viernes, 21 de junio de 2013

Las falacias en la reforma de las pensiones

Aunque resulta una obviedad, es justo resaltarlo. Los libros, artículos e intervenciones públicas de los profesores Juan Torres y Vicenç Navarro constituyen, sin duda alguna, uno de los arsenales científicos de más rigor en apoyo de los derechos sociales y de las alternativas a las políticas de austeridad, recortes y privatizaciones inspiradas por los grandes grupos financieros y aplicadas por los Gobiernos que los representan. En realidad, todo un antídoto al neoliberalismo seriamente trabajado. O, dicho de otro modo, unas herramientas de análisis y propuestas alternativas de una especial utilidad para armar a la izquierda en el combate por otro mundo posible en el marco de la grave crisis creada por el capitalismo financiero y en la que el neoliberalismo pretende conformar a machamartillo lo que el profesor Vicente Romano denomina “la mentalidad sumisa”,
Vicenç Navarro
Vicenç Navarro
Desde hace ya muchos años, su voz y su pluma no han dejado de alzarse, con tanta seriedad como gallardía personal, frente a la avalancha de manifiestos pagados por la banca e informes de “expertos” dirigidos a convencer a la sociedad española de las bondades de las privatizaciones y del “Estado mínimo”. Hace ya tres años, estos dos catedráticos – de la Universidad de Sevilla el primero de ellos, y de la Pompeu Fabra, de Barcelona, y la John Hopkins, de Baltimore (EE.UU.) el segundo-, sacaron a la luz un primer libro de especial importancia. En él alertaron sobre los verdaderos objetivos que persiguen las llamadas “reformas de las pensiones” en España, un sistema público integrado en el marco general de la Seguridad Social“ – fue Roosevelt quien acuñó la expresión en los años treinta del siglo XX- que se consolidó en Europa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que en España se caracteriza por ser un sistema “de reparto”: es decir, aquél en el que los trabajadores cotizan día a día y en el que con los fondos que hay en el sistema en un momento dado se pagan las pensiones de los jubilados que en ese momento tienen derecho a recibirlas, mientras que las de los futuros jubilados se pagarán con las cotizaciones de quienes en ese otro momento estén trabajando.
Aquel trabajo fue editado por ATTAC, organización de la que forman parte y fue puesta en marcha en Francia en 1996, tras el llamamiento hecho por el periodista Ignacio Ramonet en un editorial del emblemático periódico que dirige, la edición española de “Le Monde Diplomatique”. Su aportación fue ya entonces un auténtico revulsivo. Y puso en guardia a la izquierda contra la operación de privatización de las pensiones en nuestro país. Una operación, perfectamente diseñada, calculada y que se está aplicando en sucesivas fases y para la que, desde hace muchos años, un amplio corifeo de economistas, llamados a sí mismos “independientes”, trata de crear el caldo de cultivo adecuado para llevarla a cabo, mediante la publicación de toda una batería de artículos particularmente alarmistas sobre la supuesta “inviabilidad” de nuestro sistema público de pensiones.
Ahora, acaban de poner en las librerías una versión corregida y actualizada de aquel estudio de 2010 cuyo título es especialmente ilustrativo de lo que contienen sus casi doscientas páginas: “Lo que debes saber para que no te roben tu pensión”. Y su aparición es particularmente oportuna. Prácticamente, ha coincidido con la publicación del último “informe de expertos”, hecho público con el visto bueno de un representante del sindicato de CC.OO, aunque, afortunadamente, desautorizado por la central sindical, y con la nueva ofensiva del Gobierno del PP para acometer una nueva “reforma”, en la línea que la piden la patronal, la banca y la misma Troika” y, naturalmente, sus mismas convicciones neoliberales.
