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| Saez de Santamaria y Soria comparecen tras el consejo de ministros |
“Las eléctricas han encontrado en el déficit de tarifa
el argumento perfecto para condicionar la política energética de nuestro país.
El valor primordial de la deuda que el gobierno tiene presuntamente contraída con
el oligopolio energético no es la modificación al gusto del recibo de la luz,
es la demolición de las energías renovables por mandato expreso de las eléctricas.”
El déficit de tarifa, es un
artificio contable, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el
PP de Aznar para calcular el precio de la electricidad que el PSOE de Zapatero
no se atrevió a desmontar. Este tinglado nació en el año 1997, al promulgar el
Gobierno de José María Aznar la Ley 54/1997 que liberalizaba el sector
eléctrico español. Hoy, José María Aznar es asesor externo de Endesa, cargo por
el que percibe un sueldo que ronda los 200.000 euros anuales.
Es realmente una estafa, una
supuesta deuda que los consumidores han contraído con las mayores empresas
eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural), que viene siendo
objeto de un discurso simplista e interesado por parte de las eléctricas y
medios de comunicación con sustanciosos contratos publicitarios, que se limitan
a atribuirlo al coste de las energías renovables. Sin embargo, a los ciudadanos
no se nos ha explicado que el déficit tiene su origen en el proceso de
privatización del mercado eléctrico que se inició en 1998. Tampoco que, para el
abono de tal deuda, el gobierno de Zapatero aprobó el Fondo de Titulación del
Déficit del Sistema Eléctrico, con emisiones de deuda avalada por el Estado
pero gestionado por los bancos, a los que se les hace partícipes del jugoso
banquete. En conjunto, el Fondo gestiona unos 24.000 millones de euros, que
pagaremos hasta el 2020 a través del recibo de la luz.
Un negocio
redondo para las eléctricas que, argumentando que es para compensar sus
pérdidas, cobran unos superbeneficios añadidos a los beneficios que ya obtienen;
y también para los bancos que se hacen con el jugoso negocio de los intereses
de la deuda titulizada de 24.000 millones sin poner un solo euro de su
propiedad. ¿Será acaso otra vía de ayuda para sanear las pérdidas de la burbuja
inmobiliaria? ¿Explica esto que las eléctricas contraten a políticos como
Aznar, González o Salgado, cuando dejan el gobierno?
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| El precio de la electricidad es fijado por el sector |
Desde hace tiempo, el Gobierno no
regula el precio de la electricidad sino que éste es fijado en un mercado oligopólico donde las empresas que
venden y compran energía son en la práctica las mismas y tienen un enorme poder
de influencia sobre el precio resultante. Este proceso de privatización
se ha llevado a cabo sin contar con la ciudadanía y ha conducido a un mercado
cuyo funcionamiento es totalmente opaco para la sociedad. Existen dentro de ese
mercado muchos mecanismos que son responsables de la subida del precio de la
electricidad y del déficit de tarifa: las primas a fuentes de energía emisoras
de CO2 como carbón y gas natural (pagos
por capacidad), la anulación anticipada de los Costes de Transición a la
Competencia (por la que se estima que las
eléctricas deberían devolver más de 4.000 millones de euros), los ingentes
beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o
los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras
obtienen cuantiosos dividendos (subastas
CESUR).
La suma de estos mecanismos,
sospechosos de haber sido manipulados en varias ocasiones durante la última
década para la Comisión Nacional de la Energía (CNE), conllevan un elevado
coste y carecen de los beneficios que las primas a las renovables aportan al
sistema de generación eléctrica: disminución de emisiones de CO2 y de
importaciones de combustibles fósiles y, más genéricamente, ser la piedra
angular de la inexorable transformación del modelo energético. Es
por tanto un error eliminar las primas a las renovables con la acusación
torticera de ser las responsables del déficit de tarifa. En todo caso,
me parece indignante que sean precisamente las empresas eléctricas –un
oligopolio que, desde la privatización y a pesar de la crisis, no ha dejado en
ningún momento de anunciar beneficios desproporcionados– las que reclamen al
Estado unas supuestas pérdidas que superan el 6% de los Presupuestos Generales.
Una cantidad comparable a todos los recortes realizados por el último Gobierno
del PSOE o al primer gran paquete de recortes que hizo el PP. La propia CNE ha
sugerido recientemente la necesidad de revisar la deuda sin descartar la
aplicación de quitas parciales, lo que ha provocado el rechazo unánime de la
patronal eléctrica, UNESA.
