lunes, 25 de noviembre de 2013

CON EL “ESTATUTAZO” DE COSPEDAL NOS JUGAMOS LA DEMOCRACIA EN CASTILLA LA MANCHA

El grupo socialista acusó a Cospedal de "pucherazo"
¿Qué importancia debería tener para mí la ley electoral de Castilla La Mancha? La respuesta dependerá si considero que el parlamento sólo sirve para elegir y cambiar el gobierno, opción que han venido sosteniendo hasta la fecha los dos grandes partidos beneficiarios del modelo bipartidista, o considero que la cámara debe ser la representación real de la sociedad, opción más próxima a los postulados de IU y el 15M.
La ley electoral establece las reglas del juego que determinan cual de dichas opciones tenemos. En ella se refleja el tipo y calidad de nuestra democracia y en qué medida estamos representados como ciudadanos. En mi opinión, la opción más democrática es que la cámara represente a la sociedad castellanomanchega en su conjunto ya que así se respondería a una concepción de la democracia más completa. Con la opción representativa, además de un mecanismo para elegir gobiernos, para esto sirven ambas opciones, aseguraríamos que el parlamento, y el gobierno de él derivado, representarían de forma adecuada a la ciudadanía. Lamentablemente, la Constitución Española se decanta por la opción representativa aunque no impide otro desarrollo a través de otras leyes electorales.
Veamos en la práctica la aplicación de cada opción a la Ley electoral de Castilla La Mancha, tan de moda en estos últimos años, incluso a nivel nacional, y nunca por motivos positivos. Hasta la fecha, todas nuestras leyes electorales, hayan sido promovidas por el PSOE o por del PP, plantean un sistema de elección de diputados por circunscripción provincial. Esto garantiza que las cinco provincias estén representadas, teóricamente en función de su población, pero supone una distorsión en la proporcionalidad entre votos y escaños ya que no se asegura que los diputados de cada partido se correspondan con los votos totales regionales obtenidos. La desproporcionalidad entre votos y escaños es especialmente significativa cuando la cifra de escaños a repartir en cada territorio es baja, como viene a plantear la última propuesta de Cospedal.
Imaginad que tenemos que repartir 25 diputados regionales entre los partidos PP, PSOE, IU y UPyD cuyos porcentajes de votos serian respectivamente, el 40% (PP), 38% (PSOE), 14% (IU) y 10% (UPyD), resultados más que probables según lo reflejado por distintas encuestas. Si repartimos en base al cómputo de dichos votos totales regionales, circunscripción única, corresponderían 10 escaños para él PP, otros 10 para el PSOE, 3 para IU y 2 para UPyD. Pero si en vez de un reparto global regional hacemos cinco repartos de 5 diputados cada uno (teniendo la provincia como circunscripción), resulta que en cada provincia el PP conseguiría 3 diputados y el PSOE 2. Si la circunscripción es la provincia, la cámara regional estaría finalmente integrada por 15 diputados del PP y 10 diputados del PSOE y pese a representar un 24% de los votos emitidos, uno de cada cuatro, IU y UPyD se quedarían sin representación en las cortes regionales. El resultado de un reparto de escaños por provincias, con pocos diputados en cada una de ellas como quiere el PP, es que la composición del parlamento deja de ser un reflejo del voto popular: el 30%, 40% o incluso el 50% de los votos ciudadanos pueden no estar correctamente representados. El ejemplo anterior muestra que, con independencia de la voluntad ciudadana, la Ley D’Hont y la nueva ley electoral cambiarían completamente la composición del parlamento regional y, en consecuencia, el posible gobierno y distorsionado gravemente la voluntad democrática expresada en las urnas.
Cospedal buscaría asegurar el resultado electoral
Los anteriores datos servirían también para explicar porque PP y PSOE se pelean enconadamente por determinar que provincias eligen más diputados y cuáles de ellas eligen una cifra impar. Según los datos de nuestro ejemplo, el PP gana al PSOE en todas las provincias por el 2% y se llevaría el diputado impar (el quinto de cada provincia según la última propuesta del PP). Recordemos que el PP cambió la ley electoral en 2012, aumentando el número de diputados, para intentar que las provincias impares le fueran favorables en el futuro y lo mismo hizo el PSOE en 2007. Además, para garantizarse dicha ventaja electoral, ambos partidos fijaron en su ley electoral la cifra exacta de diputados de cada provincia, en vez de dejar que se ajustará según evoluciona la población.
En consecuencia, los castellanos-manchegos hemos tenido y tenemos las leyes electorales más generadoras de conflicto, ninguna reforma se ha hecho con consenso, y además son las menos representativas de toda España. Nuestra ley electoral actual, aprobada en solitario por Cospedal al poco tiempo de tomar posesión, contempla unas cortes regionales con 53 diputados, asigna un promedio de 10 diputados a cada circunscripción provincial, mientras que la media en el resto de las comunidades autónomas es de 26 diputados por provincia. Si equiparamos nuestras cortes a la media española tendríamos una cámara regional con un centenar de diputados e IU tendría grupo parlamentario propio desde hace varias legislaturas. También es probable que el PP no hubiera alcanzado la mayoría necesaria para formar gobierno.
