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| El grupo socialista acusó a Cospedal de "pucherazo" |
¿Qué importancia debería tener para mí la ley
electoral de Castilla La Mancha? La respuesta dependerá si considero que el
parlamento sólo sirve para elegir y cambiar el gobierno, opción que han venido
sosteniendo hasta la fecha los dos grandes partidos beneficiarios del modelo
bipartidista, o considero que la cámara debe ser la representación real de la
sociedad, opción más próxima a los postulados de IU y el 15M.
La ley electoral establece las reglas del juego que
determinan cual de dichas opciones tenemos. En ella se refleja el tipo y
calidad de nuestra democracia y en qué medida estamos representados como
ciudadanos. En mi opinión, la opción más democrática es que la cámara represente
a la sociedad castellanomanchega en su conjunto ya que así se respondería a una
concepción de la democracia más completa. Con la opción representativa, además
de un mecanismo para elegir gobiernos, para esto sirven ambas opciones, aseguraríamos
que el parlamento, y el gobierno de él derivado, representarían de forma
adecuada a la ciudadanía. Lamentablemente, la Constitución Española se decanta
por la opción representativa aunque no impide otro desarrollo a través de otras
leyes electorales.
Veamos en la práctica la aplicación de cada opción a
la Ley electoral de Castilla La Mancha, tan de moda en estos últimos años,
incluso a nivel nacional, y nunca por motivos positivos. Hasta la fecha, todas nuestras
leyes electorales, hayan sido promovidas por el PSOE o por del PP, plantean un
sistema de elección de diputados por circunscripción provincial. Esto garantiza
que las cinco provincias estén representadas, teóricamente en función de su
población, pero supone una distorsión en la proporcionalidad entre votos y
escaños ya que no se asegura que los diputados de cada partido se correspondan
con los votos totales regionales obtenidos. La desproporcionalidad entre votos
y escaños es especialmente significativa cuando la cifra de escaños a repartir
en cada territorio es baja, como viene a plantear la última propuesta de
Cospedal.
Imaginad que tenemos que repartir 25 diputados
regionales entre los partidos PP, PSOE, IU y UPyD cuyos porcentajes de votos serian
respectivamente, el 40% (PP), 38% (PSOE), 14% (IU) y 10% (UPyD), resultados más
que probables según lo reflejado por distintas encuestas. Si repartimos en base
al cómputo de dichos votos totales regionales, circunscripción única, corresponderían
10 escaños para él PP, otros 10 para el PSOE, 3 para IU y 2 para UPyD. Pero si
en vez de un reparto global regional hacemos cinco repartos de 5 diputados cada
uno (teniendo la provincia como circunscripción), resulta que en cada provincia
el PP conseguiría 3 diputados y el PSOE 2. Si la circunscripción es la
provincia, la cámara regional estaría finalmente integrada por 15 diputados del
PP y 10 diputados del PSOE y pese a representar un 24% de los votos emitidos,
uno de cada cuatro, IU y UPyD se quedarían sin representación en las cortes
regionales. El resultado de un reparto de escaños por provincias, con pocos
diputados en cada una de ellas como quiere el PP, es que la composición del
parlamento deja de ser un reflejo del voto popular: el 30%, 40% o incluso el 50%
de los votos ciudadanos pueden no estar correctamente representados. El ejemplo
anterior muestra que, con independencia de la voluntad ciudadana, la Ley D’Hont
y la nueva ley electoral cambiarían completamente la composición del parlamento
regional y, en consecuencia, el posible gobierno y distorsionado gravemente la
voluntad democrática expresada en las urnas.
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| Cospedal buscaría asegurar el resultado electoral |
Los anteriores datos servirían también para explicar porque
PP y PSOE se pelean enconadamente por determinar que provincias eligen más
diputados y cuáles de ellas eligen una cifra impar. Según los datos de nuestro
ejemplo, el PP gana al PSOE en todas las provincias por el 2% y se llevaría el
diputado impar (el quinto de cada provincia según la última propuesta del PP). Recordemos
que el PP cambió la ley electoral en 2012, aumentando el número de diputados,
para intentar que las provincias impares le fueran favorables en el futuro y lo
mismo hizo el PSOE en 2007. Además, para garantizarse dicha ventaja electoral,
ambos partidos fijaron en su ley electoral la cifra exacta de diputados de cada
provincia, en vez de dejar que se ajustará según evoluciona la población.
En consecuencia, los castellanos-manchegos hemos
tenido y tenemos las leyes electorales más generadoras de conflicto, ninguna
reforma se ha hecho con consenso, y además son las menos representativas de
toda España. Nuestra ley electoral actual, aprobada en solitario por Cospedal
al poco tiempo de tomar posesión, contempla unas cortes regionales con 53
diputados, asigna un promedio de 10 diputados a cada circunscripción provincial,
mientras que la media en el resto de las comunidades autónomas es de 26 diputados
por provincia. Si equiparamos nuestras cortes a la media española tendríamos
una cámara regional con un centenar de diputados e IU tendría grupo
parlamentario propio desde hace varias legislaturas. También es probable que el
PP no hubiera alcanzado la mayoría necesaria para formar gobierno.
