El 28 de octubre una fuga de grisú mató por intoxicación a seis mineros y dejó heridos a otros cinco en el Pozo Emilio del Valle, propiedad de la familia del Valle, propietarios de la empresa Hullero Vasco-Leonesa, en la localidad de Santa Lucía, en el municipio leonés de Pola de Gordón. La tragedia sucedió en la séptima galería del Pozo, en la cuenca minera de Ciñera, uno de los tres pozos verticales con los que opera Hullera Vasco-Leonesa.
Esos “privilegiados”, según el Ministro Soria, tienen que trabajar 25 años agazapados picando en un hueco de 80 centímetros, si sobreviven al grisú, la silicosis o el derrumbamiento, para poder prejubilarse. © Zona Retiro
Carlos, Manuel, Antonio, Orlando, José Luis y Roberto, son los nombres de quienes han dejado sus vidas arrancando carbón de las entrañas de la tierra para seguir manteniendo los márgenes de productividad y beneficios de la empresa, en este modo de explotación del capitalismo actual que prima la competitividad frente a la seguridad y que se suman a la triste lista de víctimas de la mina.
Carlos Pérez tenía dos hijos de 16 y 13 años. Manuel Moure de 39 años acababa de tener una niña. Antonio Blanco, de 42 años, tenía una niña y hubiera estado prejubilado si Soria no hubiera cambiado las condiciones de prejubilaciones en el último plan del carbón. Roberto Álvarez tenía 35 años, una niña de dos años y un bebé nacido este verano. José Luis Arias, asturiano de 45 años y con dos hijos. Orlando González que llevaba en la mina 12 años de los 44 que tenía, pudo salir, pero se quedó para intentar ayudar a sus compañeros, muriendo en el empeño.
En esos días todos los medios y las autoridades hablaban y se lamentaban de la tragedia sucedida. Un accidente imprevisible, una tragedia humana. Se repetían titulares y declaraciones que insistentemente y de forma pertinaz, como la lluvia que caía en el valle, consolidaban una convicción que se difundía a nivel nacional: “trágico accidente”, “una concatenación de causas imprevisibles”.
Pero los mineros, quienes bajan cada día al tajo de las minas, no decían lo mismo. Desde la indignación, con los dientes apretados y la rabia contenida, en la concentración en La Pola de Gordón en memoria de las víctimas o a la puerta de los tanatorios donde fueron llevados, murmuraban algunos y otros casi lo gritaban: “Es la crónica de una muerte anunciada. Esa empresa minera, La Vasco, propiedad de la familia del Valle, alardea en todos los medios que tiene un sistema puntero de seguridad, detección y alertas ante gases. Pero ya sabíamos que los sindicatos venían denunciando desde hace diez años problemas de gas, con capas prendidas.
Éstas son las prisas, la presión para el aumento de producción. La presión extractiva, donde se va a capas cada vez con más riesgo. Es el modelo de competitividad, el carbón barato, ese plan “tan bueno” que ha obligado a firmar el Ministro Soria, con la amenaza del ultimátum de desaparición de toda la cuenca minera. Esa forma de explotación donde se barrena por las noches, se presiona para entrar sin dejar que se reduzcan los niveles de gas, no se desgasifica suficientemente, se acumula el gas y cuando llegas el lunes el ambiente está todo viciado, y ya cuando se produce el derrame no da tiempo ni de ponerse los autorrescatadores”.
Éstas eran las palabras de los mineros. No los términos ambiguos del Ministro Soria, que acudía a presenciar las consecuencias de haberles recortado el 100% de las aportaciones a los presupuestos para seguridad en los dos últimos años, porque han decidido destinar los presupuestos públicos, el dinero de todos y todas, a seguir rescatando a sus bancos y financieras, precisamente las causantes de la crisis y los recortes que ahora sufrimos, mientras recortaba un 63% la financiación al plan del carbón.
La explosión tiene relación directa con los recortes a las cuencas mineras
Hace dos meses la empresa había despedido a dos ingenieros por oponerse a las políticas de seguridad de la empresa, no avalando las actuaciones que se iban a hacer en unos macizos por su peligrosidad
Uno de los mineros con más experiencia, con lágrimas en los ojos, y con el rostro encendido de furia clamaba: “Hay que desmontar el mito de que esto es casual, imprevisible, mala suerte, que la mina tiene que ser un matadero de gente. Hay una relación muy directa con los recortes que el Ministerio ha aplicado en las cuencas mineras, y ahora vienen a la foto. Hay que decirle al PP que hay una relación directa entre los recortes en seguridad y las muertes de los mineros. Que las empresas, si las recortas, recortan en seguridad, porque ellas van al beneficio, están a sacar carbón. Es algo que todos sabemos. Ya había reventado el gas, había estallado un tapón de seguridad que se había hecho y todo sigue igual, exigiéndonos que entremos una y otra vez, porque hay que aumentar los márgenes de productividad para competir en ese mercado de la precariedad y la inseguridad con que obligan a trabajar en Indonesia o en Sudáfrica”.
