“Dios lo ha querido”. Con estas palabras ha ocupado la jefatura del Estado el vicepresidente Federico Franco después de la destitución de Fernando Lugo, impuesta por un Parlamento manejado por la oligarquía de Paraguay. No ha sido la cólera de la divinidad la que ha decidido sino un golpe de Estado del bipartidismo paraguayo, conducido -con el conocimiento de la embajada de Estados Unidos- por el Partido Colorado que gobernó durante sesenta años con la dictadura del general Alfredo Stroessner.
Fernando Lugo en un acto en Cecilio Báez, departamento de Caaguazú. ©FL.
Al presidente Fernando Lugo (el único al que reconocen los gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas) le quedaban sólo nueve meses de mandato después de haber derrotado en el 2008, con el voto popular, a la poderosa y eterna alianza de la oligarquía, el ejército, la jerarquía de la iglesia católica y los grandes medios de comunicación que cuenta con la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos.
Sin mayoría en el Parlamento, Lugo ha gobernado en alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico (al que pertenece Federico Franco) que así se fortalecía frente al Partido Colorado, su rival en el bipartidismo de los negocios. Ahora los dos grupos de la oligarquía se han unido en el golpe de Estado mediante un juicio político contra el presidente en el Parlamento que controlan con mayoría absoluta. Antes intentaron forzar la dimisión de Lugo (obispo antes de ser presidente) con la colaboración de la Conferencia Episcopal.
La indecencia del procedimiento se certifica incluso en el encabezamiento de la inquisición parlamentaria. Libelo acusatorio lo denominan los ejecutores del golpe de Estado. Libelo significa “escrito en que se difama a alguien”. Acusan al presidente Lugo de ser el responsable de la muerte de once campesinos y seis policías como consecuencia del desalojo de una hacienda ocupada por los trabajadores que reclaman la reforma agraria. El libelo es transparente al manifestar lo que de verdad le duele a la oligarquía paraguaya que destituye ilegalmente al presidente constitucional porque “es cómplice de las invasiones de tierras, violando el derecho de propiedad, al gobernar promoviendo el odio y la lucha de clases para consolidar su anhelo de un régimen autoritario con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del siglo XXI”.
La matanza tiene las características de las habituales intervenciones de la policía
La hacienda ocupada pertenece al millonario Blas Riquelme, uno de los más beneficiados por el reparto de propiedades públicas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner. La debilidad del gobierno del presidente Fernando Lugo le impidió realizar la prometida reforma agraria, lo que había provocado el distanciamiento del Movimiento Campesino Paraguayo y de la Coordinadora Nacional por la Recuperación de las Tierras Malhabidas. No hay una investigación sobre el supuesto enfrentamiento pero la matanza tiene las características de las habituales intervenciones de la policía y de los ejércitos privados de los terratenientes contra los campesinos que reclaman fincas para trabajar.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) considera que se trata de “una ruptura del orden democrático” y podría expulsar a Paraguay. Los presidentes de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador mantienen su apoyo al presidente Fernando Lugo y no reconocerán al golpista Federico Franco. Los gobiernos de México, Colombia y Chile, tradicionales aliados de Estados Unidos, se han refugiado en la ambigüedad.
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