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| Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante (PP) |
El miércoles la policía detuvo al
regidor de Granada, José Torres Hurtado (PP), por
su presunta implicación en una operación contra la corrupción urbanística. Los
agentes indagan la construcción de una discoteca y una pista de
patinaje en una zona verde. Acusado de los presuntos delitos de cohecho
fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de
influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento
mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio, el
'popular, en el cargo desde 2003, ha decidido no dimitir. "De
momento no, porque entre otras cosas no sé por qué se me acusa de todo eso", aseguró un día
después en una entrevista radiofónica.
El alcalde de Granada no tiene pensado
dimitir tras su detención por corrupción: "Me siento perseguido"
Sin embargo, Torres Hurtado no es
el único. La 'operación Malaya', cuyas primeras
investigaciones se remontan a 2005, convirtió Marbella en el epicentro
del terremoto que después ha terminado sacudiendo todos los rincones de la
geografía española. A partir de ese momento, y con las elecciones autonómicas y
municipales de mayo de 2007 en el horizonte, alcaldes y concejales de todos los
colores no han dejado de aparecer a golpe de ladrillo en los medios de
comunicación.
Sólo en 2005 se construyeron 800.000
nuevas viviendas en nuestro país, tantas como en Reino Unido, Alemania y
Francia en su conjunto. Dos años después, la OCDE advirtió a España de que
el precio de la vivienda estaba sobrevalorado en un 30 por ciento. Ladrillo a
ladrillo, la corrupción urbanística ha ido dejando su particular huella
cada día. Aunque el mapa de los representantes políticos investigados por
corrupción no deja de crecer, las dimisiones no son tan abundantes.
Consulte aquí algunos de los casos más llamativos de alcaldes imputados por
corrupción urbanística:
Julián Muñoz. Marbella
El que fuera alcalde de Marbella desde mayo
de 2002 hasta agosto de 2003, fue detenido en julio de 2006 en la segunda fase
del 'caso Malaya',
la trama de corrupción inmobiliaria e institucional más relevante destapada
hasta ahora en España. Fue condenado en varios casos por cohecho, malversación
de fondos públicos y por prevaricación urbanística relacionada con la
concesión de licencias ilegales durante los gobiernos municipales del Grupo
Independiente Liberal (GIL).
Salió de la cárcel en octubre de 2008 tras
casi dos años y medio entre rejas y en 2013 fue condenado a siete años y medio
de prisión y diez años de inhabilitación por prevaricación. Unos meses más
tarde también fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a dos años de
cárcel y 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación en este mismo caso.
Actualmente sigue en prisión y su estado de salud es delicado. En septiembre de
2015 pidió perdón a Marbella: "Me arrepiento de todo corazón. Pido perdón a una
ciudad que se portó muy bien conmigo y me arrepiento
del perjuicio que he causado a la sociedad".
José Manuel Martín Alba. Alcaucín (Málaga)
No muy lejos de Marbella, la localidad de
Alcaucín vivió la detención de su alcalde, el socialista José Manuel Martín
Alba, junto a sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de
la Diputación Provincial de Málaga y varios promotores inmobiliarios en el
marco de la 'Operación Arcos' contra la corrupción urbanística. Le condenaron a
226 años de prisión por promover diversos subterfugios al ordenamiento
constructivo y otorgar multitud de licencias de obras ilegales.
Sonia Castedo. Alicante
Otro de los casos más relevantes tuvo como
protagonista a la 'popular' Sonia Castedo. La alcaldesa de Alicante (2008-2014)
se resisitió pero, tras desafiar en repetidas ocasiones a la direción del PP,
que reclamó su renuncia durante varios meses, acabó dimitiendo
tras su imputación por corrupción urbanística.
Castedo está imputada en dos causas
judiciales por corrupción urbanística. En el 'caso Brugal', desde octubre
de 2012, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso
privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique
Ortiz. Y en el 'caso Rabassa',una pieza separada de Brugal, desde el pasado
septiembre de 2014, por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la
tramitación de una macrourbanización de 13.500 viviendas a favor del mismo
empresario.
Javier León de la Riva. Valladolid
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| León de la Riva, exalcalde de Valladolid (PP) |
El polémico alcalde vallisoletano, que llegó
a decir que iba a "limpiar la
ciudad de piojos, pulgas y putas", fue condenado e
inhabilitado el año pasado durante 13 meses por haber retrasado
un lustro la ejecución de las reformas de un edificio en el que él mismo
vive. La condena de León de la Riva por un delito de
desobediencia puso fin a una carrera política de casi tres décadas y que
estuvo salpicada por polémicos episodios en los tribunales y por declaraciones
altisonantes.
