La jueza argentina Maria Servini pide la detención y extradición del policía “Billy el niño”

La jueza argentina María Servini de Cubría ha pedido, a través de la Interpol,
 la detención y extradición de cuatro ex funcionarios de seguridad españoles

El 18 de septiembre de 2013 pasará a la Historia como una de las principales fechas en la lucha contra la impunidad del franquismo. La jueza argentina María Servini de Cubría ha pedido, a través de la Interpol, la detención y extradición de cuatro ex funcionarios de seguridad españoles: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta del dictador Franco y de la Casa Real, Celso Galván Abascal, el comisario José Ignacio Giralte González y el ex inspector José Antonio González Pacheco, conocido como “Billy el niño”, integrante de la siniestra Brigada Político Social que perseguía y torturaba a los opositores  al régimen franquista.y que tenía su sede en el edificio que, desde hace años, alberga a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol

La jueza Servini de Cubría señala que se debe comunicar “el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la la Organización Internacional de Policía Criminal, la INTERPOL”.

Al mismo tiempo, el PCE  se ha personado en la querella, según ha hecho público en un comunicado en el que recuerda que la intervención de la jueza argentina fue pedida por víctimas del franquismo “a consecuencia de la inactividad judicial, y, por tanto, impunidad, en que han quedado estos crímenes en España, tras la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cualquier investigación judicial que se siguiera sobre estos hechos criminales en los juzgados españoles, alegando para ello el lamentable y alegal argumento de que la Ley de Amnistía otorgada por el Parlamento en 1978 respecto a los delitos políticos tipificados y perseguidos por Franco, también habría tenido el efecto de amnistiar los delitos contra la humanidad cometidos por el régimen franquista”.

En su amplio auto judicial, Maria Servini de Cubría hace unas consideraciones de particular importancia en la persecución de los crímenes del franquismo. Entre ellas, las que se refieren a que  informes aportados a la causa, y la propia “evidencia histórica”, destacan que los sublevados en 1936 mediante un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional, se convirtieron “de facto” en gobierno de un nuevo régimen político, desde el cual “organizaron y comenzaron a aplicar un plan sistemático concebido para destruir y eliminar a sus adversarios, incluidos los opositores políticos y todos aquellos que legítimamente respaldaron la legalidad del régimen constitucional hasta entonces vigente, lo que ocasionó víctimas también entre sus familiares”, y que, para realizar dicho plan, se ejecutaron y produjeron, entre 1936 y mucho después, “actos y omisiones que comportaron la violación masiva y flagrante de derechos humanos y libertades básicas de miles de personas”.

La magistrada argentina basa su decisión judicial en que “es tal el agravio a la conciencia de la humanidad, que el castigo de los responsables es un deber de todos los Estados, como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia del lugar de comisión de los hechos”

Pero, además, enmienda la plana a la Justicia española, al afirmar críticamente y de forma clara y taxativa, queno se está llevando en España una “investigación eficaz”. Y citando al abogado argentino Hugo Adrián Relva, representante de Amnistía Internacional en Argentina y consultor de la Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional, recuerda que “la práctica de las naciones demuestra que un genocidio perpetrado en el territorio de un Estado difícilmente puede ser objeto de un proceso judicial en el mismo Estado”, tal como sucedió en Turquía con el genocidio del pueblo armenio, o con los cometidos por el régimen de Pol Pot en Camboya o los registrados en países como Guatemala o El Salvador o Sierra Leona.

Por todo ello, afirma que Argentina es competente y tiene jurisdicción para juzgar los hechos denunciados en la querella, ya que resulta aplicable el principio de jurisdicción universal, fundado en la necesidad de que “crímenes particularmente horrendos, practicados de manera sistemática o generalizada, puedan quedar impunes por aplicación de un riguroso criterio territorialista”. Y, en este sentido, trae a colación la solicitud formulada por el entonces juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, para que se extraditara desde el Reino Unido a España al dictador chileno Augusto Pinochet, “aplicando la jurisdicción universal que la Ley Orgánica del Poder Judicial español establece, sober la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo”.

El PCE se persona en la querella argentina

Billy el Niño

Al hacer pública su decisión de personarse en la querella, el PCE recuerda que, al paralizar las investigaciones iniciadas al respecto, amparándose en su interpretación de la Ley de Amnistía de 1978, “el Tribunal Supremo obviaba así tanto el concreto contenido de la Ley de Amnistía –que en absoluto establece entre los delitos políticos amnistiables los crímenes cometidos por el franquismo, delitos que nunca habrían sido políticos- como la legislación y jurisprudencia interna e internacional que proscriben y hace jurídicamente inviable cualquier amnistía o indulto respecto a crímenes internacionales como son el genocidio y el delito de lesa humanidad”.

Asimismo, el PCE denuncia “las distintas maniobras que viene realizando el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo activo de Felipe González, para impedir la colaboración judicial española con este procedimiento penal así como para impedir también la normal actividad de la justicia argentina respecto a la toma de declaraciones de testigos y víctimas españolas para ser incorporadas a la causa”. Para el PCE, “solo así puede entenderse la reciente oposición del Ministerio de Asuntos Exteriores español a que en la embajada de Argentina en Madrid se tomaran, mediante videoconferencia y con presencia de funcionarios judiciales argentinos, decenas de declaraciones de víctimas a las que la justicia española les niega el derecho a acceder a la verdad, la justicia y la reparación por estos gravísimos crímenes. Para nuestra vergüenza, España sigue siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con más ejecutados extrajudicialmente aún en fosas comunes que las autoridades no quieren exhumar.”

