El pasado mes de julio, el PP registró en el Congreso
de los Diputados una propuesta de reforma electoral que afecta solo a las
elecciones municipales. No es algo nuevo, ya insinuó hace un año una reforma de
ese tipo; la diferencia es que en esta ocasión la ha matizado y la ha
presentado en el Congreso para que se cree una subcomisión de la comisión
Constitucional y así pueda seguir el trámite parlamentario.
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| Mariano Rajoy y Felipe VI |
Lo más sorprendente de la propuesta es que contiene un
gran número de barreras electorales. De mayor a menor aparecen los siguientes
porcentajes de votos: 40%, 35%, 30%, 15%, 10%, 7% y 5% como requisitos para
hacer un reparto u otro. Es difícil encontrar un sistema electoral en el mundo
que use tal cantidad de barreras electorales para sus elecciones municipales.
La falta de valores democráticos lleva al PP a
plantear cambios en la asignación de concejales solo cuando no alcanza la
mayoría absoluta. Si el resultado le va bien nada se toca, pero si el resultado
le es menos favorable propone lo siguiente:
Si la candidatura que obtiene mayoría simple ha
recibido al menos el 35% de los votos y distancia a la siguiente candidatura al
menos en 5 puntos porcentuales, obtendrá automáticamente la mitad más uno de
los concejales. Esa misma asignación se producirá si la candidatura más votada
supera el 30% de los votos y distancia a la siguiente en al menos 10 puntos. En
ambos casos los restantes concejales se asignan a las demás candidaturas que
hayan superado el 5% de los votos.
Si ninguna candidatura supera el 30% se hace una
segunda vuelta entre las candidaturas que hayan superado el 15% de los votos.
Tras la segunda vuelta, si la candidatura mayoritaria supera el 40% de los
votos o le saca 7 puntos a la siguiente se le asigna mayoría absoluta de
concejales y se distribuyen los restantes concejales a las otras candidaturas
en proporción a los votos que obtuvieron en la primera vuelta, siempre que
superasen el 5%; en caso contrario se hace un reparto proporcional de acuerdo
con los votos obtenidos en la primera vuelta.
Así pues, la resolución de las elecciones en unos ayuntamientos
se conseguiría en una vuelta mientras que otros tendrían que hacer una segunda
vuelta.
Es difícil, por no decir imposible, justificar esa
cantidad de porcentajes y diferencias de porcentajes entre las dos primeras
candidaturas, que ha elegido el PP para su propuesta de reforma electoral. Lo
fácil es simular resultados a partir de los datos de las últimas elecciones
municipales.
Así, por dar algunos ejemplos, con esta propuesta de
reforma electoral y con los votos recibidos por los partidos en las elecciones
municipales del 24 de mayo pasado, en las ciudades más pobladas se habría
celebrado una segunda vuelta con pocos partidos, concretamente en Madrid la
segunda vuelta habría sido entre PP, AhoraMadrid y PSOE; en Barcelona la
segunda vuelta habría sido entre Barcelona en Comú-E y CiU; Valencia también
habría tenido una segunda vuelta en la que participarían PP, Compromis y C’s;
en Sevilla la segunda vuelta habría sido entre PP y PSOE exclusivamente,
mientras que en Cádiz habría participado en la segunda vuelta PP, Por Cádiz sí
se puede y PSOE; por el contrario las otras seis capitales andaluzas
resolverían la elección en la primera vuelta dando mayoría absoluta al PSOE en
Huelva y al PP en las otras cinco capitales andaluzas.
Como se observa, muchas veces el primer partido
obtiene mayoría absoluta de concejales en la primera vuelta aunque sus votos
estén muy por debajo del 40% y, de no ser así, se pasa a una segunda vuelta en
la que participan muy pocos partidos, normalmente solo dos o tres, porque se
necesita haber superado el 15% de los votos; por tanto hay muchas posibilidades
de que uno de los partidos que participa en la segunda vuelta obtenga mayoría
absoluta.
En cualquier reforma electoral es importante conseguir
una buena representatividad y facilitar la gobernabilidad. La representatividad
que se consigue, si se aprueba esta reforma electoral, será sin lugar a duda
bastante inferior a la actual. Por el contrario la gobernabilidad aumentaría,
ya que afloraría una gran cantidad de ayuntamientos en los que una candidatura
recibe mayoría absoluta de concejales.
Por ello, estos cambios pueden recibir el beneplácito
de muchos ciudadanos y el rechazo de muchos otros.