Creo que antes de discutir los mecanismos
técnicos para reducir el déficit de tarifa, los ciudadanos debemos reclamar que
se abra un debate social amplio sobre el origen y la legitimidad de esta deuda.
Para ello, es necesario insistir en que el déficit de tarifa no es la
diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que pagamos por
ella sino la diferencia entre los “costes reconocidos del sistema eléctrico
y lo que el sistema ingresa vía tarifas”, que suena lo mismo pero no es
igual.
Veamos algunos ejemplos realmente
ilustradores (los datos son oficiales).
El precio de coste real de producción de un MW/h en una central nuclear apenas
alcanza los 44’37€ y el precio fijado por el oligopolio de las eléctricas para
2012 era de 57’56€. En el caso del MW/h producido en pool hidroeléctrico la
diferencia es aún mayor ya que cuesta producirlo 39’00€ y se cobra también a
57’66€. Estos datos llevaron a la Asociación Nacional de Productores e
Inversores Renovables (ANPIER) a estimar que el 32% del déficit de tarifa es
virtual y se ha generado a través de dos mecanismos imperfectos pero muy
favorables a UNESA: el sistema de pool y la moratoria nuclear.
Frente a los datos de UNESA, los
datos barajados por ANPIER demuestran que de lo reclamado 52’3M€ son imputables
a la moratoria nuclear, 962’3M€ al pool nuclear y 602’4M€ al pool
hidroeléctrico. Hasta la fecha, los españoles hemos abonado más de 4.000M€ con
cargo a la moratoria nuclear y está más que satisfecha una deuda que nunca
debió ser reconocida. Además, el pool nuclear e hidroeléctrico representa casi
el 30% de la electricidad consumida en nuestro país y ya hemos visto la
favorable diferencia entre el precio por producción y el precio de mercado.
Con la decisión de privatizar
nuestro sector energético, el gobierno de Aznar regaló no solo la titularidad
de las empresas, sino que se comprometió a compensar a los compradores por las inversiones
modernizadoras de las infraestructuras heredadas del franquismo. Un negocio
redondo que culminó con la adquisición de las principales empresas españolas
por las grandes empresas públicas de Alemania e Italia (ENEL y E-ON) y
convirtió a nuestro país en el único de su entorno que ha privatizado un sector
tan determinante como él energético. En el compromiso de compensar las
inversiones modernizadoras está el origen del déficit de tarifa. Otra muestra
más de su ilegalidad.
Lo cierto es que el oligopolio eléctrico
español, todos los gobiernos han obedecido sus órdenes, ha subido el recibo de
la luz un 63% en el periodo 2003-2011 y ahora se propone subirlo otro 3’2% para
el próximo mes de agosto. Incremento que se sumará al reciente 1’2% y que a
buen seguro no será el último puesto que, de dar por buenos sus argumentos, el
recibo debería subir un 42% en los dos próximos años.
Las otras víctimas, junto a los
consumidores, son las energías renovables. El sector anuncia un aluvión de
demandas contra el gobierno por haber modificado unilateralmente las reglas de
juego que motivaron las inversiones. Todo el sector renovable sale perjudicado,
especialmente el sector fotovoltaico, excepto alguna inversión apadrinada por
EEUU, que ha sido excluida de los recortes. “La central termosolar que la
empresa de California Solar Reserve proyecta en Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) se ha vuelto a salvar del recorte del Ministerio de Industria.”
Los ciudadanos deberíamos implicarnos activamente en un cambio de modelo
energético que apueste por las energías de origen renovable, entendiendo que la
energía es un medio y no un fin en sí mismo y, por lo tanto, debe gestionarse
para proporcionar confort y generar progreso económico y social con unos costes
razonables y transparentes, cuya perspectiva no se agote en el horizonte anual
de unos presupuesto generales, sino en una planificación a largo plazo que
contemple la sostenibilidad, la seguridad y el bienestar de las generaciones
futuras.
No podemos olvidar que quienes nos reclaman 24.000 millones en forma de
déficit de tarifa han obtenido en los tres últimos años unos beneficios
contables de 21.991 millones. Y esto en la peor de las crisis del mundo
capitalista y mientras los españoles hemos visto incrementar en un 63% el
recibo de la luz desde el año 2006.
Marcel Félix de San
Andrés
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