LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA

Miguel Blesa y Rodrigo Rato

En 1961, el gran dramaturgo español Lauro Olmo con Pilar Enciso publicaron la obra “Asamblea General” (basada en la fábula de La Fontaine “Los animales apestados”).

Eran tiempos en los que la sangrienta dictadura imponía el orden social mediante la represión, la cárcel y la muerte. Esta obra de teatro denuncia la barbarie y la arbitrariedad de la justicia. Su argumento es el siguiente: en el país de los animales se declara la peste y el rey (Leonidas I) convoca Asamblea General de todos los animales para que confiesen sus pecados, buscar al más criminal, al más canalla de todos y ofrecérselo en sacrificio a los dioses y, así, aplacar su ira.

Los carnívoros (león, tigre, cocodrilo, oso, zorra, araña) reconocen que todos habían hincado el diente en solomillo ajeno. Incluso el rey se había comido a un pastor y el cocodrilo a un cura (Ah, pero protestante). Todos se apoyan, disculpan sus fechorías y justifican la conveniencia de los asesinatos. Cuando al burro (el más pobre, el más débil de todos) le toca el turno, avergonzado, confiesa que un día, cansado y hambriento, pasó la “lengua por el prado de hierbecillas de un monasterio”.

La casta carnívora lo tacha de “sacrílego, asesino, criminal, canalla”. Leonidas I dicta sentencia “el burro es el ciudadano más culpable de todos, el más criminal y se lo ofrezco en ejemplar sacrificio para aplacar la ira del cielo y muestra de nuestro deseo de justicia”. Los poderosos y su justicia machacan al débil. Aparecen frases como: “todos son iguales ante la justicia del rey”, “ni los reyes, ni los grandes pecan”, ante las barbaridades “oscurezcamos, embrollemos, no aclaremos jamás”. Textos que se pueden aplicar al momento actual: “la justicia es igual para todos”, “el rey es inviolable”, “no sé nada”, “no me he enterado” y que difunden los cómplices “medios de comunicación oficialistas”.

Aunque en democracia, hay en nuestra coyuntura política, social y judicial determinado paralelismo con el argumento de la obra. También en la actualidad nos encontramos bastantes casos en los que a los débiles, a los ciudadanos de a pie, a los que sufren en sus carnes no sólo la tragedia del paro, los desahucios, la pérdida de derechos laborales y sociales, la disminución del poder adquisitivo, el deterioro de las pensiones, la exclusión social, la indigencia y el hambre, sino también el peso de una justicia implacable.

Aunque muchos en estas condiciones deplorables no tienen poder de respuesta (la miseria los obliga a intentar preocuparse por sus necesidades básicas –alimentación, vivienda, calzado,…-) por ignorancia, miedo o resignación, los que se atreven a levantar su voz en contra de esta crueldad, utilizando su derecho constitucional a la “libertad de expresión, manifestación y huelga”, defender los derechos de los jornaleros o robar pequeñas cantidades, son llevados ante los tribunales que, aplicando las leyes de manera parcial, son condenados a cárcel y elevadas multas.

Son muchos los ejemplos que se pueden citar (Andrés Bódalo, Alfon, Javier Martínez, Emilia, Operación Araña -entre ellos Strawberry-, Valtonic, Titiriteros, cinco de Buero, ocho de Yesa) que demuestran cómo la ley, dependiendo a quién se le aplique puede tener unas veces consecuencias catastróficas (años de cárcel e ingreso rápido) y otras, con delitos muy graves, penas ridículas.

Como señalaba, en 2014, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): “la Ley está pensada para el robagallinas”.

La soga de la justicia ahoga a los débiles y se convierte en cuerda frágil y quebradiza cuando se trata de los poderosos. Veamos:

– Todavía resuena en la calle y estalla en los medios digitales la incomprensión, la incredulidad y la vergüenza sobre lo acontecido en los últimos días con la sentencia al Sr. Urdangarín (falsedad documental, prevaricación, malversación) algo más de seis años de cárcel y que está libre para viajar por la UE hasta la sentencia firme (ya veremos cómo queda). Su esposa, la infanta Cristina, (“no sabía nada”, “confiaba en él”) queda libre a pesar de tener el 50 % de la empresa familiar Aizoon que recibía cantidades ilegales del Instituto Noos.

– Han sido absueltos los cinco acusados por el caso Noos en Valencia y la delegada de Madrid 2016, a los se les pedían penas bastante graves de cárcel.

– Rato y Blesa eluden la cárcel sin fianza por el caso de las tarjetas black.

– La denuncias para los casos gravísimos de corrupción relacionados con el PP (borrado de ordenadores, sobresueldos en negro, financiación ilegal del partido,…) están en los tribunales y se eternizan (caso Bárcenas, la trama Gürtel y Púnica).

– Al igual ocurre con otros casos de corrupción que afectan a militantes o exmilitantes del PP. Todo queda callado, pasado de puntillas por los medios de desinformación oficialistas para que pase el tiempo y se le aplique la Ley, aprobada por el PP, que recoge los “límites temporales en la instrucción judicial”. Seis asociaciones de jueces y fiscales creen que esta Ley provocará la impunidad de muchos delitos al no poderse terminar a tiempo la investigación. Así ha ocurrido con el Presidente de Murcia que se libra de una investigación por corrupción.

– Cuando un fiscal o un juez resulta contrario a los intereses del Gobierno no tiene inconveniente en sustituirlo o jubilarlo. El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que investigaba al presidente de esa comunidad, el popular Pedro Antonio Sánchez por malversación de caudales públicos, fraude, falsedad y prevaricación continuada, ha sido fulminantemente sustituido por otro que, indudablemente, aceptará las tesis del Fiscal General.

España es un estado fallido. Ha perdido soberanía política y económica, no es capaz de proveer los servicios básicos a sus ciudadanos y presenta altos niveles de corrupción, imbuida ésta en el propio corazón del sistema. Además está claro que en nuestro país no funciona el estado de derecho, porque la justicia no es igual para todos. Cuando una parte muy significativa del poder judicial está a las órdenes del poder político, no existe separación de poderes. La justicia tiene dos varas de medir, dependiendo de qué clase social proviene el acusado.