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| Manuel Fraga, exministro franquista y fundador del PP |
España vive habitualmente
hechos que rayan los límites de lo que en países de nuestro entorno está
tipificado como delito de “negacionismo”. Revisar la historia para justificar
el nazismo está penalizado en Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, Lichtenstein, Países Bajos... Con la llegada
al gobierno de Mariano Rajoy los incidentes
se han multiplicado y la línea roja se ha traspasado. Con él, los dirigentes y
cargos públicos del PP han pasado de oponerse a la condena del franquismo a
directamente tolerar su simbología, y día tras día asistimos a la celebración
de actos de exaltación franquistas y al renombrado de calles que incumple lo
establecido por la Ley de memoria Histórica. Estos hechos son la consecuencia
de una herencia que aún está muy presente.
Altos cargos del Gobierno
y del Partido Popular lucen apellidos venerados por los defensores de Franco,
por no hablar de los que ocuparon puestos institucionales de gran relevancia en
la dictadura y los han ocupado en la gobernación actual, que “haberlos, hailos”, como dicen en
Galicia, pues allí mandaba quien fuera ministro de Franco, Manuel Fraga
Iribarne.
El apellido Fraga es un
ingrediente básico en la salsa del PP, más aún al unirse al de Robles, cuando Elisa Fraga Iribarne se casó
con Carlos Robles Piquer, otro franquista de elite. De esta unión
salieron dos nombres importantes del organigrama popular, ya sea de gobierno o
de partido: el de José María Robles Fraga y el de su hermana Elisa. Ambos ocuparon distintos puestos de
responsabilidad hasta 2004. La saga gallega se completa con el ex
ministro Romay Beccaría y Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional
de PP, que ocuparon diversos cargos en la administración franquista.
A nadie debe extrañar la
larga lista de nombres populares vinculados al viejo régimen si se tiene en
cuenta que al propio José María Aznar le viene el apellido de cercanos colaboradores de Franco. Su
abuelo Manuel Aznar Zubigaray fue
catalogado como el “periodista del régimen” y su padre, Manuel
Aznar Acedo, también ocupó puestos relevantes en la radio y la televisión franquista.
Sobre buena parte de los
ex ministros de Aznar planea la sombra del dictador. Así ocurre con el ex
ministro portavoz, Pío Cabanillas, hijo de Pío Cabanillas Gallas;
Josep Piqué, ex ministro de Asuntos
Exteriores, hijo de Josep Piqué, el
último alcalde franquista de Vilanova i la Geltru; Jesús Posada, exministro de Administraciones Públicas y
expresidente del Congreso, hijo del que fuera gobernador civil de Soria
con Franco. Quizá quien más peso franquista lleve en su apellido es Federico Trillo, que tuvo en su padre a
un importante colaborador del dictador en la región de Murcia.
La familia Rato es muy conocida por el exministro y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato Figueredo. En Diciembre de
1935, ABC daba difusión al libro “Perfil Juvenil de Europa” publicado por
Ediciones Nuestra Raza, texto que defiende el proceso de construcción de la
Alemania Nazi. Su autor era Ramón Rato
Rodríguez San Pedro, padre de Rodrigo. El golpe de estado franquista le sorprende
en Perú, donde le ofrecen una docencia, pero decide regresar a España. Aquí, Millán
Astray le otorga su confianza y funda, junto con Víctor de la Serna, Giménez
Caballero, Juan Aparicio y Dionisio Ridruejo, Radio Nacional de España. También
se le atribuye la fundación del Círculo Cultural Ramiro de Ledesma, cofundador
de Falange.
El apellido Oreja es otro de los grandes del PP con
pasado franquista. Jaime Mayor Oreja y su hermano Carlos, ex consejero de Educación del Gobierno de la
Comunidad de Madrid, son sobrinos del que fuera subsecretario del Ministerio de
Información y Turismo, Marcelino Oreja Aguirre.
Sin duda, una de las
mayores redes de descendencia franquista es la que ha creado el apellido Fernández-Miranda.
Enrique Fernández-Miranda Lozana es
hijo de Torcuato
Fernández-Miranda y Hevia, quien, además, le prestó otros retoños al franquismo y al PP, pues sus sobrinos Manuel
y Alfonso ocuparon cargos con Franco y con el primer Gobierno Aznar.