EL PCE ha procedido a remitir una relación de más de 30.000 personas represaliadas por el régimen franquista, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente o a consecuencia de condenas puestas por consejos de guerra sumarios en su inmensa mayoría, pero también represaliados internados en centros de reclusión y campos de trabajo. Ya remitió una relación de diecinueve gobernadores civiles y doce diputados del Frente Popular, pertenecientes muchos de ellos a Izquierda Republicana –partido integrante de Izquierda Unida-, ejecutados en los días inmediatamente posteriores al golpe de estado franquista.

Asimismo,  el Archivo Histórico del PCE ha comenzado una tarea de investigación y recopilación de datos personales de militantes del Partido que fueron encarcelados, torturados o represaliados durante el franquismo con especial atención a los casos más recientes, con la intención de procurar identificar igualmente a victimarios y represores que aún puedan comparecer ante los tribunales para dar cuenta de sus crímenes.

El pasado mes de mayo de 2013 el PCE procedió a designar el equipo de abogados que ejercerá su representación en la causa, equipo integrado por los abogados de la Liga Argentina de Derechos Humanos que ya son parte de la causa, y que estará coordinado por el abogado penalista argentino y defensor de los derechos humanos Doctor Héctor Masquelet, sobrino nieto de Carlos Masquelet Lacaci, general del Ejercito de la II República, quien fuera Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, elegido por Azaña y Ministro de Guerra en los gobiernos de este último, militar que una vez iniciada la Guerra Civil Española tuvo una destacada participación en la fortificación de Madrid, desempeñándose posteriormente, tras alcanzar edad de retiro, como jefe de la Comisión de Fortificaciones del Ejercito republicano hasta el final del conflicto.

Desde las Secretarías de Movimiento Republicano y Memoria Histórica y de Derechos Humanos y Libertades del PCE, se viene coordinando la actividad relativa a esta querella, tanto en su vertiente de atención al proceso penal seguido en Argentina, como respecto al necesario apoyo político, social e institucional que la querella argentina debe recabar en nuestro país, apoyo cuyo ejemplo más reciente ha sido la aprobación por el Parlamento Vasco de una moción de apoyo a la causa tramitada en Argentina, acuerdo que contó con el voto favorable de todas las fuerzas políticas vascas salvo el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia (UPD), partidos que siguen sin encontrar motivos para condenar al franquismo.

También el Grupo Parlamentario de IU en la Junta General (Parlamento) de Asturias acaba de presentar una propuesta para que este órgano legislativo apruebe en septiembre una moción de apoyo al proceso judicial seguido en Argentina.

Un día histórico, para la Asociación contra la impunidad
del franquismo y Foro por la Memoria

Al  conocerse el auto judicial de la magistrada argentina, las asociaciones españolas que han estado luchando en estos años para que sean llevados ante la justicia española los responsables de los crímenes de la dictadura de Franco han hecho públicos comunicados en los que expresan su satisfacción por tal decisión. Así, la Plataforma contra la Impunidad del franquismo, califica el auto de la jueza argentina como “una decisión sin precedentes” y de “día histórico para las víctimas del franquismo” la fecha en que fue dictado dicho su auto. Y, en un llamamiento a concentrarse en la Puerta del Sol el jueves, 26 de septiembre, a las 20 horas, con motivo de la visita a España del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas o involuntarias, esta plataforma recuerda la gravedad de la situación de las víctimas de la dictadura setenta y cuatro años después de concluida la guerra civil. “Todavía hoy – señala – hay más de 130.000  personas desaparecidas, 2.500 fosas comunes por exhumar y decenas de miles de niños robados, “crímenes del franquismo que siguen esperando una solución que el Estado todavía niega a las víctimas”

Por su parte, la Asociación Foro por la Memoria pone de relieve que “no es de esperar que el gobierno de España realice las gestiones pertinentes que permitan la detención de los cuatro funcionarios, dada la colaboración que viene demostrando constantemente con la impunidad de los crímenes del franquismo”. Sin embargo, añade que, “con todo, ya es un importante paso hacia delante que a estas personas se les aplique el peso de la ley internacional y que se pueda, con tal ejemplo, comenzar a abrir causas desde los tribunales españoles” y expresa su satisfacción “al comprobar que se puede seguir confiando en las normativas internacionales sin entrar en falsos debates sobre derogaciones de leyes y falsas acusaciones de colaboración que  se hacen desde ciertos sectores y que sólo valen para romper la unidad de acción contra la impunidad del franquismo, por la investigación de los crímenes durante la dictadura y los derechos de sus víctimas”.

Para  Foto por la Memoria, “el día 18 de septiembre de 2013 supone, para nuestra asociación, un avance preciso hacia el logro de definitivamente seamos un país donde la memoria democrática sea asumida por toda la sociedad y se consiga, con ello, el pleno ejercicio democrático en sus ciudadanos y ciudadanas”.

Crónica Popular