LA CONSTITUCION DEL 78 HA MUERTO, "VIVA LA CONSTITUCIÓN"

Cartel publicitario de la Constitución del 78

Tras las revelaciones en “ El País “ de que el Presidente del Tribunal Constitucional es, en realidad, un militante del PP, la Constitución del 78 es un cadáver político. En realidad ya lo era por el incumplimiento sistemático de sus principios, pero esta es la gota que colma el vaso.

Corroboramos ahora que en el actual sistema constitucional, los partidos políticos copan el ejecutivo y el legislativo y, a través del CGPJ, condicionan el judicial, ya que el presidente del CGPJ lo es también del Supremo. En artículos anteriores ya veníamos afirmando que la Constitución del 78 había quedado herida de muerte al fracasar sus estructuras fundamentales, los partidos políticos, en la resolución y la gestión de la crisis desatada por el capitalismo financiero internacional. Además, los partidos políticos se reparten  los organismos de control sectorial, desde el Banco de España a la Comisión Nacional de la Competencia, de las Telecomunicaciones, de la Energía, del Mercado de Valores, de RTVE, Tribunal de Cuentas, etc., con lo que, en la práctica, dichos organismos se convierten también en terminales de los partidos políticos. Es decir, la Constitución del 78 ha demostrado no tener separación de poderes, órganos de control independientes y ni siquiera un Tribunal Constitucional neutral para su interpretación.

Las causas y los efectos

Como recordaba recientemente Ignacio Sotelo, los constituyentes validaron el sistema electoral de la franquista Ley de Reforma Política, que garantizaba mayoría con poco más de un 35% de los votos. Y, además, convirtieron a los partidos políticos en los depositarios de la totalidad de los poderes del Estado, con la excepción de la Corona.

Cuando se goza del poder absoluto, como nos recuerda nuestra triste historia, quien lo detenta no tiene freno, lo que vemos hoy con un PP que gana elecciones a través de la financiación ilegal para luego incumplir su programa electoral, donde su alta dirección cobra sobresueldos ilegales provenientes de la venta de concursos públicos, donde el propio Presidente del Gobierno negocia con el ejecutor de esa política de financiación de su partido hasta el último minuto, o se dedica a llamar al Presidente del Supremo y del CGPJ para evitar que dos jueces investiguen distintos delitos derivados de esa financiación ilegal, como el 19/7/2013 afirma Ernesto Ekaizer en “El País“ que ha confirmado por cuatro fuentes distintas.

Las cosas podían haber ido por otro camino, ya que los constituyentes incluyeron que los nombramientos, por ejemplo, en los órganos de control, tenían que hacerse entre “profesionales de reconocido prestigio“ y a veces con años de experiencia, pero los partidos políticos españoles, sin excepción conocida, aunque en distinto grado, se han dedicado a controlar a través de simples marionetas todos los poderes, todos los órganos, hasta extremos que voy a caricaturizar con lo sucedido en un plató de TVE en Sevilla, donde el realizador profesional de un informativo le respondió a un directivo nombrado a dedo que le había dado una orden absurda: “cállate, que te hago caso”.

El efecto de la conjunción de los graves errores en la conducción del Estado por parte de los partidos políticos está a la vista: una grave crisis económica, social y política en la que todos los poderes del Estado están en cuestión.

La nueva Constitución Confederal

La solución pasaría por una nueva Constitución en la que se limiten los poderes de los partidos políticos, arrebatándoles y devolviendo al pueblo el más importante, el poder de decisión, que será ejercido por los ciudadanos directamente, como sucede en Suiza, a través de referéndum vinculantes periódicos.

Suiza es una Confederación, es decir, la suma voluntaria de varios cantones de distinta cultura y lengua. Y sus ciudadanos ejercen la democracia directa desde hace cientos de años, hasta el extremo de inspirar la propia Constitución de EE.UU. En España, también es desde su constitución formal una Confederación CCOO, un sindicato cuyas organizaciones territoriales son independientes y que se agrupan en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de forma voluntaria para la mejor defensa de los intereses de sus afiliados, que cuentan además de con estructuras territoriales con otras sectoriales para estar presentes tanto en los problemas generales como en los particulares. Y funciona bien, integra perfectamente, por ejemplo en Cataluña, tanto las necesidades económicas como sociales o culturales de los afiliados de allí con los del resto de España.

Es decir, tenemos recambio a las piezas averiadas que nos impiden vivir en sociedad. Y tampoco es ningún drama cambiar lo que fracasó por un mal diseño agravado por un uso indebido. Lo importante es que el proceso de cambio de la actual a la nueva Constitución sea aceptado por la mayoría social y de esa mayoría salga un acuerdo que nos permita seguir adelante, una vez eliminados del camino los obstáculos que nos están haciendo perder muchos de los logros que la convivencia democrática y pacífica de estos años nos habían permitido alcanzar.

Aquí está uno de los retos principales de la izquierda plural: reformar la Constitución y blindar esas reformas para que la derecha o la izquierda institucional no pueda hacer reformas sin haberlas sometido antes a referéndum.