pese
a que González Pons ande suelto de verbo y se vea obligado a rectificar de
cuanto dice, en el PP no sueltan prenda de que pretenden hacer con los
impuestos. Prometen una reforma profunda pero me temo que no la sufriremos
hasta pasado el 20N, eso si ganan las elecciones porque aún no está todo el
pescado vendido.
Desde
luego, si el 15M ha aportado algo a la vida política española han sido ganas de
participar y de conocer, también de exigir a los partidos políticos algo más
que promesas electorales vacías. Nada es ya igual y la campaña del 20N será
radicalmente distinta a las anteriores. Salvo el PP, que seguirá con su habitual
folklore para crédulos, los partidos buscarán fórmulas directas de explicar sus
propuestas y recogerán también las ideas de sus potenciales electores. En ese
modelo de campaña nada está perdido y hay
mucho por ganar.
Pero,
volvamos a la reforma fiscal que prepara el PP. El programa con el que concurrirán
el 20N lo está rematando Baudilio Tomé y todas las fuentes coinciden en que la ambigüedad
será su seña de identidad. Nada nuevo bajo el sol, a eso llevan jugando
décadas, a disimular y a ofrecer una moderación que se transforma en
radicalidad en cuanto tocan poder.
El propio Cristóbal Montoro es quien ha
hecho pública la intención de llevar a
cabo una “gran reforma fiscal”. El desplome de la recaudación, especialmente en
el impuesto de sociedades, preocupa mucho al PP. Los populares ya han dejado de
hablar de bajadas de impuestos como hacían el año pasado. Hablan de ayudar a los emprendedores, pero el foco ya
no está en una bajada. Al margen de estrategias electorales para contrastar con el PSOE y
de batallas ideológicas en su electorado, las personas del mundo de la economía
influyentes en Rajoy saben que la situación es tan grave que apenas hay margen
para bajar nada. Al menos por ahora.
Montoro no aclara en qué consistirá esa
“gran reforma fiscal” pero apunta que la bajada de los ingresos hace necesaria
“una reforma bastante completa para tener un sistema tributario más eficiente que
pueda repartir mejor las cargas tributarias”. Incluido un replanteamiento del
impuesto clave y más universal: el IRPF. El PP insiste en la idea de que “hay
que repartir los costes de la salida de la crisis”, aunque aún no aclara cómo. Montoro
habla, sin concretar demasiado, de “ensanchar las bases imponibles” y
reformular deducciones y demás, especialmente en sociedades. Parece claro que
la letra pequeña esconde lo que nos imaginamos, la redistribución de la carga
fiscal siempre se escora hacia las capas populares, y si se rebaja algún punto
del IRPF es porque se pretende subir la misma cantidad en el IVA, directamente
o a través del eufemismo “impuestos especiales”. Llama la atención la “generosidad”
para con las sociedades, para las que se anuncian deducciones olvidando que su
aportación actual a los ingresos fiscales apenas llega al 30% de la aportación
que hacen las rentas del trabajo.
En el PP sueñan con que el Gobierno actual
suba el IVA o los impuestos especiales para hacer frente al desplome. Les haría
el último gran favor electoral, y aunque ellos insisten en que no tienen
intenciones de hacerlo, nadie en el partido descarta nada. De hecho, en 1996,
el PP ya subió los tributos especiales. La situación es muy complicada. La
recaudación del impuesto de sociedades ha vuelto a caer después de varios
desplomes. Los últimos datos, de julio, indican que en la primera mitad de 2011
ha caído un 23% sobre un año muy malo como 2011. La recaudación está ya en
niveles de 2000. Algunos cálculos internos del PP señalan que si sigue así
Rajoy va a tener que hacer en 2012 un recorte de entre 30.000 y 35.000 millones
de euros para cumplir el objetivo del 4,4% de déficit a finales de año —el recorte
de 2010, tan polémico, fue de 10.000 millones—. Es imposible hacer eso sin
tocar gasto social y provocar un grave conflicto en la calle si no empieza la
recuperación y crece la recaudación.
Por eso las auténticas reformas que prepara el PP son la que
estamos observando en las comunidades autónomas donde gobiernan: recortar
servicios públicos esenciales, desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar
empresas e infraestructuras públicas. Los ciudadanos quizá no vean incrementados
los impuestos que pagan, pero sí tendrán que destinar buena parte de su salario
a pagar los servicios que antes recibían. La prioridad absoluta del PP, la que
se esconde tras el debate de la reforma fiscal, parece estar colocada en una
gran reforma laboral más dura y profunda que la llevada a cabo recientemente por
el Gobierno. Una reforma que flexibilice el mercado laboral con un contrato
único para abaratar el despido y acabar con el modelo dual, reformando la
negociación colectiva para dar más poder a los empresarios y eliminar convenios
sectoriales o provinciales, facilitando aún más contratos baratos para jóvenes.
Es la política del palo y la zanahoria, no te subo impuestos pero te quito
derechos.
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