Su aparición tiene lugar, además, casi al mismo tiempo que la publicación en el digital “Cuarto poder” de un espléndido artículo (“Qué le pasa a CC.OO. con las pensiones?”) de Agustín Moreno, sin duda alguna quien tendría que haber sucedido a Marcelino Camacho al frente de CC.OO. y que, alejado de la dirección del sindicato surgido en los años sesenta del siglo XX en la mina asturiana de La Camocha, es hoy profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas y miembro de la “Marea Verde”. Un artículo en el que Agustín Moreno subraya, entre otras cosas, las dos etapas (la primera hasta la crisis de los dos sindicatos mayoritarios en 1994, con la salida de Nicolás Redondo de la secretaria general de UGT, y ruptura interna en CCOO) en que se llevaron a cabo las reformas laborales y de las pensiones y en el que denuncia que “los ataques se han producido tanto con los gobiernos del PSOE como con los del PP, lo que demuestra que a la hora de servir a los intereses de la banca y de las compañías aseguradores no hay muchas diferencias entre ellos”.
En su nuevo libro, Juan Torres y Vicenç Navarro aportan datos, desvelan la inconsistencia de los planteamientos de los economistas neoliberales y destapan y dejan al descubierto las falacias y falsedades que se esconden, tras un supuesto halo de objetividad, en los argumentos de quienes preconizan el desmantelamiento del sistema público de pensiones español. Con todo ello, demuestran que “las propuestas para cambiar el sistema de pensiones público por uno privado no responden a necesidades objetivas, reales y técnicas” y que tal operación únicamente “responde a los intereses de los bancos y otras entidades, las compañías aseguradoras, que harían un negocio muy lucrativo si ese cambio se llevara a cabo”.
Juan Torres López. © Marcos León
Juan Torres López. © Marcos León
Para empezar, desmienten la afirmación de quienes aseguran que nuestras pensiones son “generosas”. Para ello, reproducen fielmente los datos reales y las sitúan en comparación con los países de la UE. En lugar de “generosas”, las pensiones españolas son realmente reducidas. El dato no admite discusión alguna. “España tiene un nivel de riqueza, medido por su PIB per cápita, semejante al promedio de la UE15: el 91% per cápita promedio de la mencionada UE-15. Sin embargo, su gasto social per cápita es solo el 77% del promedio de la UE-15”. Y, en este marco, se sitúa, en primer lugar, el gasto social dedicado a las pensiones, “todavía considerablemente por debajo” del de otros países del entorno comunitario europeo. Las estadísticas se encuentran al alcance de quien las quiera consultar y Torres y Navarro las recuerdan. “El de 2012 (algo menos del 11%) es tres o cuatro puntos inferior – apuntan- al de países como Francia, Alemania, Italia, Grecia y Portugal e, incluso, está unos dos puntos por debajo de la media de la U.E.-27”. Y, en segundo lugar, el valor medio de las pensiones españolas comparado con los ingresos per cápita o con el salario medio bruto. Pues bien, Torres y Navarro señalan que “la pensión media (955 euros en diciembre de 2012) apenas sobrepasa la mitad del salario medio bruto (unos 1.700 euros mensuales, 22.790 euros anuales en 2010, según el INE).
Pero, al tiempo, dan un paso más y ponen sobre la mesa las consecuencias que se derivan de su exiguo tamaño. Para ello traen a colación datos de la OCDE, con arreglo a los cuales “el porcentaje de pobres entre los ancianos era de un 23%, una cifra mayor que la que se daba entre la población en general (un 14%) y mucho mayor que el porcentaje de pobres entre ancianos en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”. Además, añaden un dato más, referido a la parte de los ingresos que tiene la población de más de 64 años con su peso demográfico, que, según las estimaciones efectuadas por Muñoz del Bustillo, “está por debajo del que teóricamente debería corresponderle”. Tan es así, que “para mantener el peso que se tenía en 2003 sería necesario que el gasto público en vejez sobre el PIB se doblara de aquí a 2050, pasando de más o menos el 10% actual a casi el 20%”.
La conclusión es clara. “El problema de las pensiones no es su excesiva generosidad, sino precisamente lo contrario: son demasiado bajas”. Y su cuantía reducida afecta tanto a las pensiones no contributivas como a las contributivas. Las primeras, las no contributivas, son solo el 46% del promedio de la UE-15, el grupo de países más cercanos a España por su nivel de desarrollo económico Y las contributivas son también bajas en comparación con la media de los países de la UE-15. La pensión media contributiva en España es sólo el 68% de la pensión media contributiva de la UE-15 o del 63 %, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda”. El resultado es demoledor: “Un 77% de los pensionistas españoles no llega siquiera a ser mileurista…” Con eso está dicho todo.
