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| Nicolás Maduro en un acto de la Asamblea Constituyente |
Este Gobierno que sí es antidemocrático, pues no
acepta los acuerdos del Congreso, los paraliza, que reprime con dureza a los
pacíficos opositores, sean músicos, titiriteros o simplemente manifestantes,
algunos de ellos actualmente en la cárcel (presos políticos), conculcando la
libertad de expresión y manifestación, que tiene domesticados-controlados
determinados sectores de la judicatura (vergonzosa actuación de Rajoy como
testigo de la Gürtel), saltándose a la torera la separación de poderes, que
crea aparatos policiales clandestinos para espiar y controlar a los adversarios
políticos, que tiene a cientos de sus “dirigentes modélicos” imputados y al
propio partido, que está hundiendo en la miseria, el hambre, la desesperación y
la exclusión social a millones de ciudadanos, se atreve a criticar al Gobierno
de Venezuela y apoyar a la extrema derecha terrorista que lo quiere derribar.
Desde un punto de vista político y social, en
Venezuela ha habido en los últimos 19 años 19 elecciones, que han sido
ratificadas como limpias y democráticas por cientos de observadores
internacionales (ONU, OEA, UE, ALBA,…), dos de ellas perdidas por el Gobierno.
Nicanor Moscoso, Presidente del Consejo de Expertos Electorales de América
Latina, dice que “En Latinoamérica no existe otro sistema electoral más seguro
que el de Venezuela”.
Cuando Hugo Chávez ganó las primeras elecciones en
1998 planteó una nueva Constitución para cambiar la historia de su nación con
tres objetivos muy claros: soberanía popular (el pueblo como
protagonista de los necesarios cambios económicos, sociales y políticos), independencia
(ser un país libre en la toma de decisiones, sobre todo
respecto a la influencia yanqui y de la banca mundial) y manejo y
administración de sus recursos naturales (petróleo, gas natural,
oro, cobre, reserva de agua, diamantes,…). La Constitución Bolivariana,
aprobada por el pueblo en 1999, recogió estos tres importantes objetivos. Esto
supuso una ruptura total con la soga neoliberal que esquilmaba las riquezas del
país que controlaban la burguesía y oligarquía venezolanas y las grandes
empresas multinacionales (sobre todo estadounidenses). Los cambios sociales,
económicos y políticos en los últimos 19 años han transformado al país y ha
mejorado sustancialmente las condiciones de vida de la población, sobre todo de
los más pobres.
El Gobierno democrático bolivariano comenzó una
lucha titánica con fuertes inversiones sociales para dar identidad a millones
de ciudadanos, acabar con pobreza extrema, mejorar y casi erradicar la
mortalidad infantil, escolarizar a todos los niños, establecer una sanidad
pública y gratuita, construir miles de viviendas sociales, casi acabar con el
paro (5%), dotar a la ciudadanía de herramientas para su propia organización y
toma de decisiones relacionadas con todo lo público, posibilitar medios de
comunicación alternativos controlados por los propios vecinos y, sobre todo,
intervenir y administrar los recursos naturales para que su riqueza recayera en
la mejora de las condiciones vida de los venezolanos.
Todo ello produce un choque de intereses entre el
Gobierno Bolivariano y los poderes fácticos que han dominado y controlado el
panorama social, político y económico hasta 1998. Pero la burguesía y
oligarquía venezolanas a pesar que cuenta con muchos medios económicos
(bastantes de la CIA), con poderosos medios de comunicación, con el control de
una parte importante de la economía y con el apoyo yanqui, no ha sido capaz de
derrotar por medios democráticos al Gobierno Bolivariano. Como ocurrió con
otras democracias de izquierdas (Chile de Salvador Allende) desde la llegada al
Gobierno de Chaves la extrema derecha golpista y terrorista, encuadrada en la
Mesa por la Unidad Democrática (MUD), planteó acabar con el estado democrático
venezolano.
