domingo, 14 de julio de 2013

DÉFICIT DE TÁRIFA: LO QUE MANDEN LAS ELÉCTRICAS

Saez de Santamaria y Soria comparecen tras el consejo de ministros
“Las eléctricas han encontrado en el déficit de tarifa el argumento perfecto para condicionar la política energética de nuestro país. El valor primordial de la deuda que el gobierno tiene presuntamente contraída con el oligopolio energético no es la modificación al gusto del recibo de la luz, es la demolición de las energías renovables por mandato expreso de las eléctricas.”
El déficit de tarifa, es un artificio contable, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el PP de Aznar para calcular el precio de la electricidad que el PSOE de Zapatero no se atrevió a desmontar. Este tinglado nació en el año 1997, al promulgar el Gobierno de José María Aznar la Ley 54/1997 que liberalizaba el sector eléctrico español. Hoy, José María Aznar es asesor externo de Endesa, cargo por el que percibe un sueldo que ronda los 200.000 euros anuales.
Es realmente una estafa, una supuesta deuda que los consumidores han contraído con las mayores empresas eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural), que viene siendo objeto de un discurso simplista e interesado por parte de las eléctricas y medios de comunicación con sustanciosos contratos publicitarios, que se limitan a atribuirlo al coste de las energías renovables. Sin embargo, a los ciudadanos no se nos ha explicado que el déficit tiene su origen en el proceso de privatización del mercado eléctrico que se inició en 1998. Tampoco que, para el abono de tal deuda, el gobierno de Zapatero aprobó el Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico, con emisiones de deuda avalada por el Estado pero gestionado por los bancos, a los que se les hace partícipes del jugoso banquete. En conjunto, el Fondo gestiona unos 24.000 millones de euros, que pagaremos hasta el 2020 a través del recibo de la luz.
Un negocio redondo para las eléctricas que, argumentando que es para compensar sus pérdidas, cobran unos superbeneficios añadidos a los beneficios que ya obtienen; y también para los bancos que se hacen con el jugoso negocio de los intereses de la deuda titulizada de 24.000 millones sin poner un solo euro de su propiedad. ¿Será acaso otra vía de ayuda para sanear las pérdidas de la burbuja inmobiliaria? ¿Explica esto que las eléctricas contraten a políticos como Aznar, González o Salgado, cuando dejan el gobierno?

