¿Se acuerdan de aquel macrodecreto de medidas urgentes “para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia”, convertido en proyecto de Ley? ¿Recuerdan que también fue conocido como “decreto ómnibus”, dada la diversidad de medidas que incluía y que afecta a nueve ministerios diferentes?
Seguro que sí. Pues va a ser el arranque del nuevo curso político. Que nadie se extrañe si algún diputado acude en bañador (bueno, en atuendo vacacional) a la comisión de Economía del Congreso de esta semana donde está previsto tratar la iniciativa en la última semana de agosto. Una iniciativa que modifica treinta leyes. Cuando el decreto fue convalidado el pasado mes de julio, se escucharon, entre otras críticas, algunas expresiones significativas procedentes de la oposición: corrupción de la democracia y barbaridad legislativa, entre otras. El Gobierno, cómodamente instalado en la mayoría parlamentaria, negó, en manifestación de la vicepresidenta: “Nosotros no traemos recortes por decreto, traemos estímulos”.
Y con tales antecedentes, vuelven sus señorías, gobierno y oposición, a sus escaños y a sus despachos, a los titulares gruesos y a la crispación. Vientos de escándalo ya soplan sobre la tramitación de la medida. El debate de las formas es archisabido y no hay previsibles novedades: decreto, porque somos más, y tente tieso. Al ejecutivo no lo arruga ni el anuncio de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional de, al menos, tres grupos parlamentarios.
En cuanto al fondo, el Gobierno ha vuelto a quedarse solo pero eso parece poco importar a estas alturas de la legislatura. Cada vez van quedando menos fechas para aprobar asignaturas tales como el Plan de Garantía Juvenil, orientado al fomento de la contratación laboral de jóvenes mediante nuevas bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social; y la entrada de capital privado en la Agencia Española de Navegación Aérea (AENA), tan contestada en algunos sectores y en algunas comunidades autónomas. La cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles, favorecer la internacionalización de las pyme y las reducciones fiscales para los autónomos son otros ámbitos en los que el Gobierno de Rajoy quiere extender su radio de acción. Estarán igual de atentos los ayuntamientos pues el decreto prevé la refinanciación de su deuda. Y para que nada falte, para que segmentos de población como los preferentistas engañados y los desahuciados que no tuvieron otro recurso que la dación en pago se sientan atendidos y que también tengan un hueco bajo el “manto protector”, el macrodecreto de medidas urgentes, llore o chille la oposición, va. De todas maneras, va.
Esto es lo que se avecina. Da igual, por cierto, el crecimiento de la deuda pública que ya ha alcanzado los veintidós mil euros por habitante. O lo que es igual: el billón de euros, a menos de dos puntos del cien por cien del Producto Interior Bruto (PIB). No nos hagamos ilusiones: si la Ley de Estabilidad Presupuestaria fijaba que dicha deuda debería quedar en el 60% el próximo 2020, al ritmo de crecimiento que se lleva ya hay que ir calculando que sería en 2030 cuando se alcance ese objetivo.
Para entonces, todos calvos.
Salvador García Llanos
Creo que estamos en lo que muchos economistas definen como: ciclo largo. Tras un breve periodo de mejoría, se vuelve a la recesión.
ResponderEliminarHace unos años, los economistas serios más optimistas, cifraban la salida de las crisis en 2017; están rehaciendo sus previsiones.