También la exministra de Justicia
Margarita Mariscal de Gante tiene pasado franquista ya que es hija
del que fuera juez del Tribunal de Orden Público, Jaime Mariscal de Gante. El suma y sigue de los hijos del
franquismo pasa por Juan Chozas, emparentado
con Chozas Bermúdez, Gabriel Elorriaga, hijo de Gabriel Elorriaga
Fernández y Gustavo de Arístegui San Román, que tiene antecedentes
franquistas por parte de padre y tío. También Víctor Torre de Silva y López
de Letona, ex subsecretario del Ministerio de Defensa, cuenta con un
apellido de gran sonoridad franquista: es
nieto de José María López de Letona, que fue ministro de
Industria.
Otro apellido con pedigrí
es Calvo Sotelo. Los hijos del ex
presidente Leopoldo Calvo-Sotelo
también ostentaron cargos en el primer Gobierno Aznar. Leopoldo, fue
subsecretario de Estado del Ministerio de Interior y Víctor ocupó el mismo
cargo en el Ministerio de Fomento. No puede quedar en olvido el apellido Fernández-Cuesta, del que fuera secretario de Estado
de Energía del primer Gobierno Aznar, Nemesio Fernández-Cuesta. El
susodicho es hijo de Nemesio
Fernández-Cuesta y nieto del fundador, junto a José Antonio Primo de
Rivera, de Falange Española, Raimundo Fernández-Cuesta.
En la lista de ex altos
cargos del primer Gobierno Aznar que descienden de franquistas de pro, si es
que no lo fueron ellos mismos, están Abel Matutes, Rafael Arias-Salgado,
Fernando Arias-Salgado, Mónica Ridruejo, Enrique
Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda, cargo del que dimitió
por ser el protagonista del mayor escándalo financiero del Gobierno popular, el
caso Gescartera.
Pedro
Morenés Álvarez Eulate, exministro de Defensa con Rajoy, es hijo de José María de
Morenés y Carvajal, vizconde de Alessón, y nieto de Ramón María Morenés García-Alessón, al que Alfonso XIII concedió el
título de Grande de España.
Mariano Rajoy no destaca especialmente por el pasado franquista de su familia sino por
sus ideas fascistas expresadas en diferentes artículos de opinión. Su padre, Mariano Rajoy Sobredo, magistrado y presidente de la
Audiencia Provincial de Pontevedra, presidió el escandaloso juicio del aceite
de Redondela.
“El
caso del aceite de Redondela
fue uno de los grandes casos de corrupción destapados en la parte final del
franquismo. El 25 de marzo de 1972, el Director General del organismo público
CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes), don José María Romero
González tras inspeccionar los depósitos de la empresa privada REACE (Refinería
de Aceites y Grasas) y comprobar que los depósitos de la empresa REACE,
situados en la estación de GUIXAR (Redondela), no contenían el aceite que le
había encomendado el CAT, denunció en el Juzgado de guardia de Vigo la
desaparición de 4.036.052 kilos de aceite de oliva. Sumario 43/1972. El día 30
de septiembre don José María Romero González aparece muerto junto a su mujer e
hija en un piso de su propiedad en Sevilla.
Formaba parte del Consejo de
Administración de REACE, don Nicolás Franco Bahamonde (hermano del generalísimo
Franco), se cree que además de la implicación del hermano del dictador también
estaban implicadas varias personalidades del Régimen. Los documentos se
perdieron para siempre, todos los implicados quedaron impunes y el aceite desaparecido,
todo, con la bendición de don Mariano Rajoy Sobredo”.
En el nivel autonómico y
local también abundan los retoños franquistas, como Julia García-Valdecasas,
ex delegada del Gobierno en
Cataluña, hija de Francisco García-Valdecasas, conocido
por su actuación represiva en la universidad de Barcelona. Otro hijo del
franquismo es el ex presidente de la
Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuyo padre y abuelo ocuparon destacados cargos bajo el mandato de Franco.
También es conocida en Canarias la tradición franquista de la familia Jorge, cuyos miembros pertenecen al núcleo duro
del partido popular. Alicia
Sánchez-Camacho es
hija de Francisco Sánchez-Camacho,
que alcanzó el grado de Comandante de la Guardia Civil durante la dictadura de Franco.
Francisco José Granados Lerena, exalcalde
de Valdemoro y cabecilla de la Púnica, es familia de Juan Granados, que también fue alcalde de Valdemoro e impulsor de
la campaña de recaudación para las que llamaron “víctimas de la barbarie
socialista” de la revolución de octubre en Asturias, donando las pesetas
recogidas a la Guardia Civil. Lucia
Figar de Lacalle, exconsejera de educación con Esperanza Aguirre, de
familia tradicionalista y conservadora. Su abuelo materno es Gonzalo de la Calle Leloup,
subgobernador del Banco de España, miembro del Opus Dei y alcalde franquista de
Vitoria en los años cincuenta. Su tío abuelo es Álvaro de la Calle Leloup, general de brigada del ejército franquista
y presidente del consejo de administración del Banco de Crédito a la construcción.