¿Y cómo afectará a la calidad democrática de nuestras instituciones una reforma electoral que propone reducir el total de diputados regionales a una horquilla de 25 a 35? Pues vendrá a agravar de manera muy significativa las consecuencias negativas y defectos comentados anteriormente. Los diputados en cada reparto provincial caerán hasta una media de 5 a 7, quedando, con estas cifras, los principios constitucionales de representatividad y proporcionalidad en mera declaración de principios y pudiendo pasar cosas tan graves como las indicadas en el ejemplo comentado: alteración total de la voluntad democrática de la ciudadanía. La importancia de las provincias impares será aún mayor y las peleas electorales por ellas también, primándolas en el reparto de inversiones y servicios. El bipartidismo será inevitable, incluso aunque un tercio de los castellanomanchegos optásemos por terceros partidos. En definitiva, la propuesta del PP nos conduce a un miniparlamento con altas probabilidades de no reflejar la voluntad que los ciudadanos manifiesten en las urnas. Como será de antidemocrática la propuesta de Cospedal que el PP pretende tapar sus corruptelas en la Comunidad Valenciana aplicando la receta de Castilla La Mancha.
Las ventajas que argumenta la presidenta Cospedal sobre la reducción de diputados son que reduce los costes de las instituciones políticas, da ejemplaridad de la clase política ante los ciudadanos, y es lo que quiere mayoritariamente la ciudadanía. La primera supuesta ventaja se rebate fácilmente porque los gastos de funcionamiento de entre 30 diputados y 60 diputados, que no cobran sueldo, suponen unos 30 céntimos de euro por ciudadano y año. Personalmente prefiero pagarlos antes que tener un parlamento poco representativo. El argumento de la ejemplaridad me parece sencillamente demagógico ya que para ser ejemplar existen numerosas opciones sin que sea preciso reducir la representatividad del parlamento: reducir y/o eliminar los asesores elegidos a dedo (no votados), ser transparentes de verdad con los dineros públicos facilitando que los ciudadanos podamos conocer como y que se gastan, echar a patadas a los corruptos en vez de encontrar siempre excusas para mantenerlos en el puesto, combatir con todo el peso de la Ley a los corruptores. Sobre la tercera ventaja, lo que queremos la inmensa mayoría de ciudadanos es que los políticos sean nuestros representantes y no un grupo ajeno, una casta que nos genera nuevos problemas en vez de resolver los existentes. Queremos que en lugar de manipular las reglas de la democracia para su propio beneficio antepongan el interés general, por ejemplo, elaborando leyes electorales justas y neutrales, y consensuadas.
La austeridad es buena o no, según de donde partimos. Los números demuestran que las Cortes de Castilla-La Mancha ya son el parlamento autonómico más austero. Con 53 diputados, 49 actualmente, tenemos bastantes menos que otras regiones con población similar: Canarias 60 y País Vasco 75. Con la reducción a una horquilla de 25-35 seremos más del doble de austeros que el siguiente. Ponerse a dieta puede ser bueno para reducir peso, pero si ya estamos muy delgados lo que hacemos es poner en peligro nuestra salud. De igual manera, esta dieta de adelgazamiento tan fuerte de nuestro parlamento regional pone en peligro la salud democrática en Castilla-La Mancha.
Dado que el PP tiene mayoría absoluta en el parlamento regional y en el nacional, es muy probable que se apruebe la reforma del estatuto que implica la reducción de diputados a la horquilla ya mencionada, aún sin consenso y siendo la primera vez en la historia de España en que una norma básica, como lo es un estatuto de autonomía, se reforma con el apoyo de solo uno de los dos grandes partidos y la oposición del resto de fuerzas políticas.
El PP ha dicho que su objetivo al promover la reducción no es su propio beneficio pero cuando elabore la futura ley electoral lo comprobaremos. Si hace una ley que simplemente reduce la cifra de diputados y reparte muy pocos en cada provincia, estaremos en una situación parecida a la expuesta en el ejemplo. El PP tendrá su ley electoral, muy poco proporcional, que generará un parlamento poco representativo y que, aunque no lo pretendía, casualmente le beneficia mucho. Si por el contrario quisiera una ley neutral, debería asegurar dos aspectos que son clave para una democracia realmente representativa: a) Que todos los votos valgan igual, lo que supone la proporcionalidad de escaños con los votos totales regionales y un reparto proporcional puro no condicionado por la Ley D’Hont; y b) Capacidad de elegir a nuestros representantes, lo que supone que, además de votar a un partido, deberíamos poder votar a las personas en listas abiertas y desbloqueadas. Consolidar definitivamente una única circunscripción electoral (toda Castilla La Mancha) pondrá fin a la triste historia de peleas partidistas por decidir las provincias impares.
Hagamos, para terminar, un ejercicio de reparto proporcional puro con los supuestos del ejemplo contemplado al principio. Sin las restricciones impuestas por la Ley D’Hont, con un supuesto de 33 diputados a repartir, las cortes regionales contarían con 13 diputados del PP, 11 diputados para el PSOE, 6 diputados para IU y 3 diputados para UPyD. Estas si serían unas cortes regionales que representarían la voluntad expresada en las urnas por los electores.

Plumaroja

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