No obstante, hay que tener presente que las barreras
electorales esconden algunos comportamientos que no suelen ser agradables para
nadie, y en este caso se proponen muchas barreras y algunas combinaciones de
ellas, con lo cual pueden dar lugar a muchos repartos que recibirían rechazo
popular. Más abajo vamos a mostrar un comportamiento poco grato: la posibilidad
de que parte de los votos recibidos por una candidatura tengan valor negativo
para la misma.
De antemano, a lo largo de la historia se han usado
barreras porcentuales en muchos sistemas electorales de diferentes países; su
finalidad es delimitar los partidos que tienen derecho a participar en el
reparto de escaños para el parlamento correspondiente. A veces la barrera
establecida no surte efecto alguno o tiene pocas posibilidades de repercutir en
el reparto; es lo que ocurre con la barrera del 3% que se exige en cada
circunscripción electoral para participar en el reparto de los escaños del
Congreso de los Diputados. Otras veces la barrera electoral origina faltas de
equidad entre dos partidos que quedan a ambos lados de la misma. En el caso
extremo dos partidos que difieren en un solo voto pueden diferir en bastantes
representantes. Es lo que ocurre con las barreras que aparecen en la propuesta
del PP.
Sin embargo, lo peor de la propuesta del PP no es
siquiera los saltos que originan las diferentes barreras electorales que
aparecen, sino que el PP ha ideado combinaciones de las mismas que pueden dar
lugar a situaciones tan irracionales como la siguiente: una candidatura puede
quedarse sin recibir ningún concejal por haber obtenido demasiados votos. Es
decir que, sin cambiar los votos de los restantes partidos, un partido que ha
quedado fuera del ayuntamiento habría recibido un concejal si hubiese obtenido
menos votos.
Por ejemplo, en la tabla se muestran los resultados
hipotéticos de 6 partidos en un ayuntamiento en el que se eligen 13 concejales,
donde los votos de los partidos que no alcanzaron el 5% aparecen agrupados en
una sola línea. El partido más votado no alcanza el 30% aunque supera en más de
10 puntos al segundo. Por tanto, habría que realizar una segunda vuelta en la
que participan los partidos que han obtenido al menos el 15% de los votos, es
decir sólo los tres primeros.
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| Resultado hipotético en que se basa el ejemplo |
Supongamos que en la segunda vuelta el partido más
votado supera el 40% y que es el C. Entonces C recibe 7 concejales y los otros
seis concejales se distribuyen entre A-B-D-E-F en proporción a los votos que
obtuvieron en la primera vuelta, resultando 3-2-1-0-0; con lo cual los partidos
E y F no reciben ningún concejal.
Ahora bien, ¿qué habría ocurrido si el partido E
hubiese recibido cincuenta votos menos, porque esos votantes se hubiesen
abstenido? En tal caso el partido A habría obtenido, en la primera vuelta, el
30.05% de los votos y el partido B el 18.09%%, con lo cual se habría asignado
al partido A mayoría absoluta de concejales, es decir a 7 de los 13 concejales,
y los otros 6 se los distribuirían entre los restantes partidos resultando
2-1-1-1-1
Así, cincuenta votos menos para E le habrían supuesto
a ese partido conseguir representación en el ayuntamiento. Es lo que se
denomina el valor negativo de los votos. Los partidos E y F pueden ironizar
diciendo que no han obtenido concejales por tener demasiados votos. Este es uno
de los comportamientos más absurdos que se pueden esperar de un sistema
electoral.
El fortalecimiento de la democracia en España es una
necesidad bastante evidente para muchos ciudadanos. En parte, la regeneración
democrática pasa por una reforma del sistema electoral que aporte robustez y
coherencia en la representación de los ciudadanos.
La reforma debiera afectar, antes que nada, a la
elección del Congreso de los Diputados, donde hay partidos que reciben muchos
más votos que otros pero el sistema electoral le asigna menos escaños; por otra
parte todos los votos debieran tener un valor similar, sin que ese valor
dependa del partido al que se otorgue ni del lugar desde el que se emite, como ocurre
en la actualidad. La reforma debiera extenderse también a algunos aspectos de
otras elecciones, como las de tipo autonómico para agilizar la formación de sus
gobiernos y, aunque no sea el caso más necesitado, si se quiere la reforma
también puede extenderse a las elecciones municipales.
En la reforma electoral que se haga, habría que
compatibilizar alta representatividad con la gobernabilidad. El PP se ha
preocupado solo por la gobernabilidad y solo por las elecciones municipales;
además su propuesta es insensata e injustificada. Se necesita hacer una reforma
de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) más amplia, razonable
y coherente que la presentada por el PP.
Victoriano Ramírez González
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