Y, sin embargo, ¿A qué se debe la estrategia de desmantelamiento de la Seguridad Social por parte de los poderes financieros lanzada “urbi et orbi” por el Banco Mundial en 1994 y comenzada a aplicar en España desde los ochenta del pasado siglo? La razón última de estas ofensivas sin cuartel se encuentra en un dato que conviene tener presente y que ambos autores sitúan como elemento clave: “El dinero que mueven en España las pensiones públicas, que no es otra cosa que ahorro de los trabajadores, supera los 120.000 millones de euros anuales. Un botín muy apetitoso para los bancos que se esfuerzan en difundir todo tipo de razones para convencer a la gente de que lo que mejor es que ellos gestionen semejante fortuna”.
Una doble dirección en la estrategia de desmantelamiento
A partir de ahí se comprende con absoluta claridad la magnitud del engranaje puesto en marcha para conseguir tal botín… El volumen total de las pensiones en España representa un bocado muy suculento para la voracidad de la banca española. Pero si no lo han hecho hasta ahora es porque cada ataque lanzado desde la banca, la patronal y el Gobierno, primero del PSOE y luego del PP; ha encontrado un rechazo frontal por parte de gran parte de la sociedad. Por ello, Torres y Navarro ponen de relieve que para vencer la resistencia social quienes propugnan este objetivo están utilizando una doble dirección. De un lado, “multiplicaron los discursos orientados a justificar la sustitución del sistema de pensiones divulgando la idea de que no tenía viabilidad financiera a medio plazo”. De otro, “realizaron reformas parciales sucesivas encaminadas a debilitar el sistema público, minimizándolo progresivamente de modo que, poco a poco, se hiciese cada vez más imprescindible un sistema complementario a base de aportaciones privadas”.
En la primera de estas direcciones, desde hace ya varias décadas, un elevado número de informes y artículos firmados por economistas al servicio de la banca está inundando las páginas de los periódicos y los espacios de los medios audiovisuales. En todos ellos, se lanzan mensajes alarmistas en extremo y se formulan augurios de quiebra irremediable del sistema. El sector financiero y la derecha dispone de suficientes medios económicos para pagarlos y las campañas de pura propaganda y manipulación de la opinión pública están presentes en los mass media.
Torres y Navarro reproducen, por ejemplo, las catastrofistas previsiones hechas públicas por algunos economistas como, J.A. Herce y Javier Alonso, cuyos trabajos edita La Caixa y FEDEA, Piñera y Weinsteinel, y el catedrático y asesor especial de José María Aznar, José Barea, e, incluso, por el mismo Ministerio de Trabajo. Todos ellos afirmaron sin titubear que la Seguridad Social tendría un déficit en los ejercicios de 1995, 2000, 2005 y 2010. No acertaron ni una. Ni siquiera en lo que habían augurado para un año tan particularmente desastroso como el 2010, en el que, con una tasa de paro que golpeó a más de cuatro millones de trabajadores, el resultado final de la Seguridad Social se situó en un superávit de 2.383 millones de euros; un 0,22% del PIB.
A simple vista, podría parecer verdaderamente extraño que ni una sola de estas previsiones catastrofistas diera en el clavo. Sin embargo, no lo es en absoluto. El trasfondo de tales augurios va por otro camino. No pueden acertar porque los datos reales no lo permiten. No los pueden manipular. Y, en consecuencia, para quienes inspiran y pagan tales informes lo de menos es que las previsiones de tales “expertos” resulten confirmadas por la realidad. De lo que se trata es de “hacer ruido”. Lo que los bancos persiguen es que estos economistas “independientes” siembren la alarma y metan el miedo en el cuerpo a cuantas más personas mejor. Tal como apuntan Torres y Navarro, “los bancos los contratan y gastan millones en esos trabajos que nunca aciertan no porque deseen saber de verdad lo que puede suceder en el futuro, sino porque les interesa trasladar a la población, con el marchamo académico de “gran trabajo científico” amenazas falsas a fin de amedrentarla y hacer que acepte sumisamente sus propuestas”. Más claro el agua.
