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LOS TROPIEZOS JUDICIALES DE COSPEDAL


Primero fue el incendio de Guadalajara, donde María Dolores Cospedal pretendió meter en la cárcel a altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha; la Audiencia alcarreña tumbó sus pretensiones. Más tarde lo intentó con José Bono, y el Tribunal Supremo desmontó una por una sus intenciones y las del Grupo Intereconomia. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción advierte a la presidenta del Gobierno castellano-manchego y al PP, que Juan Pedro Hernández Moltó, a quien denunciaron por estafa, no se ha enriquecido en CCM, aunque el caso sigue en la Audiencia Nacional.
No hay estafa. No hay pruebas. No hay nada de nada de lo que María Dolores Cospedal pretendía cuando ordenó al Partido Popular llevar a los tribunales al ex presidente de la desaparecida Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó. Así, al menos, lo cree la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido a la Audiencia Nacional que archive parte del proceso penal contra Moltó, a quien la secretaria general del PP acusó de estafa.
Y no lo dice solo la Fiscalía. También la Guardia Civil avala la decisión fiscal al sostener que “después de la investigación efectuada, y con los datos disponibles, no se han detectado indicios de patrimonio oculto respecto de ninguno de los dos imputados”. O lo que es lo mismo: Juan Pedro Hernández Moltó no se enriqueció con Caja Castilla-La Mancha, primera entidad de ahorro intervenida en esta crisis.
Tan contundente es el informe de la Guardia Civil y tan claras las propuestas de la Fiscalía, que el abogado de Juan Pedro Hernández Moltó, tras comprobar que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha levantado el secreto del sumario, pedirá “en el momento procesal oportuno el archivo de la causa” abierta contra el ex presidente de CCM. José Ángel González Franco mantiene también que,  “ya que las investigaciones han concluido que no existe una administración fraudulenta con ánimo de lucro”, se cae por su propio peso las imputaciones del PP, aunque no es menos cierto que el resto de la causa sigue su recorrido, pero también es obvio que el caso está más cerca del archivo que de la apertura de juicio.
Por el contrario, el abogado de la acusación particular ejercida por seis antiguos representantes del PP en la asamblea de Caja Castilla-La Mancha y siempre a instancias de su secretaria general, Ignacio Gordillo, se ha limitado a señalar que todavía no se les ha comunicado el levantamiento del secreto de sumario. Cabe preguntarse también si los populares celebrarán o no la comisión de investigación en el Parlamento manchego que hasta en ocho ocasiones solicitaron cuando eran oposición. Todo parece indicar que no se llevará a cabo.
Sea como sea, lo cierto de todo este asunto es que a María Dolores Cospedal no se le dan bien los tribunales. Será porque no elige bien a sus abogados, o porque sus denuncias carecen de fundamento. El caso es que la Justicia ha corregido hasta en tres ocasiones sus propósitos. Primero quiso meter en la cárcel a altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha por el incendio de Guadalajara, que llevó a la Audiencia provincial a dictar un auto exculpatorio. Más tarde, con la ineludible compañía del Grupo Intereconomia, quiso llevar a José Bono ante el banquillo de los acusados por enriquecimiento ilícito, supuestas intenciones que el Tribunal Supremo ha tirado una y otra vez. Y ahora, llega la Fiscalía Anticorrupción y le dice que Moltó está más limpio que la patena en cuanto a estafa se refiere.
¿Tendría la misma suerte si el implicado fuera Nacho López del Hierro?

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