LAS MISERIAS DEMOCRÁTICAS DE NUESTRA LEY ELECTORAL

Las Cortes Generales han quedado constituidas este 13 de diciembre, si no en fraude de ley, sí en fraude democrático. Sencillamente porque no representan la voluntad popular; o toda la voluntad popular.

En contra de lo que se ha predicado con anodina insistencia, el votar es un derecho, y solo un derecho; no una obligación. Y el hecho de acudir dócilmente cada cuatro años a las urnas no debiera conferir más derechos que optar libremente por otra de las varias opciones, igualmente legítimas, como es la abstención. Sin embargo, a unos y otros ciudadanos no se les otorga igualdad de derechos. Los abstencionistas son condenados al ostracismo ideológico, como ciudadanos sin entidad ni identidad, como seres abúlicos y asociales. Y como tales son ignorados en el Parlamento

¿Alguien puede sostener con honestidad intelectual que los 9,71 millones de personas que se abstuvieron el 20 de noviembre responden a ese estereotipo? Sería muy interesante desde el punto de vista sociológico conocer cuantas de esas personas “ejercieron su derecho a la abstención” de manera consciente y comprometida porque ninguna de las propuestas electorales se ajustaba a sus convicciones políticos, o sencillamente consideran que la política está al servicio de intereses bastardos, y cuantas de las personas que “ejercieron su derecho al voto” lo hicieron, también de manera consciente, con conocimiento real de los postulados programáticos del partido al que votaron.

No debiera pasar desapercibido el hecho de que más de la cuarta parte de la población con derecho a voto -un 28,31% exactamente- han optado por la abstención. Y el derecho de esos ciudadanos a ser “no representados” en el Congreso ha sido vulnerado, sigue siendo vulnerado sistemáticamente por una carta de derechos fundamentales que adolece de rigor en su propia esencia.

Si un concejal en un ayuntamiento, un diputado en el Congreso o un senador en el Senado puede abstenerse legítimamente cuando vota, y su voto computa con el mismo valor que cualquiera de las otras opciones, no se entiende que la abstención de un ciudadano no tenga el mismo valor en unas elecciones generales, autonómicas o locales.

Esta tropelía lleva a que en el Parlamento sólo estén representados los ciudadanos que votan, siendo condenados al ostracismo los que con su “no voto” rechazan unas prácticas políticas que, con acierto o sin él, consideran perversas para el devenir de la coletividad. O que simplemente “no están por la labor”.

La toma en consideración o no de los que optan por no acudir a las urnas no es un asunto baladí. La abstención fue la segunda opción con mayor ‘respaldo’ el pasado 20N de entre las legítimamente posibles. Si estos electores de derecho tuvieran su “no representación” en el Congreso, hoy habría, ‘grosso modo’ e ignorando la maléfica ley D’Hont, 99 escaños vacíos. Evidentemente este es un cálculo un poco burdo, a modo de “la contribución de Chueca”. Pero tomemos como referencia los resultados en Castilla La Mancha: Si se hubiera tenido en cuenta la abstención en el reparto de escaños, el PP, en lugar de 14 habría obtenido 9, y el PSOE en lugar de 7 habría obtenido 6. Y si en Cuenca a la abstención se le uniera el voto en blanco, el Partido Popular perdería aún un escaño más.

No se trata aquí de defender ninguna de las opciones posibles ante las urnas. Se trata simplemente de significar la trascendencia que tiene el ignorar a los que se abstienen: Hoy el PP no tendría mayoría absoluta, con lo que ello significa para la acción de gobierno durante la legislatura.

Rajoy mantendría, seguramente, el mismo rostro hierático; pero no sólo miraría a Bruselas y Berlín.