Las consecuencias del modo en que la Constitución reguló el brazo legal de la sociedad, el llamado Poder Judicial, son, a día de hoy, catastróficas.
Veamos ahora las causas de la situación. El actual ordenamiento deja en manos de los partidos políticos el nombramiento de los magistrados del Constitucional hasta el extremo de que su actual presidente es un militante del PP. Resumiendo mucho, los crímenes del franquismo se investigan en Argentina, pasados cinco años de investigación de la trama Gürtel, todavía ningún juez ha ordenado un registro en la sede del PP y ni siquiera en la casa de Bárcenas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al tumbar la doctrina Parot, se ha llevado por delante al Tribunal Supremo, que la creó, y al Constitucional, que la avaló…
Los partidos tienen también en la mano los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) y, de la misma tacada, del Presidente del Supremo. En pocas palabras, los partidos gobiernan la carrera judicial a través del CGPJ. Y nombran a quienes les podrían corregir desde el Constitucional. O sea, todo el poder está en manos de los partidos y, cuando tiene suficiente mayoría, como ahora el PP, en manos de un solo partido. En esas circunstancias, se entiende que ningún juez se atreva a registrar la sede del partido que todo lo controla y gobierna en el ámbito judicial. Y se entiende también que, quien lo intentó, Baltasar Garzón, haya sido excluido vergonzosamente de la carrera judicial, en una serie de juicios instigados desde el Supremo por quienes se limitan a servir a sus amos y no a los intereses generales del país. Y también se explica que pocos jueces de oficio abran las fosas de la Guerra Civil y que nadie investigue a los criminales de lesa humanidad, que serán perseguidos desde Argentina si esto sigue así. Y ello porque el PP no ha condenado el franquismo todavía y tiene en su interior a los herederos políticos de la dictadura, lo que explica que en España formalmente no haya extrema derecha.
Capítulo aparte merece el desastre jurídico que significa el arrumbamiento por ilegal de la doctrina Parot, con la que el Supremo trató de contentar a unos partidos políticos que no habían legislado para evitar el evidente desatino de que un crimen sea igual a varios a efectos penitenciarios. Esos mismos partidos, a través de sus representantes en el Constitucional, rizaron el rizo avalando algo que es ilegal desde el principio mismo en que se adoptan medidas retroactivas, algo que sabe cualquier alumno de primero de derecho.
La Constitución del 78 hace aguas por muchos sitios y es preciso por ello cambiarla para permitir que la carrera judicial no esté mediatizada por unas organizaciones, los partidos políticos, que han demostrado con su práctica política su incapacidad para anticiparse a los problemas y su capacidad para crearnos problemas a todos cuando actúan, al propiciar normas que cualquier tribunal independiente no puede menos que tumbar.
En una Nueva Constitución los jueces, aparte de acceder por méritos a la carrera judicial, cosa que ya ocurre, deben ascender en el escalafón por procedimientos tasados y como resultado de votación popular cuando varios candidatos tengan similares méritos. Esa propuesta se contiene en la propuesta de Nueva Constitución realizada en estas mismas páginas bajo mi firma.
Plumaroja
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