Sindicatos y partidos de izquierda coinciden en que el Plan
Cospedal saldrá muy caro a Castilla La Mancha y la pérdida en servicios
públicos consolidados podría retrotraernos a la etapa preconstitucional. Educación,
sanidad y servicios sociales serán especialmente afectados.
El incremento de dos horas lectivas a los docentes supondrá
la pérdida directa de más de 400 empleos ocupados actualmente por interinos, a
ello se une la supresión de la oferta pública de empleo, la suspensión del año
sabático que utilizaba el profesorado para actualizar su formación, el cierre
de los centros de profesores y la posible eliminación de rutas escolares en el
medio rural. La excusa, según el nuevo consejero de Educación, es que el número
de plazas no las hace viables.
Otra de las amenazas que penden para la educación es la
retirada de las pizarras digitales con el pueril argumento de que no se
utilizan. También están amenazados los programas de refuerzo. De aplicarse la
totalidad de las medidas contemplada en el plan Cospedal, la educación
castellanomanchega volvería al modelo franquista de la década de los sesenta,
con una pérdida directa de 3000 puestos de trabajo.
Tampoco le irán bien a los servicios sociales, con el
agravante de que la reducción de plazas públicas destinadas a grandes
dependientes será caro para las familias, que tendrán que ir a centros privados
y pagarlos de su bolsillo. Se estima que para la atención de un gran
dependiente se precisan tres empleos especializados y dado que en Castilla La
Mancha se supera el millar de este tipo de pacientes podemos concluir que el
plan Cospedal amenaza a más de 3000 empleos. Las familias con dependientes y
los centros gestionados por asociaciones llevan más de tres meses sin cobrar
las nóminas y/o los programas concertados. Denuncian sus representantes que han
pasado a considerarlos empresas privadas y como tales a engrosar las listas de
acreedores del gobierno regional. Han creado plataformas en las redes sociales
y amenazan con movilizarse contra el plan de ajuste.
La reducción del 10% en el proyecto de presupuestos generales
para 2012 amenazan las subvenciones dirigidas a ayuntamientos para el
mantenimiento de servicios básicos, como viviendas tuteladas, centros de
infancia, ayuda a domicilio…etc. Colectivos directamente afectados por los
recortes son las 32000 viudas que han dejado de percibir su pensión
complementaria y los miles de pensionistas que no han disfrutado de los viajes
sociales. Estos recortes contrastan con el modelo socialista que incrementó las
subvenciones en un 15% durante los últimos cinco años.
Todo apunta a que el servicio público más amenazado es la
sanidad para la que se anuncia un recorte de 400 millones de euros y se abre la
puerta a la privatización de infraestructuras siguiendo el modelo aplicado por
Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid. Cospedal ha paralizado el proyecto
de hospital general provincial de Guadalajara y amenaza las obras iniciadas en
Toledo y Cuenca. Se estiman en más de 4000 los empleos amenazados.
La excusa empleada por Cospedal es la herencia recibida de
Barreda y los cierto es que en la caja del gobierno regional había un saldo
positivo superior a los 250 millones, a los que había que sumar la asignación
mensual de 170 millones que puntualmente recibe Castilla La Mancha del gobierno
central. Realmente Cospedal se encontró con 420 millones y no con 60 millones
como han aireado sus voceros. Esos fondos, sumados a la asignación mensual fija
garantizaban recursos suficientes para mantener sin recortes los servicios
públicos esenciales. Es simplemente una cuestión de prioridades. Las víctimas
de los recortes de Cospedal confirman que recibieron puntualmente los pagos
hasta el pasado 28 de mayo, coincidiendo con la toma del poder por el equipo de
Cospedal. Farmacias, viudas, pensionistas, dependientes, asociaciones y
entidades cobraron sus asignaciones sin ningún retraso los días 28 de cada mes.
Actualmente acumulan tres meses de retrasos.
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