Un nuevo argumento tan falso como fácil de “vender”: el peso demográfico, el envejecimiento de la población
Y, en esta sombría atmósfera creada por las profecías apocalípticas que no cesan, los “expertos” están utilizando una y otra vez, como argumento de peso, supuestamente concluyente y que no admite discusión, consideraciones de naturaleza demográfica. De la noche a la mañana, se han convertido en una suerte de dogmáticos seguidores del clérigo británico Robert S.R. Malthus, el autor del controvertido “Primer ensayo sobre la población”, del que, precisamente, Torres y Navarro reproducen una cita en la antesala de su obra. Al frente de estos nuevos malthusianos en beneficio de la cuenta de resultados de la banca, David Taguas, economista y ex profesor en la Universidad Carlos III, en ICADE y en la Universidad de Navarra, cuya trayectoria representa un paradigma de los políticos que pasan sin despeinarse por las llamadas “puertas giratorias”, esa expresión tan gráfica acuñada en el mundo anglosajón que con dos palabras lo explicad todo. Hasta mayo de 2006 había desempeñado el puesto de subdirector de estudios del BBVA. Es decir, el banco formado a partir de la fusión del Vizcaya y el Bilbao y al que Aznar prácticamente regaló la banca pública que, poco antes, el PSOE había integrado en un solo grupo, Argentaria. En aquella fecha, lo fichó el entonces presidente del Gobierno socialista Rodríguez Zapatero, como director de su Oficina Económica. Dos años después, en mayo de 2008, pasó a ser presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción. Un cómodo, gratificante y rápido viaje de ida y vuelta que, primero, le permitió inocular de neoliberalismo, por si hiciera falta aún, las políticas del Gobierno del PSOE, y, después, cobrar unos cuantiosos emolumentos en la esfera privada, quizás “por los servicios prestados” a los creadores de la “burbuja inmobiliaria”.
Desde hace algún tiempo, Taguas y sus compañeros de “cruzada” contra el sistema público de pensiones, revestidos de su profundo conocimiento de la economía, de un supuesto “consenso de la comunidad científica” y hablando con un semblante especialmente grave como que nadie deje de tomar en serio lo que dicen, lanzan a la opinión pública discursos repletos de tasas de natalidad y mortalidad, pirámides de población, aumento de la esperanza de vida, envejecimiento de la población, etc. Están convencidos de haber encontrado la clave definitiva, exacta, irrebatible del inevitable “colapso” de la Seguridad Social y, pretendiendo mostrar una responsabilidad social encomiable, transmiten al resto de la sociedad su “sincera preocupación”. Este tipo de argumentaciones de naturaleza demográfica se presta, además, a una explicación ante la opinión pública muy atractiva para quien la escucha. En un mundo de la imagen como el actual, una pizarra da mucho juego en un programa de televisión. Escribir sobre una pizarra resulta particularmente plástico, llega fácilmente, entra por los ojos. Y, si las proyecciones catastrofistas las efectúa un economista mínimamente avezado, con la tiza en ristre, la audiencia puede quedar fácilmente encandilada. En esta caso, alarmada más que encandilada y dispuesta a saltar de sopetón del sofá de su casa en el que está escuchando al augur a la aseguradora más próxima, para suscribir un plan de pensiones, que es de lo que se trata. Máxime si no perdemos de vista el carácter particularmente pasivo y acrítico de un telespectador.
Pues bien. Según estos nuevos jinetes/profetas del Apocalipsis, el aumento de la población de más edad en el conjunto de la sociedad y, en consecuencia, el hecho de que existan cada vez más ancianos y menos jóvenes, supondrá un problema insalvable para el sostenimiento de las pensiones públicas. Así, Taguas y Saéz parten de ese fenómeno del envejecimiento y calculan que el coste progresivo de la Seguridad Social será tan alto (lo fijan en un 17,9% en 2059) que destruirá las bases mismas del sistema de pensiones. Y la conclusión que extraen de esta proyección es contundente: Dado que la población envejece cada vez más llegará inevitablemente un momento en el que resultará imposible que tan pocos trabajadores financien a tantos jubilados. O, dicho con otras palabras, la sociedad española no podrá absorber tales gastos, pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios destinados a la población no pensionista.
