Seis años de Rajoy han dejado margen para
ciertos cambios de calado (y posibles con la actual correlación de fuerzas) que
podrían iniciarse o proyectarse estos dos años. Apuntamos solo algunos para que
el nuevo Gobierno merezca el apelativo de reformista.
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| Toma de posesión de Pedro Sánchez |
A estas alturas, nadie puede esperar
del PSOE un cambio de las estructuras del Estado que han llevado al Reino de
España a una fuerte
crisis política, económica y social. Solo queda media legislatura y,
en términos estrictamente presupuestarios, faltan por debatirse los
Presupuestos de 2019 y de 2020, tras la renuncia, en un primer momento (auténtico
gesto fundacional del nuevo Ejecutivo), a plantear con sus socios en
la moción de censura unas cuentas menos antisociales en 2018 que las heredadas
del PP. Pero seis años de Rajoy y ocho años de recortes han dejado margen para
ciertos cambios de calado (y posibles con la actual correlación de fuerzas) que
podrían iniciarse o proyectarse estos dos años. Apuntamos solo algunos —dejando
de lado la cuestión territorial— para que el nuevo Gobierno merezca el
apelativo de reformista:
Economía: El Gobierno tiene
por delante aún dos años de probable crecimiento económico. Debería
aprovecharlos para poner las bases de un cambio en un sentido redistributivo
que aguante la previsible recesión futura y permita recuperar los servicios
públicos —gravemente dañados— en el medio plazo.
Los movimientos y partidos a su
izquierda pueden presionar para cambios
efectivos en materia de vivienda y desahucios (que requerirán, antes
que de grandes inversiones, de medidas de enajenación de viviendas vacías).
Aún es posible cumplir los
irracionales objetivos de déficit simplemente
recuperando el poder de recaudación del impuesto de sociedades, que
en el quinto año de recuperación económica recoge aproximadamente la mitad que
en 2007. Será el momento, también, de pedir concreción
en las promesas sobre nuevos impuestos a la banca para financiar las
pensiones: el movimiento de pensionistas ha demostrado que debería haber fuerza
para presionar. Es posible, también, aprovechar los bajos tipos de interés (situación que
tampoco durará siempre) para amortizar de una vez el pago de la
deuda pendiente por el rescate de 2012 (condicionado a un control real sobre
Sareb, ‘el banco malo’ creado en 2012 para comprar los activos inmobiliarios
invendibles de la banca, y Bankia):
aplazarlo para un futuro será peor, y su amortización estratégica daría poder
negociador frente a la Unión Europea.
Empleo: Toda acción
debería ir orientada estratégicamente a recomponer el poder de negociación de
los trabajadores, a crearlo allí donde no existe (en los amplísimos espacios
oscuros de la überización laboral y en los sectores más feminizados, como el
trabajo doméstico y de cuidados) y a recuperarlo allí donde sí hay presencia
sindical, empezando por la Administración del Estado. Sin esta orientación
estratégica, la anulación necesaria de los peores aspectos de la reforma
laboral de Rajoy (descartada por el Gobierno una derogación integral) se
quedará coja; también los objetivos de eliminación de brecha salarial entre
hombres y mujeres. Mientras, la anulación de los artículos que permiten la
cesión de trabajadores, un régimen estricto de sanciones para las empresas que
usen falsos autónomos y la equiparación
salarial y de cotizaciones de las 600.000 empleadas del hogar son
objetivos mínimos perfectamente posibles.
Libertades y derechos: El Gobierno
ya ha anunciado que restaurará la sanidad universal y la financiación
plena de las medidas incluidas en el Pacto Estatal contra la Violencia de
Género. Es esperable y exigible la derogación inmediata de la
denominada Ley Mordaza; lo es también la liberación (mediante la retirada de
las acusaciones de la Fiscalía, algo para lo que el Gobierno podría apoyarse en
el Parlamento) de todos los presos del proceso soberanista catalán. Son
posibles y aplicables los cambios en la política de visados y la puesta en
marcha de la petición de asilo en el país de origen, así como el cierre de los
Centros de Internamiento de Extranjeros sin ser sustituidos por ninguna medida
de encierro.
Somos conscientes de que mezclamos,
quizá, las churras con merinas: medidas que son técnica y políticamente
aplicables en estos dos años (bastaría con volver a una situación anterior, o
de desbloquear propuestas ya en marcha) con reformas de mayor calado cuyo apoyo
parlamentario —empezando por el del propio partido del Gobierno— es más que
dudoso. Tampoco se nos escapa que, incluso en el corto plazo, nos dejamos
múltiples campos sin tocar (baste mencionar las diferentes propuestas, que
parecen recoger un amplio consenso social y político, sobre la ampliación de
bajas maternales y paternales). Por supuesto que entrarán en juego los
intercambios parlamentarios de cromos, las carreras y ambiciones personales, el
ojo avizor de la UE, los conflictos de interés y el cambio de prioridades
dictado por el tema candente de la semana. Por eso hemos elegido una serie de
campos —podrían haber sido otros— a modo de termómetro: es posible que resulte
tan instructivo como desalentador examinarlos dentro de dos años.
El Salto diario
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