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| Fernando VII firma la derogación de la Constitución de 1812 |
Quizá por ese espíritu cuartelario que describe Medrano, los Borbones se
han aliado a lo largo de la historia de España con las fuerzas más
conservadoras del territorio: los poderes que apostaron por impedir la caída del Antiguo Régimen,
reprimir el liberalismo, el movimiento obrero y la evolución democrática del
Estado. La gran excepción a esta trayectoria fue el discurso que Juan Carlos I
dirigió al país aquel 23-F, un episodio, sin embargo, sobre el que cada vez hay
más dudas y menos certezas.
La llegada de los Borbones a España estuvo rodeada de una cruenta Guerra de Sucesión que llevó al
territorio hispánico una batalla entre las principales potencias europeas. El
conflicto terminó con la Corona en manos de Felipe V a costa de ceder una parte
importante de los territorios europeos, e inmediatamente después se puso en
marcha un proceso centralizador, al más
puro estilo francés, a través de los diferentes decretos de Nueva Planta. Este
tema, sin embargo, bien merece un artículo diferente a este.
El presente texto trata de explicar de manera sucinta tres de las grandes
traiciones de los Borbones a la democracia y a los derechos de la ciudadanía
española.
1. Fernando VII y la traición a la Constitución de
1812
La Guerra de Independencia española comenzó tras la
invasión de las tropas francesas en 1808. En la defensa de Madrid por parte del
pueblo está basada una buena parte de la mitología del nacionalismo español. Se
comenta menos, no obstante, la torpeza, por decirlo de un modo suave, de los
reyes Carlos IV y Fernando VII, que acudieron a Francia a una reunión con
Napoleón en Bayona y terminaron cediendo la Corona al emperador francés, que se
la otorgó a su hermano José Bonaparte.
La resistencia quedó en manos de clases populares,
notables locales y el bajo clero. Comenzaba así una Guerra de Independencia que
se desarrollaba mientras, tal y como escribió Napoleón, Fernando VII le
carteaba felicitándole por cada logro militar y solicitándole una esposa de su elección. Un
rey, como se puede apreciar, nada comprometido con la lucha de su pueblo.
Así, en ausencia del monarca, se convocaron las
conocidas como Cortes de Cádiz, que redactaron la
Constitución de 1812, también conocida como La Pepa, uno de los
textos constitucionales más avanzados de la Europa del momento, si no el que
más, que fue acompañado de un buen número de decretos que intentaban sacar a
España del Antiguo Régimen en el que
permanecía anclado.
Con la victoria militar ante el invasor francés,
Fernando VII regresó a España en 1814 como el deseado. Sin
embargo, el monarca nunca tuvo intención de acatar la legalidad constitucional.
El rey, tras un pronunciamiento militar, declaró que tanto la Constitución,
como las cortes y sus decretos, quedaban sin ningún valor ni efecto.
“Mi real ánimo es no
solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las
Cortes…, sino el de declarar sin efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales
actos y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación en mis
pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos ni guardarlos”, rezaba el decreto promulgado por Fernando VII.
Acto seguido, comenzó una etapa de seis años en la que
desaparecieron la prensa libre, las diputaciones y los ayuntamientos
constitucionales. También se cerraron
universidades. Se restableció la organización gremial y se devolvieron
las propiedades confiscadas a la Iglesia. El Antiguo Régimen había vuelto por
orden del monarca.
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| Alfonso XIII y el dictador Primo de Rivera |
2. Alfonso XIII, el desastre de Annual y su apuesta
por Primo de Rivera
La mañana del 22 de julio de 1921 el Ejército español
sufrió una de las derrotas más duras de su historia. En la hondonada de Annual,
las tropas coloniales españolas fueron derrotadas
y masacradas por las milicias rifeñas de Mohamed
Ben Abdelkrin Al Khattabi. Se calcula que cerca de 20.000 soldados
murieron en una operación militar nefasta que sacudió a toda la Península. Se
inició una investigación parlamentaria que, pese a ser torpedeada desde varias
esferas, consiguió avanzar.
Las conclusiones señalaron al monarca y a altos jefes
militares de su confianza como responsables. Para el rey
Alfonso XIII estaba claro: había que evitar como fuese que ese informe
se leyera en las Cortes. En julio de 1923, Alfonso XIII había dicho a Joaquín
Salvatella (ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes) que “una
dictadura era inevitable e imprescindible”.
