PP se benefició, siempre según el ministerio
público, de 328.440 euros y, por ello, Anticorrupción solicita casi
800 años de presidio para los 41 acusados.
En cuanto a Luis Bárcenas, está imputado por delitos
contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental
y estafa procesal en grado de tentativa. Y a Correa se le acusa
de asociación ilícita, falsedad, malversación, tráfico de influencias,
delitos fiscales y estafa.
EL AUTO Y EL JUEZ RUZ
El auto también lanza una advertencia muy directa al
Gobierno central respecto a la continuidad del juez Pablo Ruz, hasta el punto
de que se indica expresamente que "tendrá que explicarse" si al final
no continúa.
Hay que recordar que el 26 de noviembre el juez
de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cerró la investigación de la primera
fase del caso Gürtel, referida a las comunidades de Castilla y León y Madrid, y
a los ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda, así como la localidad de
Estepona (Málaga). Entonces, Ruz aconsejó sentar en el banquillo a 43
personas, pero después rebajó esa cifra tras aceptar un recurso
de Enrique Carrasco porque sus delitos de cohecho y tráfico de influencias
habían prescrito.
Ruz explicó también que Francisco Correa
encabezaba una red surgida en la década de los noventa especializada en
eventos y campañas electorales del PP. Pero esta organización se sirvió de
los contactos en el PP para lograr adjudicaciones públicas,
mediante obsequidos de valor a empleados públicos y
responsables que, presuntamente, intervenían de forma decisiva.
Durante los cinco años que ha durado la instrucción se
han hallado indicios de que el grupo de Correa contactó con los Ayuntamientos
citados y consejerías autonómicas, organismos de los que logró contratos y
adjudicaciones irregulares, según los indicios recogidos por el juez. A cambio,
la red realizaba regalos, entregas en efectivo o pagaba viajes a los imputados.
El juez concluye que al menos 348 actos de la Comunidad de Madrid fueron
adjudicados directa o indirectamente a empresas controladas por la red. Además,
Ruz sostiene que "Correa puso a disposición de determinados cargos
públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y
el origen de los fondos" obtenidos de forma ilícita.
Publicado en DCLM
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