José Manuel Acevedo Ramos, alcalde de Valdetorres del Jarama es
descendiente de destacados miembros de la CEDA: Pablo Acevedo Aguado, José
Acevedo Ramos, Miguel Acevedo Ramos
o Antonio Alarilla Acevedo.
Sin responsabilidades directas de
gobierno pero moviéndose entre bambalinas estarían: Fernando Ónega, que se define habitualmente como centrista, empezó
en el periodismo como exaltado franquista. Fue jefe de prensa de la Guardia de
Franco, una asociación que no se caracterizaba por conspirar contra el régimen.
Diego Carcedo, comenzó en el diario
falangista Arriba y desde ahí paso a la RTVE franquista. Juan Antonio Samaranch fue alto cargo en la administración
franquista y catalán colaboracionista. Tras la muerte de Franco, escribió “considero que la figura y la obra realizada
por el Caudillo se inscribirá en la historia como uno de los estadistas más
grandes del siglo XX. Para España, el mandato durante 39 años de Francisco
Franco ha supuesto la era de prosperidad y paz más larga que ha conocido
nuestro país desde hace muchos siglos”. Josep Vilarasau, ex presidente de La Caixa, fue otro catalán colaboracionista.
En los años 70, Vilarasau fue nombrado Director General del Tesoro, uno de los
puestos más importantes del Ministerio de Hacienda y de libre designación por
el ministro. Este dato se ha borrado de su biografía oficial. Juan Luis Cebrián, académico y
directivo del grupo PRISA, empezó como periodista en la Prensa del Movimiento,
de la mano de su padre, el falangista Vicente
Cebrián. Pasó por Pueblo y por Arriba. En 1974, el régimen, en atención a
sus servicios le nombró director de los servicios informativos de TVE. Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey,
hijo de militar destinado en Marruecos que se unió al golpe de estado
franquista.
Con tan abundante genética
franquista y la ‘modélica transición’ no son de extrañar los ataques a la Ley
de Memoria Histórica y sus indisimulados incumplimientos. En 2002, el PP
condena en el Congreso la represión de la dictadura pero no condena la
dictadura de Franco. El truco pretendía legitimar el golpe fascista contra la
2ª República y fue recogido así por la prensa internacional, incluido el
conservador Financial Times,
que acusó al PP de no romper vínculos con la dictadura. Otro
episodio sonrojante fue el vivido el 4 de julio de 2006 en el Parlamento
Europeo. Aquel día, todos los parlamentarios, salvo los del PP y dos polacos,
ambos de extrema derecha, condenaron el franquismo.
Han sido múltiples las
ocasiones en las que políticos del PP, concejales, alcaldes, o presidentes de
comunidades autónomas se han negado a condenar la dictadura o retirar medallas,
honores, o simbología de la dictadura fascista. La excusa más común a la que
suelen recurrir es que “forma parte de la historia, como la invasión romana”.
Ejemplos tenemos en Sada, Granollers, Reus, Mallorca, Elche, donde el PP se
abstuvo o votó en contra. En Pamplona, la medalla fue retirada en 2007 con la abstención
de UPN, el PP Navarro. Una concejal fascista de UPN amenazó con la siguiente
frase a quienes votaron a favor: “tened cuidado que el pasado siempre vuelve”.
En Castellón, la diputación presidida por Carlos Fabra financió un libro que exalta la
dictadura franquista y califica de golpe de Estado la victoria democrática del
Frente Popular en las elecciones de 1936. El pleno de la Diputación de Alicante rechazó
con los votos del PP una moción socialista en la que se pedía retirar el
nombramiento de hijo adoptivo y predilecto de la provincia al general Francisco
Franco.
En 1997, a alguien se le
ocurrió destinar seis millones de euros del erario público a la creación de
propaganda de lujo. La idea de negar el carácter fascista y dictatorial del
régimen de Franco y separar al franquismo del totalitarismo, plasmada en las
biografías elaboradas por la Real Academia de la Historia, coincide con las
denuncias al movimiento revisionista de la
Historia que intentó impulsar Esperanza Aguirre cuando desempeñó la labor de
Ministra de Educación y Cultura. En la segunda legislatura de Aznar,
ya con mayoría absoluta, el disfraz de “centrista” no era necesario y el
PP agradeció a los ultraderechistas su voto útil subvencionando a la Fundación
Francisco Franco. La excusa fue que había que modernizar los archivos y estos
eran de consulta pública. Lo cierto es que los historiadores tienen vetado el
acceso a dichos archivos salvo que sigan la línea ideológica de Pío Moa.