No es cuestión de mala suerte. Lo tienen muy claro. Es la competitividad a la que obliga la empresa para seguir sacando los mismos márgenes de beneficio y el Ministro Soria, que considera que los mineros son unos privilegiados, para conseguir un carbón a precios competitivos con Indonesia. Esos “privilegiados” que tienen que trabajar 25 años agazapados picando en un hueco de 80 centímetros, si sobreviven al grisú, la silicosis o el derrumbamiento, para poder prejubilarse. Sabían que, tarde o temprano, iba a pasar. Decía otro de los mineros, recordando un dicho de su padre: “Cada medida de seguridad es una bola blanca, que se mete en una bolsa donde hay una bola negra. Si metes un millón de bolas blancas en la bolsa tienes muchas posibilidades de que no salga la bola negra. Pero si recortas, es decir, si sacas millones de bolas blancas cada día tienes más probabilidades de que salga la negra. Y esto es lo que ha pasado”.
Eran los propios mineros quienes recordaban que hacía dos meses la empresa había echado a dos ingenieros de seguridad por oponerse a las políticas de seguridad de la empresa, no avalando las actuaciones que se iban a hacer en unos macizos por su peligrosidad. La empresa se limitó a sustituirles por otros ingenieros “menos díscolos” y que algunos suponen que ahora podrán ser las cabezas de turco de esta catástrofe anunciada. Esa empresa, publicitada como modélica por los medios, cuyo director acusaba a los mineros de “no tener cojones” para meterse en esos tajos.
Pero la responsabilidad es compartida con los responsables políticos que desde julio de 2010 no habían vuelto a reunir la comisión de seguridad minera, donde se analizan los accidentes de seguridad grave, para ver qué responsabilidades hay y cómo prevenirlos, para que no se vuelvan a producir.
Uno de los mineros que perteneció a ella recordaba que en esa comisión ni siquiera se había abordado en estos más de tres años tres accidentes mortales. Uno en Palencia, otro en Bembibre y el tercero en el Pozo de Santa Cruz. Ahora son nueve. Además de bastantes accidentes graves. “Tres muertes en tres años y ni dios se ha dignado en convocar esas reuniones, a pesar de que los sindicatos están hartos de ir incluso a la comisión nacional a reclamarlos”, clamaba uno de los mineros. Esa dejadez de la administración, de no darle importancia a la seguridad, a la prevención, a analizar por qué se producen esos accidentes, es también responsable de esta tragedia. Porque son trabajadores. Nadie va a trabajar para arriesgar la vida como si la mina fuera una ruleta rusa.
Por eso las mujeres del carbón increpaban al Ministro José Manuel Soria, por acercarse en un viaje relámpago a León, “sin dar la cara”, y después de un año y medio reclamando su presencia en las cuencas mineras. Al igual que denuncian el pésame de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras aplica los recortes que cuestan las vidas de sus maridos y compañeros. Y reprochaban a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, la de los múltiples sueldos, que no hubiera pasado a ver a los encerrados cuando estuvieron en el Palacio de los Guzmanes reclamando sus derechos y el mantenimiento del trabajo en la cuenca minera, mientras ahora convocara una concentración de apoyo.
La nacionalización, única solución creible
Debemos exigir tres medidas cruciales: la nacionalización inmediata de la actividad extractiva del mineral del carbón;un nuevo Plan de Reestructuración de las Comarcas Mineras con criterios de sostenibilidad; y una auditoría integral sobre los fondos públicos destinados al Plan del Carbón 2006-2012
La nacionalización es la única solución creíble dado dónde ha llevado la privatización del carbón. Poner en manos públicas un sector estratégico que se ha convertido en negocio y cuyos únicos criterios son la competitividad y la reducción del coste en seguridad y precariedad laboral. El problema del carbón no es el propio carbón nacional y su viabilidad, como expone Soria, el problema del carbón nacional es el Gobierno del PP y sus amistades peligrosas entre las eléctricas y las nucleares, así como las prácticas empresariales toleradas durante años por PP y PSOE quienes privatizaron este sector.
Debemos exigir tres medidas cruciales: la nacionalización inmediata de la actividad extractiva del mineral del carbón como sector estratégico ya que es la única fuente de energía autóctona del Estado, lo cual sería la única forma de asegurar el futuro de las comarcas mineras y de romper el círculo vicioso de la competitividad al precio de vidas humanas; un nuevo Plan de Reestructuración de las Comarcas Mineras con criterios de sostenibilidad que asegure un desarrollo complementario de las comarcas mineras mediante la creación de un tejido industrial y productivo alternativo que conserve al mismo tiempo la riqueza humana, patrimonial, paisajística y ecológica de estos territorios; y una auditoría integral sobre los fondos públicos que fueron destinados al Plan del Carbón 2006-2012 y que durante estos años no sirvieron para generar alternativas económicas en las comarcas mineras, exigiendo responsabilidades económicas y penales, si fuera el caso, respecto al destino de esos fondos.
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