Reclamar la República no es un delito

Manifestación contra la Monarquía

El 16 de mayo del 2006, los hermanos Naiara y Eduardo, militantes comunistas, fueron detenidos por ondear una bandera republicana frente a la comitiva del heredero de la Corona y su esposa que visitaban la localidad de Móstoles en la Comunidad de Madrid. La policía les exigió sus documentos de identidad aunque ya habían sido controlados por la guardia real. A partir de aquí hay dos versiones: la de la fiscalía, que les acusa de agredir a los agentes, y la de los hermanos, que han denunciado a los policías por golpearles tanto en el momento de la detención como durante el traslado a la comisaría y en los calabozos mientras les gritaban ¡rojos de mierda!. Ya se realizó el juicio y están a la espera de sentencia, bajo la acusación de atentado contra la autoridad por la que el fiscal pidió dos años de prisión y una multa de 2.500 euros.

Nadie debe ser identificado por ondear una bandera republicana. Reclamar la República no es un delito. Tampoco lo es manifestarse como republicanos delante de los representantes de la monarquía. La actuación de la policía fue de intimidación contra la libertad de expresión y los acusados aseguran que no agredieron a los agentes. Hay además testigos que confirman la violencia de los que se supone que trabajan para un servicio público que debe garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Si Naiara y Eduardo son condenados, se estaría castigando institucionalmente el derecho a manifestarse en defensa de la democracia.

Precisamente cuando los parlamentarios de IU, ICV, ERC y el BNG han pedido en el Congreso una comisión de investigación sobre la Casa Real.

Pero además, desde su detención hace seis años, se han ido acumulando las evidencias sobre la criminalización de la protesta social. En la madrugada del pasado 15 de mayo, Miguel fue detenido en la madrileña Puerta del Sol por grabar la agresión de la policía contra otro compañero del 15-M. En la comisaría le llamaban ¡comunista de mierda!

Para empobrecer a la gran mayoría y anular los derechos de los trabajadores, el poder económico y sus complíces del bipartidismo necesitan destrozar la democracia, secuestrando los servicios públicos de seguridad, justicia e información. Lanzan a la policía contra la protesta social (como la de los mineros en Madrid), endurecen la legislación para castigar (incluso preventivamente) a los que se manifiestan y ocultan con los grandes medios de comunicación la realidad de un auténtico golpe de Estado contra la libertad, los derechos constitucionales y la democracia.

La solidaridad con Naiara y Eduardo es, además de la imprescindible respuesta de los que defendemos la democracia, una reacción en defensa propia porque todos somos víctimas potenciales de la escalada de agresiones contra nuestros derechos.