Juan Torres y Vicenç Navarro dejan al descubierto las falacias y falsedades que se esconden, tras un supuesto halo de objetividad, en los argumentos de quienes preconizan el desmantelamiento del sistema público de pensiones español
Torres y Navarro desmontan esta argumentación simplista por unidireccional. Para empezar, subrayan, “cuesta trabajo explicar por qué Italia puede soportar hoy casi un 15% del PIB dedicado a pensiones y España no podrá dentro de cuarenta años”. Pero denuncian, además, que tales previsiones alarmistas responden a un “error metodológico” tan importante como frecuente, tanto en los informes del Banco de España y de la Comisión Europea como de gran número de artículos: “se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB y, por tanto, la existencia de más recursos para los nos pensionistas que hoy”. Una vez más, los datos, que son tozudos, demuestran la validez de este planteamiento. Un estudio de la Secretaría General de la Seguridad Social de 1995, calculaba que en 2009 habría 3.876.177 pensionistas y en 2030, 5.133.383. La realidad desbordó con creces ese cálculo. En 2009 los pensionistas superaron la cifra prevista para 2030. Nada más y nada menos. Eso se llama calcular al milímetro. Y, sin embargo, la Seguridad Social no colapsó en 2009 sino que registró superávit…¿Cómo pudo suceder tal cosa? La respuesta es sencilla. El número de pensionistas aumentó de modo muy acusado y no previsto pero, al mismo tiempo, el PIB aumentó también en considerable medida y, al unísono, crecieron también las cotizaciones sociales.
De este modo, dejan al descubierto la falsedad que camufla los argumentos de naturaleza demográfica, pretendidamente “científicos”. Para ellos, “partir del supuesto de que una determinada evolución demográfica induce un nivel de gasto que no se va a poder financiar, porque se establece como hipótesis que no habría ni actividad, ni empleo, ni salario suficiente para ello, es un razonamiento cerrado, una burda manipulación del pensamiento. Y la rebaja subsiguiente en las pensiones que nace de este razonamiento circular un auténtico robo”. Lo afirman así. Lisa y llanamente, “un robo”.
Dura crítica a las reformas llevadas a cabo desde los ochenta
Más adelante, critican la segunda dirección diseñada por quienes pretenden el desmantelamiento gradual, total o parcial, del sistema público de pensiones. Es decir, las sucesivas reformas aplicadas desde los años ochenta del pasado siglo.
Juan Torres y Vicenç Navarro recuerdan que “en España se han ido poniendo en marcha reformas del sistema público de pensiones casi desde el mismo momento en que comenzó a consolidarse, tras la muerte de Franco, pero fue a lo largo de los años ochenta cuando se introdujeron reformas orientadas a favorecer su progresiva privatización”. Y hacen un especial análisis de los Pactos de Toledo, suscritos el 6 de abril de 1995, al que el el primero de ellos había dedicado, ya en 2004, un atinado estudio presentado a la IX Jornadas de Economía Crítica: “El Pacto de Toledo:¿Refuerzo del sistema público o vía abierta para su privatización?”
En este nuevo trabajo, Juan Torres y Vicenç Navarro califican a los Pactos de Toledo de “documento ambivalente”. Le reconocen aspectos positivos como la constitución de reservas, la mejora de las bases, de los mecanismos de recaudación y gestión, y la financiación de regímenes especiales, así como el compromiso de mantenimiento del poder adquisitivo. Pero, al lado de éstos, contiene otros francamente negativos que abocan claramente a un mayor fortalecimiento de los intereses privados. Señalan, por ejemplo, que “la separación de fuentes de financiación por el que las pensiones no contributivas se financian por la vía de los impuestos y las contributivas mediante las cotizaciones sociales, es decir, las aportaciones de los trabajadores”, tiene “un doble y contradictorio efecto”, ya que, “por un lado, asegura las pensiones no contributivas, pero, por otro, “condena” a financiar las contributivas sin recurrir a otra fuente que no sea la aportación de los trabajadores, algo que puede ser negativo en el futuro si se precisa el apoyo de los impuestos”.
