Se está a la espera de sentencias con el pedido de condenas para los responsables de delitos de lesa humanidad en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras militares sudamericanas. Se encuentran imputados 18 militares y parece que en 2016 habrá sentencia.
 |
| Infografía Operación Cóndor |
Oficialmente el “Plan Cóndor” empezó hace cuarenta años. Otros sitúan la fecha en 1972, cuando los gobiernos de Argentina y Paraguay consideraron necesario intercambiar información de inteligencia sobre grupos subversivos. El Plan supuso la ejecución de miles de latinoamericanos. Los archivos del terror fueron descubiertos por Martín Almada, premio Nobel alternativo, torturado por la dictadura militar de Stroessner, que ha sido candidato al premio internacional DDHH del Ayuntamiento de Siero (Asturias).
El plan de exterminio se habría formalizado en noviembre de 1975 en la casona de la avenida Alameda, en Santiago de Chile, donde funcionaba la Academia de Guerra y con la dictadura del general Augusto Pinochet en el poder. Primero con Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Más tarde se incorporarían Perú y Ecuador, a donde se habían desplazado muchos militantes políticos tratando de salvar sus vidas. Pinochet presidió todas las reuniones de la entente genocida.
Pinochet lo anunció con claridad militar: el largo brazo de la coordinación represiva buscaba evitar cualquier esbozo de organización de fuerzas políticas democráticas dentro y fuerza de la región. Y contaba con el visto bueno de la mano derecha diplomática norteamericana, encarnada en el secretario de Estado Henry Kissinger.
El asesinato del general democrático Carlos Prats en Buenos Aires en 1974, del ex ministro de Defensa de Allende, Orlando Letelier, y el atentado en Roma a Bernardo Leighton, ex ministro de Eduardo Frei y opositor a Pinochet, muestran las intenciones del Plan Cóndor de impedir la organización de las fuerzas democráticas en el exilio.
Argentina es el único país de la región que ha llevado a los tribunales el plan sistemático represivo. Los demás países están atrapados en leyes de impunidad disfrazadas.
En Roma, un segundo juicio estudia la responsabilidad de 32 militares de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia por la desaparición de 23 ciudadanos italianos o sus descendientes.
La Comisión de la Verdad en Brasil, y Paraguay a raíz del descubrimiento de los archivos por Martín Almada, han tenido tímidos intentos de investigación para conocer la verdad histórica y hacer justicia frente a estos crímenes de la multinacional del terror.
Los archivos referidos son toneladas de papel que revelan la entretela de la mayor organización represiva del Cono Sur, incluyendo su lenguaje cifrado y codificado. En estos archivos están registrados, de manera detallada, 30.000 desaparecidos, 50.000 asesinados y casi medio millón de encarcelados por los servicios de seguridad en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. A ello habría que sumar.. los asesinados, torturados, prisioneros, de antes y después de la Operación Cóndor.
40 años después de que se juntaran los dictadores militares para asesinar y reprimir en todo el continente con el auspicio del gobierno USA, los gobiernos latinoamericanos tienen la oportunidad de juntarse para defender, implementar y poner en el centro de sus acciones los Derechos Humanos, colocando también para ello mecanismos de juicio y castigo, aunque ya hayan fallecido casi todos los responsables criminales del Plan Cóndor cuyo solo nombre ya supone una atentado a la dignidad indígena de Abya Yala.
Comentarios
Publicar un comentario
DEJA AQUÍ TU OPINIÓN