El precio de la electricidad es fijado por el sector
Desde hace tiempo, el Gobierno no regula el precio de la electricidad sino que éste es fijado en un mercado oligopólico donde las empresas que venden y compran energía son en la práctica las mismas y tienen un enorme poder de influencia sobre el precio resultante. Este proceso de privatización se ha llevado a cabo sin contar con la ciudadanía y ha conducido a un mercado cuyo funcionamiento es totalmente opaco para la sociedad. Existen dentro de ese mercado muchos mecanismos que son responsables de la subida del precio de la electricidad y del déficit de tarifa: las primas a fuentes de energía emisoras de CO2 como carbón y gas natural (pagos por capacidad), la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia (por la que se estima que las eléctricas deberían devolver más de 4.000 millones de euros), los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras obtienen cuantiosos dividendos (subastas CESUR).
La suma de estos mecanismos, sospechosos de haber sido manipulados en varias ocasiones durante la última década para la Comisión Nacional de la Energía (CNE), conllevan un elevado coste y carecen de los beneficios que las primas a las renovables aportan al sistema de generación eléctrica: disminución de emisiones de CO2 y de importaciones de combustibles fósiles y, más genéricamente, ser la piedra angular de la inexorable transformación del modelo energético. Es por tanto un error eliminar las primas a las renovables con la acusación torticera de ser las responsables del déficit de tarifa. En todo caso, me parece indignante que sean precisamente las empresas eléctricas –un oligopolio que, desde la privatización y a pesar de la crisis, no ha dejado en ningún momento de anunciar beneficios desproporcionados– las que reclamen al Estado unas supuestas pérdidas que superan el 6% de los Presupuestos Generales. Una cantidad comparable a todos los recortes realizados por el último Gobierno del PSOE o al primer gran paquete de recortes que hizo el PP. La propia CNE ha sugerido recientemente la necesidad de revisar la deuda sin descartar la aplicación de quitas parciales, lo que ha provocado el rechazo unánime de la patronal eléctrica, UNESA.
Creo que antes de discutir los mecanismos técnicos para reducir el déficit de tarifa, los ciudadanos debemos reclamar que se abra un debate social amplio sobre el origen y la legitimidad de esta deuda. Para ello, es necesario insistir en que el déficit de tarifa no es la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que pagamos por ella sino la diferencia entre los “costes reconocidos del sistema eléctrico y lo que el sistema ingresa vía tarifas”, que suena lo mismo pero no es igual.
Veamos algunos ejemplos realmente ilustradores (los datos son oficiales). El precio de coste real de producción de un MW/h en una central nuclear apenas alcanza los 44’37€ y el precio fijado por el oligopolio de las eléctricas para 2012 era de 57’56€. En el caso del MW/h producido en pool hidroeléctrico la diferencia es aún mayor ya que cuesta producirlo 39’00€ y se cobra también a 57’66€. Estos datos llevaron a la Asociación Nacional de Productores e Inversores Renovables (ANPIER) a estimar que el 32% del déficit de tarifa es virtual y se ha generado a través de dos mecanismos imperfectos pero muy favorables a UNESA: el sistema de pool y la moratoria nuclear.
Frente a los datos de UNESA, los datos barajados por ANPIER demuestran que de lo reclamado 52’3M€ son imputables a la moratoria nuclear, 962’3M€ al pool nuclear y 602’4M€ al pool hidroeléctrico. Hasta la fecha, los españoles hemos abonado más de 4.000M€ con cargo a la moratoria nuclear y está más que satisfecha una deuda que nunca debió ser reconocida. Además, el pool nuclear e hidroeléctrico representa casi el 30% de la electricidad consumida en nuestro país y ya hemos visto la favorable diferencia entre el precio por producción y el precio de mercado.
Con la decisión de privatizar nuestro sector energético, el gobierno de Aznar regaló no solo la titularidad de las empresas, sino que se comprometió a compensar a los compradores por las inversiones modernizadoras de las infraestructuras heredadas del franquismo. Un negocio redondo que culminó con la adquisición de las principales empresas españolas por las grandes empresas públicas de Alemania e Italia (ENEL y E-ON) y convirtió a nuestro país en el único de su entorno que ha privatizado un sector tan determinante como él energético. En el compromiso de compensar las inversiones modernizadoras está el origen del déficit de tarifa. Otra muestra más de su ilegalidad.
Lo cierto es que el oligopolio eléctrico español, todos los gobiernos han obedecido sus órdenes, ha subido el recibo de la luz un 63% en el periodo 2003-2011 y ahora se propone subirlo otro 3’2% para el próximo mes de agosto. Incremento que se sumará al reciente 1’2% y que a buen seguro no será el último puesto que, de dar por buenos sus argumentos, el recibo debería subir un 42% en los dos próximos años.
Las otras víctimas, junto a los consumidores, son las energías renovables. El sector anuncia un aluvión de demandas contra el gobierno por haber modificado unilateralmente las reglas de juego que motivaron las inversiones. Todo el sector renovable sale perjudicado, especialmente el sector fotovoltaico, excepto alguna inversión apadrinada por EEUU, que ha sido excluida de los recortes. La central termosolar que la empresa de California Solar Reserve proyecta en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se ha vuelto a salvar del recorte del Ministerio de Industria.
Los ciudadanos deberíamos implicarnos activamente en un cambio de modelo energético que apueste por las energías de origen renovable, entendiendo que la energía es un medio y no un fin en sí mismo y, por lo tanto, debe gestionarse para proporcionar confort y generar progreso económico y social con unos costes razonables y transparentes, cuya perspectiva no se agote en el horizonte anual de unos presupuesto generales, sino en una planificación a largo plazo que contemple la sostenibilidad, la seguridad y el bienestar de las generaciones futuras.

No podemos olvidar que quienes nos reclaman 24.000 millones en forma de déficit de tarifa han obtenido en los tres últimos años unos beneficios contables de 21.991 millones. Y esto en la peor de las crisis del mundo capitalista y mientras los españoles hemos visto incrementar en un 63% el recibo de la luz desde el año 2006.


Marcel Félix de San Andrés

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUÍ TU OPINIÓN

NUEVO PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017: LAS CLAVES PARA EL ACUERDO PAGE-MOLINA

Encuentro institucional de García Page y García Molina Finalmente, ante las repetidas llamadas a la negociación de los diputados de Po...