Y, a este respecto, conviene retener dos cuestiones que recogen los autores. La primera que “las cotizaciones sociales- en 2013 financian el 82,6% del presupuesto de la Seguridad.Social, las aportaciones del Estado, el 12,1%; las operaciones financieras el 2% y otros ingresos el 3,29% – son una parte más del salario, forman parte de la retribución de los asalariados, son un salario indirecto, un salario diferido” y que, “por eso, cuando se propone reducir las cotizaciones sociales lo que se está proponiendo es que bajen los salarios, puesto que el empresario no sube el salario directo del trabajador”. La segunda, y esto es de particular importancia para rebatir cualquier augurio catastrofista, que “no es obligado que la Seguridad Social se financie exclusivamente por medio de las aportaciones de los trabajadores”.
Para Torres y Navarro, “las posteriores reformas han venido a subrayar sus aspectos negativos, al reducir claramente el alcance de las prestaciones, aumentar la vida laboral y, en definitiva, adelgazar el sistema en la línea inspirada por el neoliberalismo para que su cobertura termine siendo de mínimos, muy insuficiente, y la población piense que si quiere estar protegida en su vejez debe suscribir pensiones privadas”.
Ahora, acaban de poner en las librerías una versión corregida y actualizada de aquel estudio de 2010 cuyo título es especialmente ilustrativo de lo que contienen sus casi doscientas páginas: “Lo que debes saber para que no te roben tu pensión”
Ahora, acaban de poner en las librerías una versión corregida y actualizada de aquel estudio de 2010 cuyo título es especialmente ilustrativo de lo que contienen sus casi doscientas páginas: “Lo que debes saber para que no te roben tu pensión”
Torres y Navarro son especialmente críticos respecto a las reformas introducidas en la reforma aprobada en el verano de 2011 y cuyos efectos comenzaron a ser efectivos en enero de 2013. Exactamente respecto a la ampliación hasta 37 cotizados años para el cómputo de los años necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora, aunque se haya mantenido el número de 15 años para acceder a la pensión, a la extensión del período de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años, y al retraso de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, aunque se hayan admitido situaciones intermedias.
Y, de manera muy particular, denuncian con rigor el retraso de la edad de jubilación, por dos razones de especial relevancia. Para empezar, porque “si se desea promover de cualquier forma la ampliación de la vida laboral, debería partirse de la puesta en marcha de potentes medidas de promoción y garantía del empleo para las personas maduras, evitando la fuerte discriminación por edad que se sufre en nuestras sociedades”. Y, además, “porque, sin garantizar que se mantenga o que se incremente el ingreso, lo único que consiguen los aumentos de la vida activa son disminuciones netas del salario”. Esto es- afirman- lo que ha provocado el aumento de la edad de jubilación en dos años de la última reforma: “una caída media del 10% de la pensión recibida, del 8% para las rentas más altas y del 13% para las más bajas. Es decir, un efecto de la misma naturaleza- recorte neto- que el creado por el aumento en los años de cómputo de la pensión: pasar de 15 a 25 años supone una reducción de la pensión del 7% para casi las tres cuartas partes de la población trabajadora”.
Los verdaderos peligros sobre las pensiones: las políticas neoliberales, el paro y la desigualdad
El dinero que mueven en España las pensiones públicas, que no es otra cosa que ahorro de los trabajadores, supera los 120.000 millones de euros anuales, un botín muy apetitoso para los bancos
Por ello, y en este estado de cosas resultaría pueril y suicida no reconocer que existe un peligro grave en España que se cierne sobre el futuro del sistema público de pensiones. Pero el peligro no viene de donde apuntan insistentemente los “expertos” neoliberales. Juan Torres y Vicenç Navarro lo afirman abierta y tajantemente: “Ese peligro procede, precisamente, de las políticas que vienen aplicando quienes defienden los recortes y la privatización progresiva del sistema. El verdadero peligro que las amenaza – sentencian – radica en que se sigan aplicando políticas que aumentan cada vez más la desigualdad y de que haya menos masa salarial de donde obtener cotizaciones sociales, a pesar de que existan cada vez más mujeres y hombres empleados”.