La ofensiva desatada por las élites económicas
venezolanas contra el Gobierno de Chávez ha continuado con el de Maduro. La
extrema derecha oligárquica venezolana controla una parte importante de la
comercialización y distribución de alimentos (los retienen o los queman para
que haya desabastecimiento), cuenta con el apoyo de los grandes medios de
comunicación nacionales y de los países extranjeros que defienden al
capitalismo neoliberal (entre ellos España), que tergiversan la situación del
país y hacen continuas llamadas a la rebelión y a la sedición. Pero además, y
en una fase de guerra total, utiliza las calles para sembrar el terror e
intentar por la fuerza derribar al Gobierno, esperando que el conflicto social
violento se generalice y propicie la intervención militar de países
extranjeros. No podemos olvidar que en Colombia hay siete bases militares
americanas dispuestas a actuar en cualquier momento y países dispuestos a
intervenir (Colombia, Méjico,…) en nombre de los DDHH y las libertades en
Venezuela, aunque sea uno de los países de Latinoamérica que más lucha por
“preservar la paz y mantener la institucionalidad democrática”, según acuerdo
del Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas del pasado mes de
Junio.
Los métodos, para esta insurrección violenta, son
ya de sobra conocidos. En estos años ha habido dos intentos de golpe de estado.
Y, desde hace tres años, hay continuas manifestaciones de grupos terroristas
(Guarimbas, grupos terroristas comandados por Leopoldo López y Henrique
Capriles) que siembran el pánico entre la población. Son grupos organizados, no
demasiado numerosos, pagados con fondos de la CIA a través de la Fundación
Nacional para la Democracia (NED), que cuenta con todo tipo de materiales
(casco, escudos, máscaras antigás, palos, piedras, cócteles, armas de fuego,…)
para enfrentarse de forma violenta a la fuerzas de orden público, atacar o
quemar organismo públicos y privados (hospitales, colegios, ayuntamientos,
sedes de partidos de izquierdas,…) y acabar sembrando la muerte y el terror
entre los ciudadanos. En 2014, los guarimberos mataron a 43 personas. Desde el
pasado mes de Abril se ha intensificado la insurrección violenta como
estrategia para derribar al Gobierno de Nicolás Maduro. Desde que comenzó esta
última ofensiva, son ya más de 115 personas asesinadas, entre ellas 30
chavistas quemados vivos, más de 20 policías y fuerzas de orden público
asesinados, al igual que muchos ciudadanos y algunos manifestantes guarimberos
muertos por la detonación en sus manos de los explosivos que portaban (se ve
que la CIA no los enseñó a manejarlos correctamente).
Da escalofrío desde el otro extremo del mundo
contemplar las imágenes (que millones de ciudadanos con incapaces de analizar y
se convencen de las mentiras que acompañan) que nos ofrecen nuestros medios de
desinformación públicos y privados de los manifestantes “pacíficos”
enfrentándose a las fuerzas del orden público y atentando contra normales
ciudadanos. Se puede observar que son grupos terroristas organizados para
delinquir, con cascos, pasamontañas, máscaras antigás, escudos, cócteles
molotov, armas de fuego,…Mientras tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro se
muestra conciliador –grave error- y ha liberado de la cárcel a un terrorista,
Leopoldo López y sigue llamando al diálogo con la oposición. Él debe saber que
eso no es posible, que esta oposición sediciosa no quiere la paz. En Enero los
representantes de la extrema derecha rompieron las conversaciones, “no desean
un acuerdo pacífico y democrático, sino tumbar por la fuerza al Gobierno” ¿Qué
pasaría en cualquier país europeo y, sobre todo en España (Ley Mordaza), si se
dieran esas manifestaciones? Posiblemente esos guarimberos estarían en la
cárcel para toda su vida. (Comparemos esto con los presos y encausados que hay
en España por manifestarse pacíficamente o criticar la nefasta labor del
Gobierno). Sin embargo, a esos terroristas, Rajoy, Rivera, González y toda una
camada de élites fascistas los tacha de “demócratas” y a los que la justicia
venezolana condena, los llaman “presos políticos”.
Está claro que la dura situación social, política y
económica, organizada desde las élites oligárquicas, que vive el pueblo
venezolano es consecuencia de una falta de decisión política, que muestra
demasiada condescendencia con estos asesinos. El Gobierno de Nicolás Maduro
tiene en sus manos herramientas legales y democráticas, amparadas por la
Constitución de 1999, para acabar de una vez con las llamadas a la rebelión
contra el Gobierno democrático desde los medios de comunicación privados
venezolanos, restablecer el control y los canales de distribución de alimentos
y productos de primera necesidad y acabar con la barbarie terrorista.
¡Será o ellos (oligarcas y sus cómplices) o el
triunfo del pueblo y la revolución bolivariana!
Juan García Ballesteros || Presidente del Colectivo
Prometeo ||
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