Florencio Campos Corona. Alcalá de Henares (Madrid)
En las filas socialistas y hace apenas ocho
días, el regidor de la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, Florencio Campos
Corona, fue imputado por el juez de la trama Púnica por 'lavar' más de 340.000
euros para Granados y Marjaliza, tal y como
adelantó Vozpópuli. En la documentación que en
su día remitieron las autoridades de Berna y que permitieron iniciar
el 'caso Púnica', ya se señalaba a este político actualmente jubilado
como una de las personas con depósitos en entidades
financieras del país helvética desde los que se hicieron transferencias
a los de Granados y Marjaliza con el fin de blanquear dinero. Con él,
ya son cinco los empresarios acusados de lavar fondos para la trama desde
cuentas en el extranjero.
Campos Corona, que llegó a ser miembro
de la Ejecutiva Federal del PSOE en la época de Felipe González,
ya se vio salpicado en 1998 en un escándalo de corrupción que le obligó a
abandonar el partido, aunque finalmente aquella causa se cerró en 2004 sin
juicio ni acusaciones.
Miguel Ángel Santamaría Novoa. Colmenar Viejo (Madrid)
Precisamente en la Comunidad de Madrid el PP
mantiene a cuatro alcaldes imputados "porque no están condenados". Es
el caso del regidor de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría Novoa, y también
de su antecesor, José María de Federico Corral. La Fiscalía de Medio Ambiente
ve indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística en las
decisiones tomadas por 12 cargos públicos con responsabilidades en el
consistorio en la última década.
José Alberto González Reverón. Arona (Tenerife)
También está de actualidad el denominado
'caso Arona', el primero de los macrojuicios que se están celebrando en
Canarias este año. Entre los acusados, empresarios, funcionarios, arquitectos y
la totalidad del grupo de Gobierno de Coalición Canaria encabezados por el
exalcalde José Alberto González Reverón, para el que la Fiscalía pide tres años
de cárcel y 35 de inhabilitación por varios delitos de prevaricación,
prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
El 'caso Arona' aborda la mayor causa judicial
de la historia reciente del archipiélago: se juzga una trama de corrupción
cometida, presuntamente, por el grupo de Gobierno local entre los años 2003 y
2007. Se les acusa de haber concedido más de 205 licencias
municipales de forma irregular, así como el pago de comisiones,
lo que dejó al municipio al borde de la bancarrota y situó a Arona
como el gran paradigma de la corrupción en Canarias.
Domingo Aranda. Caravaca de la Cruz (Murcia)
Murcia tampoco escapa de la corrupción
vinculada al ladrillo. En octubre de 2014, un juez imputó al alcalde de
Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, y a otras 30 personas por un caso de
corrupción urbanística bautizado como 'El Roblecillo'. Aranda, en el cargo
desde 1999, no dimitió. Fue en los últimos comicios locales del
pasado mayo cuando el PSOE le desalojó de la alcaldía.
El auto señala que los implicados pudieron tener participación en las gestiones
llevadas a cabo para conseguir la reclasificación, presuntamente, irregular de
la finca El Robledillo, de casi 500 hectáreas, y donde una promotora pretendía
construir 8.000 viviendas y un campo de golf.
Bartolomé Muñoz. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
El exalcalde, que compatibilizó su cargo con
el de vicepresidente primero de la Diputación Provincial de
Barcelona desde 2004, se encuentra actualmente encausado por su
presunta participación en hechos delictivos al frente del ayuntamiento de Santa
Coloma, motivo por el que ha sido suspendido de militancia en el
PSC. Fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2009 junto
al concejal de urbanismo por presuntas adjudicaciones amañanadas, cohecho,
cobro ilegal de comisiones y blanqueo de capitales dentro de la Operación
Pretoria. Salió de la cárcel en diciembre tras pagar una fianza de 500.000
euros.
José María Peña San Martín. Burgos
Peña San Martín tuvo, casi con toda
probabilidad, el dudoso honor de inaugurar la 'lista negra' de alcaldes
imputados por corrupción urbanística. El que fuera regidor de Burgos entre 1979
y 1992 tuvo que dejar el cargo al resultar implicado en el conocido como
'caso de la construcción' de Burgos, resultando condenado a 12 años de
inhabilitación especial por prevaricación continuada.
Publicado en VozPopuli
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