Y lo explican con claridad cuando ponen de relieve que “la participación de los salarios en la renta ha descendido en más de 13 puntos porcentuales en los últimos 20 años” y señalan que “esto quiere decir que los aumentos de productividad en ese tiempo han sido aprovechados fundamentalmente para engrosar los beneficios empresariales y apenas han repercutido en las rentas salariales”. A partir de ahí remachan sus críticas:”Las pensiones públicas están en peligro. Lo que hace peligrar el disfrute de las pensiones es la falta de empleo, el empleo precario, los salarios bajos, la desigualdad, la baja participación laboral de las mujeres, la especulación financiera, el reducido gasto social. Sin más oportunidades de empleo y sin igual o mejor salario, las reducciones de la cuantía de las pensiones, de forma directa o a través de tortuosas vías, no se puede hablar de racionalizar o hacer más sostenible un sistema de protección social. Lo que se hace es sencillamente desmantelarlo. Estrategia neoliberal de apropiación del ahorro de los trabajadores”. Por eso denuncian que “las continuas demandas de la patronal española y de los grandes grupos financieros defendidas por los economistas neoliberales son las verdaderas amenazas que pesan sobre las pensiones públicas”.
Dicho resumidamente, “con el nivel de paro y de empleo precario, el sistema de pensiones públicos está en auténtico peligro si solo se financia con las cotizaciones sociales que pueden proporcionar el actual nivel de empleo”.
Propuestas para fortalecer el sistema público de pensiones
Juan Torres y Vicenç Navarro plantean propuestas tendentes a mejorar y perfeccionar el sistema, en lugar de debilitarlo, tal como se ha venido haciendo desde hace años. Para ellos, “es preciso avanzar en dos frentes complementarios. Fortaleciendo la capacidad de generar actividad económica sostenible. Y logrando que el sistema de pensiones públicas pase a financiarse, si fuese necesario, también con otros ingresos, a través de una fiscalidad progresiva. Hay países donde las pensiones son financiadas con fondos públicos en su mayoría”. Es decir, todo lo contrario de lo que sucede en España, donde, como hemos visto anteriormente, las aportaciones de los trabajadores suponen el 82,6% del presupuesto de la Seguridad Social.
Partir del supuesto de que la evolución demográfica induce un nivel de gasto que no se va a poder financiar, porque se establece como hipótesis que no habría ni actividad, ni empleo, ni salario suficiente para ello, es un razonamiento cerrado, una burda manipulación del pensamiento
Además, concretan particularmente sus propuestos, por ejemplo, las relativas a los ingresos, con dos de ellas muy precisas. La primera, “un incremento extraordinario de las cotizaciones sociales, tanto las que corren a cargo del empresario como de los trabajadores, de unos 2 puntos porcentuales más. La segunda, contribuir con financiación de impuestos en estos momentos de crisis, aunque- subrayan- para ello debería realizarse previamente una profunda reforma fiscal y mediante la persecución del fraude fiscal de grandes empresas y fortunas”.
También plantean la corrección de dos deficiencias graves que actualmente presenta el sistema. La primera es “la determinación y evolución de las bases máximas y mínimas de cotización que, por un lado, evolucionan por debajo tanto del IPC como de las propias bases de cotización medias en los últimos años, lo que disminuye los ingresos del sistema y la protección social pública de las personas que se encuentran en los dos extremos de la cotización, por debajo de 750 euros/mes y en el entorno de los 3.000 euros/mes por otro”.
También añaden que “es preciso, además, reducir la desigualdad haciendo que suban los salarios. Pero, alertan, no basta con eso si, como ocurre ahora, una parte de los salarios altos quedan excluidos de cotizar a la Seguridad Social debido a los topes máximos establecidos. Por el contrario, si la contribución a la Seguridad Social fuera progresiva en vez de regresiva – como lo es ahora- los fondos del sistema aumentarían en una gran proporción”.
