OPERADORAS
PRIVADAS OFRECEN YA “SEGUROS DE DEPENDENCIA”, PREPARÁNDOSE PARA UN NEGOCIO QUE
PODRÍA SUPERAR LOS 6.000 MILLONES DE EUROS
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| José Luis Gómez-Ocaña, Rafael Pérez y Enrique Rivas |
Organizada
por el Frente Cívico SOMOS MAYORÍA DE PUERTOLLANO, ce celebraba este fin de
semana una charla coloquio sobre el cumplimiento de la Ley de Dependencia en
Castilla La Mancha. Los ponentes eran José Luis Gómez-Ocaña y Enrique Rivas,
presidente y portavoz de la Plataforma Ley de Dependencia y ambos fueron
especialmente críticos con los duros recortes a que vienen siendo sometidas las
personas dependientes desde que Dolores Cospedal accedió al gobierno regional.
Empezaba
su intervención Gómez-Ocaña lamentando que transcurridos casi dos años desde la
toma de posesión del nuevo Gobierno aún no han sido recibidos por este, pese a
que han cursado más de una docena de solicitudes. “El desprecio con la que es tratada la Plataforma es equiparable a lo
canallas e inhumanas que son las medidas de Cospedal para con las personas
dependientes”. Así, con estas crudas palabras, entre el lamento y la ira,
comenzó la lista de agravios a los dependientes y sus familias.
Desde
que tomó posesión el nuevo gobierno, afirma Gómez-Ocaña, en nuestra región hay
una reducción continuada del número de beneficiarios y de los derechos de
estos. Los datos, tratándose de un colectivo tan vulnerable, expresan la
crudeza con que se aplica un modelo ideológico que busca también la
privatización de este servicio público. Para ello se están deteriorando las
prestaciones hasta niveles del siglo pasado, buscando que las operadoras
privadas tengan allanado el camino para entrar en un negocio que podría mover más
de 6.000 millones de euros. En concreto, desde agosto de 2012, fecha en que
entraron en vigor los nuevos recortes, más de 25.000 familias
castellanomanchegas han visto reducidas sus ayudas hasta un 25%, y hay una
larga lista de espera de casi 19.000 dependientes de grado uno que no entraran
en el sistema hasta 2015. “Muchos de
ellos fallecerán antes de entrar”, se lamentaba Gómez-Ocaña.
Los
recortes han supuesto que los usuarios tengan que aportar ahora un 90%, frente
al 60% que aportaban antes del nuevo decreto. “Pero la medida más grave, la más sangrante, se lamentaba
Gómez-Ocaña, es que el 93% de los
cuidadores, en su gran mayoría mujeres, han sido expulsadas como cotizantes del
sistema de Seguridad Social al ser incapaces de soportar un gasto que supera la
prestación pública que reciben por atender a un familiar dependiente”. “El gobierno de Cospedal quiere ir aún más
lejos y exigir un certificado de idoneidad a los cuidadores, emitido lógicamente
por la administración y cobrar 40€ a quien lo solicite. Con esta medida nos
acercamos un pasito más a los cuidadores privados en detrimento de los
cuidadores familiares y se abren las puertas al negocio que con tanto empeño
reclaman las operadoras”.
Según
José Luis Gómez-Ocaña, Castilla La Mancha ha reducido los presupuestos de
dependencia un 20%, ninguna partida se ha reducido tanto, y si “esta medida parece inhumana, más lo es la
intención ya no disimulada de que los dependientes abandonen sus entornos familiares
para entrar en centros privados o públicos a los que tendrán que entregar gran
parte de la prestación recibida y firmar un reconocimiento de deuda por la
diferencia entre lo aportado y el precio estipulado por la plaza en ese centro.
Así, tras el fallecimiento del dependiente, los herederos verán como el
patrimonio heredado pasa en gran parte a manos de la administración para
cancelar la deuda contraída por su familiar, advertía el Presidente de la
Plataforma Ley de Dependencia.
El
fraude del que son acusados los dependientes sobrevoló también la
conferencia-coloquio. Enrique Rivas, portavoz de la Plataforma, desmintió los
datos manejados por la Consejería, que se han reducido desde las importantes
cifras iniciales hasta apenas un centenar de casos según el último informe. Aclaraba
Rivas que lo que Echaniz denuncia como fraude es en realidad el ejercicio de lo
contemplado por la Ley, pues “el familiar
tiene derecho a percibir, a la muerte del dependiente, las mensualidades iniciales
no pagadas por la administración”. “Eso
no es fraude, insistía Rivas, eso es cobrar lo que nos corresponde y que la
administración deliberadamente retrasa”. “Por eso hemos presentado sendas querellas por injurias contra José Ignacio
Echaniz, Consejero de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Castilla La Mancha,
y contra Juan José García Ferrer, Director General de Mayores y Dependientes
del IMSERSO, quienes han acusado a los dependientes de cobros indebidos”.
M.
Félix
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