Escribe Carlos Rojas, autor de Los Borbones destronados, que en septiembre
de 1923 mandos militares de confianza del rey le informaron de la deseada
conspiración militar que entregaría el poder dictatorial a Miguel Primo de Rivera, entonces
capitán general de Catalunya, donde se había dado a conocer por su feroz
represión del movimiento obrero. El golpe, de hecho, estaba preparado para el
14 de septiembre, pero la presión del rey al general Sanjurjo lo adelantó al
día 13 de septiembre. El objetivo: evitar que la Comisión de investigación
expusiera en el Congreso sus conclusiones.
Tras el golpe, el Gobierno pidió al rey que
destituyera a los militares sublevados, pero el monarca, muy al contrario,
nombró a Primo de Rivera como presidente del Gobierno. Se suspendió la Constitución, se disolvieron
los ayuntamientos, se prohibieron partidos políticos, se crearon los somatenes
como milicias urbanas para reprimir al movimiento obrero y se declaró el estado de guerra.
Apenas dos meses después de este golpe de Estado, el
rey Alfonso XIII viajó a Italia junto a Primo de Rivera, donde se entrevistaron
con el dictador Benito Mussolini y el rey Victor Manuel III. Allí, el monarca español le
dijo al italiano que ya tenía a ‘su Mussolini’.
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| Juan Carlos I junto al dictador Francisco Franco |
3. El apoyo a Franco: de 1936 a 1975
Los monárquicos conspiraron contra la II República
desde el mismo día de su proclamación. Y eso que Alfonso XIII tuvo que huir del
territorio porque ni el golpista Sanjurjo ni la Guardia Civil estaban
dispuestos a apoyarle más. Pero esta conspiración, como tal, no es reprochable.
Sí lo es, sin embargo, el precio en vidas de españoles que los monárquicos
estaban dispuestos a pagar por llegar al poder.
Por una parte, Alfonso XIII donó
un millón de pesetas a la causa franquista. Por otro lado, está el trabajo de los
diputados monárquicos para conseguir aviones de guerra, que documentó el
historiador Ángel Viñas.
El 1 de julio de 1936, 17 días antes de que se
perpetrara el golpe de Estado militar contra la democracia republicana,
diputados monárquicos negociaron con la Italia de Mussolini la compra de 40 aviones que, evidentemente,
tenían como fin matar españoles. La investigación del historiador Ángel Viñas
mostró los documentos que probaron la compra. Parece difícil imaginar que esta
operación se realizara de espaldas al monarca depuesto Alfonso XIII, que vivía
a caballo entre Suiza y el país transalpino.
Sin embargo, a finales de 1937 Franco ya le hizo saber
a Alfonso XIII que difícilmente volvería a reinar en España debido a sus errores anteriores. El monarca
llegaría a escribir que se sentía traicionado
por el general.
En 1941 Alfonso XIII abdicó sus derechos dinásticos en
su hijo Juan, quien en 1936, con apenas 23 años, entró en España para
luchar junto a los golpistas.
Nada más llegar se atavió con el mono azul y la boina roja carlista. El general
Mola, sin embargo, lo mandó fuera del país. Pero Juan estaba entregado a la
causa y lo volvería a intentar. Esta vez, el padre de Juan
Carlos I escribió directamente a Franco (el 7 de diciembre de 1937) para
pedirle participar como marinero en el Crucero Baleares. También fue rechazado.
Una vez finalizada la Guerra Civil, Alfonso XIII envió
un telegrama al generalísimo para ponerse a su disposición: “A sus órdenes, como siempre, para cooperar
en lo que de mí dependa a esta difícil tarea, seguro de que triunfará y de que llevará a España hasta el final por
el camino de la gloria y de la grandeza que todos anhelamos”.
Sin embargo, Franco no designó a un Borbón como su
sucesor hasta 1969. Fue a Juan Carlos y con este nombramiento daba sentido a la
Ley de Sucesión de 1947 por la
que España se constituyó reino sin rey, figura a la que se aproximaba Franco
como jefe de Estado. La dinastía de los Borbones, no dudó (tampoco en esta
ocasión) en aliarse con un sanguinario
dictador como Franco que había llegado al poder tras provocar una de las
mayores tragedias humanas del siglo XX. De hecho, Juan Carlos hablaba de la
Guerra Civil como ‘crisis de 1936’: “El
general Franco es, verdaderamente, una figura decisiva, histórica y
políticamente, para España. Él es uno de los que nos sacó y resolvió nuestra
crisis de 1936. Después de esto jugó un papel político para sacarnos de la II
Guerra Mundial. Y, por esto, durante los últimos 30 años, él ha sentado las
bases para el desarrollo de hoy en día, tal y como usted puede constatar. Para
mí [Franco] es un ejemplo viviente, día a día, por su desempeño patriótico al
servicio de España y, por esto, yo tengo un gran afecto y admiración”,
decía Juan Carlos I en 1970 a una televisión suiza.
A. Torrus
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