Crónica Popular ||
El miércoles 23 de septiembre de 2015, gracias a la mediación cubana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Timoleón Jiménez alias Timochenko, llegaron en La Habana a un consenso acerca de la forma en que serán juzgados los combatientes; un escollo que llevaba tres años bloqueando las discusiones, y que muchos colombianos continúan considerando dudosa. Las partes se han comprometido a firmar en los próximos seis meses el texto del Acuerdo que incluye la amnistía para los delitos políticos (no incluye los cometidos por secuestradores, torturadores, violadores y narcoterroristas) y la creación de una jurisdicción especial, que impondrá “penas de cárcel limitadas”, entre cinco y ocho años para quienes reconozcan sus delitos y hasta veinte años para quienes se nieguen a confesarlos. Una vez firmado, las FARC deberán empezar a desmovilizarse y entregar las armas en el plazo de dos meses.
Podemos estar en la antesala del final de una guerra que ha durado sesenta años.
Para entender lo acordado en La Habana
Verdad Abierta (*)
Más que la foto del histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero ´Timochenko´, lo ocurrido este miércoles en Cuba es el paso más importante -hasta ahora- para llegar al fin del conflicto armado en Colombia. En otras palabras, no hay vuelta atrás en La Mesa de Negociaciones. Incluso, en el discurso del Presidente hubo fecha para la firma del Acuerdo Final: 23 de marzo de 2016.
Sin embargo, cada uno de los puntos expuestos en los discursos de ambas partes: la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la dejación de armas, las penas, la amnistía o la transformación de la Farc en un movimiento político legal; debe ser leído con cautela porque es justo eso lo que, al final, deberá ser refrendado o no por los colombianos.
¿Qué significa, entonces, lo acordado en La Habana? Sobre la base de lo que se dio a conocer este miércoles, VerdadAbierta.comexplica los cinco pilares de las declaraciones de ambas partes.
Restricción de libertad, pero no cárcel
Los guerrilleros que dejen las armas y reconozcan su responsabilidad en los delitos de la guerra no irán a la cárcel, en cambio, serán sancionados con 5 a 8 años de restricciones a su libertad, de acuerdo con la gravedad de los crímenes. Aunque aún no está claro en qué lugares se cumplirán estas sanciones, se acordó que tendrán un sistema de vigilancia “austero y flexible” que permitirá a los desmovilizados contribuir al desminado y la sustitución de cultivos ilícitos.
Sí irán a la cárcel quienes reconozcan tardíamente sus delitos, con penas que variarán también entre los 5 a 8 años. Y, los que definitivamente se nieguen a aceptar sus crímenes, pagarán condenas de hasta 20 años, en condiciones ordinarias de ejecución. Para determinar quién debe ir a la cárcel, las confesiones serán contrastadas con las investigaciones de la Fiscalía, que para ello designó a la Dirección de Análisis y Contexto, las sentencias proferidas y la información de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Esta será una de las tareas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una nueva figura judicial encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. En su mayoría, serán magistrados colombianos -y algunos de corte internacional-, los encargados de juzgar a quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado.
Amnistía e indulto
“La Jurisdicción Especial para la Paz es una nueva figura judicial encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”
Habrá amnistía para los delitos políticos y conexos, como la rebelión, el porte ilegal de armas y las conductas que no son prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. No sucederá lo mismo con los crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra. Se juzgará “la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”, de acuerdo con el cuarto punto del comunicado conjunto.
En el nuevo acuerdo, se abre una puerta para indultar el tráfico de estupefacientes. Sólo se tendrá en cuenta el si tiene relación con el conflicto armado, no habrá narcotraficantes “colados” como sucedió en la desmovilización de los paramilitares y será el Congreso el encargado de definir qué conductas usadas para financiar la rebelión pueden considerarse como delitos conexos.
Serán juzgados agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados. “Nos complace poder anunciar que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto: combatientes y no combatientes y no sólo para una de las partes”, aclaró Timochenko en su discurso. En este caso, no habrá indultos y sus penas pueden tener un tratamiento diferenciado, pero “equitativo, equilibrado y simétrico”, según dijo el Presidente.
Estas reglas de juego no aplican para los guerrilleros del Eln, quienes siguen en una fase explotaría de conversaciones con el Gobierno. Los exparamilitares que forman parte del proceso de Justicia y Paz, como actores del conflicto, harán parte de este sistema, aunque no queda muy claro cómo será su participación. Lo cierto es que se prometieron respuestas a las víctimas del paramilitarismo y, al mismo tiempo, garantías a los exparamilitares de que tendrán un “verdadero cierre jurídico”.
Los tiempos de la paz
“Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las Farc y acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo de 2016”, aseguró Juan Manuel Santos en su alocución. Agregó que luego de esta fecha, las Farc tienen un plazo de 60 días para dejar las armas.
En los seis meses que faltan para la firma del acuerdo, las partes deberán terminar de discutir el punto sobre las víctimas que, tras 15 meses de discusión, se ha convertido en el más largo en la mesa de negociaciones.
Además, tendrá que definirse el punto conocido como “el fin del conflicto”, en el que se pactará el cese bilateral y la dejación de armadas de las Farc. Este aspecto ya ha sido discutido por los asesores del Gobierno y de la guerrilla, pero aún no ha llegado a manos de los plenipotenciarios.
También será el momento de concretar el mecanismo de refrendación e implementación del Acuerdo Final. Será la primera vez que las partes discutan formalmente cómo le preguntarán a los colombianos si están de acuerdo o no con lo pactado en La Habana.
Participación política
“La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”
“La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”, señala el punto 10 del comunicado conjunto. No obstante, la consecución de la llamada “apertura democrática” no va a ser tarea fácil. Muestra de ello es el panorama político de las próximas elecciones regionales de octubre. A la fecha, según la Unidad Nacional de Protección (UNP), hay 29 candidatos de los partidos de oposición que están protegidos por haber recibido amenazas y atentados. El más reciente de ellos, el intento de homicidio contra el candidato a la alcaldía de Los Palmitos, Sucre, Hugo Sánchez.
Para la guerrilla esto ha sido muestra de que el paramilitarismo es un fenómeno que no ha desaparecido del país, por lo cual han insistido en repetidas ocasiones en su desmonte. Como lo dejan ver en su más reciente comunicado, fechado el 12 de noviembre, “la construcción de la paz solo será posible si el establecimiento desarrolla una estrategia efectiva dirigida al desmonte del paramilitarismo y aplica una política integral de respeto de los derechos humanos”.
Ante esto, Santos mencionó, durante la alocución, que al Gobierno le corresponde dar todas las garantías de seguridad a la guerrilla.
Lo que queda claro para las víctimas
“Se abre la posibilidad de sentar bases para la reparación y no repetición que satisfaga derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la ciudadanía”, aseguró Timochenko.
Sin embargo, para las víctimas -que son el centro de este acuerdo- no son muchas las novedades. Se dejó claro que los indultos no las afectarán porque la Jurisdicción Especial para la Paz investigará los delitos más graves. Y que en todo caso estas amnistías sólo se darán si los excombatientes contribuyen a la satisfacción de sus derechos.
Las organizaciones de víctimas tendrán la oportunidad de contrastar las versiones de los guerrilleros y en caso de que estén mintiendo, estos podrán serán enviados a prisión.
Verdad Abierta es una revista electrónica dedicada al análisis del paramilitarismo y la guerrilla en Colombia:http://www.verdadabierta.com/
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