La segunda deficiencia que a su juicio hay que corregir es “la baja cotización de los casi 4 millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y que realizan un escaso esfuerzo de contribución a la Seguridad Social, generando un alto porcentaje de pensiones mínimas que contradice el sentido más elemental de “contributividad” que, incluso, un sistema de reparto como el nuestro debe tener, así como que los trabajadores autónomos y por cuenta propia coticen por sus ingresos reales.
Hay que replantear las fuentes de financiación
Retomando el análisis sobre uno de los aspectos esenciales contenidos en los Pactos de Toledo, Torres y Navarro insisten en que la separación de fuentes de financiación establecida en aquéllos “supone ventajas pero eso no quiere decir que se tenga que asumir como un principio inamovible. Sobre todo en etapas de recesión y crisis. Hace falta replantearlo para facilitar que se conjuguen con la flexibilidad necesaria para no perjudicar el principio superior de suficiencia que, en realidad, es el que debiera gobernar cualquier sistema de protección social”.
El verdadero peligro que amenaza las pensiones radica en que se sigan aplicando políticas que aumentan cada vez más la desigualdad y de que haya menos masa salarial de donde obtener cotizaciones sociales. Pero no es obligado que la Seguridad Social se financie exclusivamente por medio de las aportaciones de los trabajadores
Asimismo, también proponen reformas de determinadas prestaciones, como las derivadas de fallecimiento, viudedad y orfandad, que afectan a casi 2,5 millones de personas. Y, en este sentido, critican la importante discriminación que sufren las mujeres en nuestro sistema de pensiones. Se encuentran con mayores dificultades para el acceso, no se les reconoce toda la actividad laboral que efectivamente realizan y, además, la legislación española que regula el derecho a la pensión de jubilación contributiva de los trabajadores a tiempo parcial perjudica a un número mucho mayor de mujeres, que son quienes realizan el 80% de los empleos a tiempo parcial, al exigirles un periodo de cotización más elevado en comparación con los trabajadores a tiempo completo..
Juan Torres y Vicenç Navarro llegan en su nuevo libro a una conclusión que compartimos y que merece la pena tener presente.”Las pensiones públicas no son un lujo al que se pueda renunciar. Sin ellas, 65 de cada 100 personas mayores de 65 años estarían en la pobreza. Y es una quimera- un vil engaño- afirmar que el ahorro privado puede sustituirlas.¿Cómo van a ahorrar lo suficiente para financiarlas el 64% de los trabajadores españoles que ganan menos de 1.000 euros al mes? ¿Cómo va a poder hacerlo el 70% de las familias españolas que no llegan a fin de mes sin agobios, según la Asociación de Usuarios de la Banca?”
En su introducción, los autores traen a colación una cita de Joan Robinson, economista inglesa postkeynesiana, profesora de la Universidad de Cambridge y una de las voces heterodoxas de la comunidad académica, fallecida ya en 1983. Para Joan Robinson “la gente normal debería estudiar economía aunque solo fuese para evitar ser engañada por los economistas”. Repasando con Juan Torres y Vicenç Navarro las falacias, falsedades puras y duras y las verdades a medias lanzadas urbi et orbi por los nuevos profetas del neoliberalismo, está claro que lo que dice Joan Robinson es una tarea absolutamente necesaria. Pero, afortunadamente, no todos los economistas y científicos sociales son de la catadura moral de estos augures. Juan Torres y Vicenç Navarro pertenecen a esa estirpe de economistas críticos que con sus trabajos alertan a los ciudadanos y les ayudan a abrir los ojos ante las ofensivas incesantes de los neoliberales. Por eso, terminan su libro con unas palabras que merece la pena recordar: “Es posible evitar ese robo si se conocen bien las intenciones de quien quiere aprovecharse de ello y si la sociedad en su conjunto se conjura para evitarlo”. Su nuevo presta una ayuda muy importante a ambas cuestiones.
Rodrigo Vazquez de Prada. Crónica Popular

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