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La corrupción en España: de La escopeta nacional a Crematorio

Ángel de la Cruz

Fotograma de la serie Crematorio
Rafael Chirbes, que fue descrito por Gregorio Morán como uno de esos pocos escritores que no participan del chalaneo de las editoriales y sus autopremios, escribió una novela en 2007 que tituló Crematorio. Sánchez-Cabezudo la adaptó a la televisión de la mano de Canal+ cuatro años más tarde, ya que hasta aquellos entonces hablar de corrupción era cosa trasnochados en contra del progreso. Sin duda, podemos considerarla como una de las mejores series españolas de la historia, por su calidad e incluso por su buena acogida. En Todavía voy por la primera temporada, de Edu Galán, se analizan las series españolas y se llega a una conclusión obvia: es la única que trata la corrupción. Supongo que no habrá suficiente material historiográfico o de actualidad como para darle un par de vueltas al asunto.
En cualquier caso, la grandeza de Crematorio no reside en ser la única sino en representar mejor que nadie eso que Manolo Monereo denomina «la trama»: la alianza entre el poder económico y el poder político que hace posible que manden los que no se presentan a las elecciones. Hay un diálogo digno de ser proyectado en todas las Facultades de Políticas y Economía (que ambas materias se estudien en facultades distintas fue un logro ideológico del neoliberalismo). En él, el protagonista principal, Rubén Bertomeu (magistralmente interpretado por Pepe Sancho), todopoderoso constructor, conversa con un asesor del concejal de urbanismo. Antes de nombrarlo concejal de urbanismo, dice de manera literal, lo siguiente: «No podemos depender de las urnas, hay que estar por encima de eso. Hay que permanecer venga quien venga».
Nada nuevo. Hace un siglo Lenin dijo que la concentración de la producción, la consiguiente monopolización y la fusión entre la industria y la banca daría lugar al capital financiero, que acabaría controlando no solo el Gobierno sino el Estado. De esta lógica nacen los matrimonios entre el poder económico y los políticos. La luna de miel son los puestos en los consejos de administración de bancos y grandes empresas. Una manera vergonzante de premiar al servidor público por hacerle las faenas de aliño al poder económico (privado): Endesa, Gas Natural, Abengoa, Repsol, Iberdrola, Telefónica, Banco de Santander… Las puertas giratorias forman parte de la relación de un sistema, de un conjunto de redes interconectadas y dependientes entre sí. Cuando el joven juez de En nombre de la ley,  de Pietro Germi (1949), llega a Capodarso para luchar contra la mafia, se da cuenta de que la mafia no es solo un grupo de pistoleros, sino un entramado del que forma parte mucha gente, en este caso, una parte importante del propio pueblo, que no dispara pero consiente.
La corrupción no es solo una “degeneración” o una “mala deriva” de personajes sin escrúpulos, también es la gasolina que hace que el sistema no se pare. El neoliberalismo en general y la Unión Europea en particular se cargaron cualquier posibilidad de democratizar la economía, es decir, de orientarla hacia el cumplimiento de los derechos humanos y los servicios sociales más básicos. La llamada globalización barrió los Estados (salvo el alemán), es decir lo público y la política. Lo denunció Julio Anguita en los noventa cuando Tietmeyer, presidente del Bundesbank entre 1993 y 1999, dijo literalmente lo siguiente: «Los políticos deben acostumbrarse a que sus decisiones vienen predeterminadas por las leyes del mercado». Si a esto le sumamos la particularidad berlangiana del capitalismo de señoritos que cierran negocios entre cacerías y timbas de póker y una clase política especialmente predispuesta a poner la mano, tenemos el esperpento.
Las tarjetas black o los aeropuertos sin aviones (entre una infinidad de corruptelas) son especialmente llamativas por lo dantesco, pero quizá lo más importante sea enmarcar cada triquiñuela concreta en un sistema de corrupción mucho más amplio: «la trama» como alianza entre el poder económico y el poder político. El hecho de que el que robe sea político debería ser un agravante para, al menos, doblar la condena. Si además se trata de un político que dice defender los valores de la izquierda en sentido amplio, tendría que ser tratado como los delatores que en el franquismo traicionaban a sus compañeros por migajas. Dicho esto, si solo criminalizamos a los corruptos y nos olvidamos de los corruptores y del propio sistema, cuya dinámica conlleva de manera consustancial la corrupción, nos equivocaremos. Un régimen político-institucional (superestructura) está determinado en buena medida por el sistema económico (infraestructura); si únicamente cambiamos de actores y no de escenario nos pasará como en Italia: la corrupción de la tangentopoli que acarreó todo un “cambio de régimen” trajo a Berlusconi. Tendremos que estar atentos y leer En la orilla, de Rafael Chirbes (Anagrama, 2013), un «comunista a lo Cervantes» como él mismo se define, al que leen más en Alemania que aquí.
P.S.: En el escándalo de las tarjetas black también había gente de IU y CCOO. Para evitar bochornos indescriptibles de este tipo tenemos que tener al menos una cosa clara, de entre tantas. Si un partido no tiene una organización fuerte y sólida, cuya base sea la militancia, se agarrará simplemente por inercia a lo que tiene: normalmente una red de cargos institucionales. Si esto ocurre se puede llegar a un proceso paulatino de institucionalización. Y el sustento de la institucionalidad es la corrupción y, en última instancia, la cooptación.

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