¿Y cómo afectará a la calidad democrática de nuestras
instituciones una reforma electoral que propone reducir el total de diputados
regionales a una horquilla de 25 a 35? Pues vendrá a agravar de manera muy
significativa las consecuencias negativas y defectos comentados anteriormente.
Los diputados en cada reparto provincial caerán hasta una media de 5 a 7, quedando,
con estas cifras, los principios constitucionales de representatividad y
proporcionalidad en mera declaración de principios y pudiendo pasar cosas tan
graves como las indicadas en el ejemplo comentado: alteración total de la
voluntad democrática de la ciudadanía. La importancia de las provincias impares
será aún mayor y las peleas electorales por ellas también, primándolas en el
reparto de inversiones y servicios. El bipartidismo será inevitable, incluso
aunque un tercio de los castellanomanchegos optásemos por terceros partidos. En
definitiva, la propuesta del PP nos conduce a un miniparlamento con altas
probabilidades de no reflejar la voluntad que los ciudadanos manifiesten en las
urnas. Como será de antidemocrática la propuesta de Cospedal que el PP pretende
tapar sus corruptelas en la Comunidad Valenciana aplicando la receta de
Castilla La Mancha.
Las ventajas que argumenta la presidenta Cospedal sobre
la reducción de diputados son que reduce los costes de las instituciones políticas,
da ejemplaridad de la clase política ante los ciudadanos, y es lo que quiere mayoritariamente
la ciudadanía. La primera supuesta ventaja se rebate fácilmente porque los
gastos de funcionamiento de entre 30 diputados y 60 diputados, que no cobran
sueldo, suponen unos 30 céntimos de euro por ciudadano y año. Personalmente
prefiero pagarlos antes que tener un parlamento poco representativo. El
argumento de la ejemplaridad me parece sencillamente demagógico ya que para ser
ejemplar existen numerosas opciones sin que sea preciso reducir la
representatividad del parlamento: reducir y/o eliminar los asesores elegidos a
dedo (no votados), ser transparentes de verdad con los dineros públicos
facilitando que los ciudadanos podamos conocer como y que se gastan, echar a
patadas a los corruptos en vez de encontrar siempre excusas para mantenerlos en
el puesto, combatir con todo el peso de la Ley a los corruptores. Sobre la
tercera ventaja, lo que queremos la inmensa mayoría de ciudadanos es que los
políticos sean nuestros representantes y no un grupo ajeno, una casta que nos
genera nuevos problemas en vez de resolver los existentes. Queremos que en lugar
de manipular las reglas de la democracia para su propio beneficio antepongan el
interés general, por ejemplo, elaborando leyes electorales justas y neutrales,
y consensuadas.
La austeridad es buena o no, según de donde partimos.
Los números demuestran que las Cortes de Castilla-La Mancha ya son el
parlamento autonómico más austero. Con 53 diputados, 49 actualmente, tenemos
bastantes menos que otras regiones con población similar: Canarias 60 y País
Vasco 75. Con la reducción a una horquilla de 25-35 seremos más del doble de
austeros que el siguiente. Ponerse a dieta puede ser bueno para reducir peso,
pero si ya estamos muy delgados lo que hacemos es poner en peligro nuestra
salud. De igual manera, esta dieta de adelgazamiento tan fuerte de nuestro
parlamento regional pone en peligro la salud democrática en Castilla-La Mancha.
Dado que el PP tiene mayoría absoluta en el parlamento
regional y en el nacional, es muy probable que se apruebe la reforma del
estatuto que implica la reducción de diputados a la horquilla ya mencionada,
aún sin consenso y siendo la primera vez en la historia de España en que una
norma básica, como lo es un estatuto de autonomía, se reforma con el apoyo de
solo uno de los dos grandes partidos y la oposición del resto de fuerzas
políticas.
El PP ha dicho que su objetivo al promover la
reducción no es su propio beneficio pero cuando elabore la futura ley electoral
lo comprobaremos. Si hace una ley que simplemente reduce la cifra de diputados
y reparte muy pocos en cada provincia, estaremos en una situación parecida a la
expuesta en el ejemplo. El PP tendrá su ley electoral, muy poco proporcional,
que generará un parlamento poco representativo y que, aunque no lo pretendía,
casualmente le beneficia mucho. Si por el contrario quisiera una ley neutral,
debería asegurar dos aspectos que son clave para una democracia realmente
representativa: a) Que todos los votos valgan igual, lo que supone la
proporcionalidad de escaños con los votos totales regionales y un reparto
proporcional puro no condicionado por la Ley D’Hont; y b) Capacidad de elegir a
nuestros representantes, lo que supone que, además de votar a un partido,
deberíamos poder votar a las personas en listas abiertas y desbloqueadas. Consolidar
definitivamente una única circunscripción electoral (toda Castilla La Mancha)
pondrá fin a la triste historia de peleas partidistas por decidir las
provincias impares.
Hagamos, para terminar, un ejercicio de reparto
proporcional puro con los supuestos del ejemplo contemplado al principio. Sin
las restricciones impuestas por la Ley D’Hont, con un supuesto de 33 diputados
a repartir, las cortes regionales contarían con 13 diputados del PP, 11
diputados para el PSOE, 6 diputados para IU y 3 diputados para UPyD. Estas si
serían unas cortes regionales que representarían la voluntad expresada en las
urnas por los electores.
Plumaroja
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