Sonada fue la
actuación de la alcaldesa popular de
San Sebastián de los Ballesteros, Córdoba, quien se negó en
rotundo a inaugurar un monolito a los fusilados del franquismo en el cementerio
municipal y que estaba comprometido por la anterior corporación. También han
levantado mucha polémica los incidentes ocurridos en Poyales del Hoyo, Ávila, donde el alcalde
conservador desmanteló un mausoleo en recuerdo de varias víctimas de
fusilamientos para después arrojar los cuerpos a una fosa común. Esta actuación provocó
una manifestación en la plaza del pueblo, convocada por asociaciones de memoria
histórica, y que acabó con altercados con los vecinos. En Valladolid, más de
sesenta mil personas, en su mayoría falangistas, estuvieron presentes en la
inauguración del monumento homenaje a Onésimo Redondo sobre el alto del cerro
de San Cristóbal, a cinco kilómetros del centro de la capital provincial.
Una herida profunda a las víctimas del franquismo la abrió José Bono,
presidente del Congreso de los Diputados, al leer la declaración del Congreso al cumplirse
75 años del inicio de la Guerra Civil. No sólo rehusó condenar el régimen
y el golpe de Estado de 1936, tampoco diferenció entre vencidos y vencedores y
no tuvo un recuerdo especial a los que defendieron la legalidad de la Segunda
República.
En Castilla La Mancha no somos la excepción y vivimos también el resurgir
del franquismo. Contamos con un Partido Popular especialmente tolerante con la
simbología y los personajes relacionados con la dictadura, muy resistente a
cambiar nombres de calles de sus héroes patrios y raudos para recuperar las que
se perdieron con gobiernos de izquierda. Envalentonados con la victoria de
Cospedal, camparon a sus anchas y se atrevieron con todo. Ejemplo de ello es el
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, que quiso reponer la Cruz de los Caídos
situada frente a la iglesia parroquial de San Miguel y mantener otra en el
cementerio.
Mucho más atrevido fue
el acto organizado por el Ayuntamiento de Méntrida, gobernado por el PP, contando
con la participación del Ejército y que fue muy criticado por el Foro por la
Memoria e Izquierda Unida. Según la información que difundió el propio
ayuntamiento, el programa de sus fiestas patronales incluía un homenaje a la
bandera y a los caídos por Dios y por España. IU consideró dicho acto como
anticonstitucional y pidió su anulación al ayuntamiento y a la subdelegación
del Gobierno. El Foro por la Memoria solicitó a la ministra de Defensa, Carme
Chacón, que evitara la participación del Ejército en dicho acto. Ni una cosa ni
otra, el acto se desarrolló según lo previsto aunque su alcalde, José Sánchez,
pidió públicas disculpas por lo que según él había sido un error. La solución
salomónica fue eliminar la palabra “dios” de la cartelería del acto.
Rozando el
esperpento se situó el alcalde popular de Villamayor de Calatrava. Juan Antonio
Callejas decidió cambiar el nombre a las calles Tierno Galván, Pablo Iglesias y
Pablo Neruda porque, según él, son personajes poco conocidos y que nada han
hecho por su pueblo. Ser noticia parece no importarles. Solo así se entiende
que el alcalde de Horcajo de Santiago (Cuenca), también del PP, recuperara una
calle para José Antonio Primo de Rivera y quitársela al que fuera alcalde republicano,
Pedro López Brea.
La simbología
franquista, así como los hijos del franquismo están muy presentes hoy día en
nuestros pueblos. En Carrascosa del Campo (Cuenca) son archiconocidas las
banderolas con símbolos fascistas que se instalan en las calles del municipio
con motivo de las fiestas patronales. En la capital regional circula el boca a
boca de la guía turística fascista y en Ciudad Real sobrevive un poblado de
colonización que rinde honores al “caudillo”. Se llama Llanos y su cartel es
bien visible en la autovía de Andalucía.
Es preocupante que amplios sectores
de la derecha española se hayan lanzado a repetir los argumentos franquistas
para la legitimación del levantamiento militar. No es rara esa posición del PP
si tenemos en cuenta de quienes son herederos directos. Buen número de hijos
del franquismo han ocupado y ocupan puestos relevantes en la política nacional.
Plumaroja
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